Catalina Madueño valora la concesión de casi 800.000€ a "Smurfit"

La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha valorado la concesión definitiva de casi 800.000 euros a la papelera Smurfit de Mengíbar en subvenciones relativas al mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero correspondientes al año 2020.

"Supone un respaldo importante para esta industria en la que la electricidad es una factor primordial para su actividad, ya que fundamentalmente, se dedica a la transformación de materias primas, y, por tanto, requiere una mayor cantidad de mano de obra y de energías que otros sectores", ha explicado Madueño, tras conocer la resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La subdelegada ha asegurado que estas ayuda concedidas a Smurfit Kappa se enmarcan en un mecanismo diseñado por la Secretaría General de Industria y Pyme, encaminado a mejorar la competitividad de determinadas empresas que están expuestas a un riesgo significativo de "fuga de carbono".

En total, esta semana se ha adjudicado de manera definitiva 179 millones de euros en subvenciones relativas al mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero correspondientes a 2020.

Papelera Smurfit Kappa.

Finalmente, se han aprobado 210 solicitudes correspondientes a 170 empresas, algunas con varias instalaciones y se ha atendido el 93 por ciento de las ayudas solicitadas. El plazo previsto para el pago de las ayudas es el mes de diciembre.

"Este instrumento permite a las empresas, como la fábrica que el grupo Smurfit Kappa tiene en Mengíbar, mejorar el impacto de los costes relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, repercutidos en los precios de la electricidad", ha dicho Madueño.

La subdelegada ha puesto de manifiesto que las ayudas muestran el compromiso del Gobierno de España con los sectores industriales. "Son un instrumento eficaz para mejorar su competitividad, reforzar sus capacidades industriales y el empleo en un momento donde es necesario aumentar el peso de la industria para acelerar la recuperación económica y social tras la pandemia", ha explicado.

Al respecto, la máxima representante del Ejecutivo en la provincia ha señalado en un comunicado que la competitividad de la gran industria es una de las prioridades de la agenda del Gobierno, además de garantizar un precio de la energía competitivo.

Por ello, para minimizar el impacto que la subida del precio energético está teniendo en la gran industria, el Gobierno ha intervenido en los tres componentes de la factura eléctrica. La parte fiscal, con la bajada del IVA y la suspensión temporal del impuesto especial a la electricidad, lo que supone una reducción del 60 por ciento de la factura.

Se ha actuado en los costes fijos del sistema, compensando los cargos asociados a las renovables y las ayudas extrapeninsulares, con carácter permanente ya que es uno de los instrumentos recogidos en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Además, se ha actuado en el componente energético relativo a la tarifa eléctrica a través de distintos mecanismos.

Al respecto, ha asegurado que este mecanismo de la Secretaría General de Industria y Pyme ha movilizado 266 millones de euros, que han beneficiado a 177 empresas en todo el territorio. Una de esas industrias es la factoría que el grupo Smurfit Kappa tiene en Mengíbar, que ha recibido 821.272,83 euros en las convocatorias de los años 2018 Y 2018, más los casi 800.000 correspondientes a este ejercicio.

La máxima representante del Gobierno en la provincia ha hecho también referencia a la puesta en marcha por parte del Ejecutivo de otras medidas de apoyo al sector industrial, como el Real Decreto el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos.

Este Real Decreto dota a determinadas empresas industriales, en concreto a aquellas para las que el coste del suministro eléctrico resulta especialmente crítico, de un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre de los costes energéticos y mejora su competitividad internacional.

"Es un instrumento de política industrial con el que el Gobierno de España mejora la competitividad de la gran industria y favorece la inversión industrial al contar las empresas, por primera vez, de un marco normativo de reconocimiento a estos consumidores, con nuevos instrumentos que ofrecen mayor estabilidad, seguridad y certidumbre del precio de la energía", ha concluido Madueño.