Oya: "Los letrados tenían 726 horas extra y es mi obligación controlarlo"

"Se está atentando contra mi honor personal diciendo que estoy acosando a los letrados, cuando yo no estoy acosando a nadie, yo estoy cumpliendo mi trabajo y mi obligación, y el día que no lo haga me voy a casa". Así ha respondido este lunes Vicente Oya, concejal de Control de Empresas Concesionarias, Asesoría Jurídica y Turismo a las declaraciones de los letrados del servicio jurídico del Ayuntamiento, que denunciaron una campaña de “acoso y desprestigio” que venía sufriendo por parte del también teniente alcalde.

Unas declaraciones que, para el concejal, se han podido producir debido a que "quizás han pensado que pueden perder unos privilegios que hasta ahora han tenido", en relación con con las horas extraordinarias realizadas y cobradas por parte de los letrados del servicio jurídico. 

Tal y como ha relatado Oya, el conflicto arrancó en octubre de 2023, cuando descubrió que desde 2021 a 2023 existían 17 procedimientos personales de los letrados del servicio jurídico contra el Ayuntamiento pidiendo el abono de las horas extra realizadas durante el año, en el que la defensa y decisión del Consistorio la hacían los propios letrados como servicio jurídico. "Existe un conflicto de intereses que hace que sean incompatibles", ha añadido.

Por ello, el concejal ha asegurado que pidió ver las horas y descubrió que uno de los tres letrados que componen el servicio realizó y cobró 726 horas extraordinarias en 20 meses, mientras que otro hizo 585 horas extra en 14 meses. "Cuando el número máximo de horas extra son 80", ha recalcado.

"Ante eso, mi obligación es controlarlo los gastos porque el Ayuntamiento no está para fiestas y es cuando se inicia el problema", ha añadido durante la comparecencia. 

Tal y como ha indicado, el problema se produce cuando les reclama a los trabajadores que cualquier hora extraordinaria la soliciten previamente, "en vez de autorizárselas ellos mismos, firmárselas y cobrarlas, porque no puedo aguantar esa forma de actuar".

"En ningún momento me he metido ni he controlado ni he influido en ninguna actuación que los letrados han efectuado en defensa del Ayuntamiento, pero he hecho un control interno de los procedimientos que ellos mismos han llevado contra el Ayuntamiento", ha asegurado.

Además, ha añadido: "Yo no digo que no tengan derecho a cobrar esas horas, no entro ahí. Pero deberían haberse inhibido por conflicto de intereses porque así lo marca el código deontológico de la Abogacía".

Ante esta situación, los letrados han mantenido una reunión con el alcalde en busca de una solución al conflicto de intereses y Oya sigue con el control de ese servicio, "notificando por escrito todo lo que voy requiriendo y haciendo un control de los distintos expedientes que se van dando".

"Hay una cosa que sí me preocupaba mucho: es lo que se está hablando de que vayamos a externalizar el servicio, porque no existe voluntad ni se ha estudiado ni comentado. Ahora sí, en los pleitos de estos letrados que son a título personal, tendremos que buscar a unos letrados que defiendan al Ayuntamiento mediante un contrato menor", ha añadido.

Medidas cautelares

Esta situación provocó en su día que uno de los letrados pidiera al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Jaén medidas cautelares de forma “urgente e inaudita”, que el pasado mes de diciembre fue desplazado de su puesto de trabajo según la resolución de fecha 22 de diciembre de 2023, del 2º teniente de alcalde delegado del Área de Recursos Humanos, cuatro días después de la carta remitida por los letrados municipales al alcalde de Jaén planteando sus quejas.

Según el escrito al que tuvo acceso EXTRA JAÉN, el juez dejó sin efecto la resolución, tal y como había reclamado el letrado municipal, si bien no entró en el fondo de la cuestión y citó a las partes a una comparecencia el 11 de enero.

En la actualidad el servicio jurídico del Ayuntamiento de Jaén cuenta con tres letrados, por lo que se consideraba que apartar a uno de ellos tendría un efecto muy negativo para los intereses municipales. El año pasado, según las fuentes consultadas por este periódico, el Consistorio actuó en 500 juicios de toda índole, desde laborales hasta de servicios financieros.

Además, el 18 de diciembre, los letrados del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Jaén registraron un escrito para el alcalde de la ciudad, Agustín González, denunciando la campaña de “acoso y desprestigio” que venía sufriendo, según ellos, por parte del teniente de alcalde Vicente Oya.

La carta, a la que también tuvo acceso este periódico, acusaba al concejal, decano emérito del Colegio de Abogados de Jaén, de ejercer “un claro ejercicio de deslealtad hacia la delegación que ostenta y que se viene materializando a través de comentarios despectivos y ofensivos hacia el Servicio en general y hacia sus letrados en particular”.

Y aludían en la carta a la “creación de dossiers sobre los letrados sin base o motivo alguno, solicitando expedientes de carácter personal relativos a procedimientos judiciales en los que hemos sido parte en defensa de nuestros derechos reconocidos tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el 'TREBEP, retirada injustificada del teletrabajo a uno de los letrados.

Además, como último hito, recalcaban la proposición de traslado de uno de los letrados a otro servicio, sin motivo alguno, sin consultar con el Jefe de la Asesoría ni con el propio interesado y sin tener en cuenta los señalamientos asignados a dicho letrado y los procedimientos que actualmente se encuentran bajo su responsabilidad”.

La carta concluía: “Los Letrados de este Servicio hemos solicitado al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, la revocación inmediata de la delegación en materia de Asesoría Jurídica al Sr. Oya Amate”.

Tras esto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Jaén notificó a las partes tras la vista del 11 de enero que mantiene las medida cautelares urgentes solicitadas por uno de los tres letrados del servicio jurídico del Ayuntamiento de Jaén.

En el auto, al que tuvo acceso EXTRA JAÉN, el juez aseguraba que “sin discutir la potestad de autorganización de la Administración pública, no se puede vestir a un santo para desvestir a otro”.

Y afirmó: “Que de no mantener la medida cautelar, se crearían situaciones jurídicas irreversibles ante la dificultad de hacerse cargo, sólo dos letrados, de la cantidad de procedimientos en tramitación y provocando, con ello, que se tengan que suspender muchos y otras faltas de atención necesarias para resolver los conflictos en que los que sea parte la corporación local demandada, originando finalmente no sólo descrédito, sino una falta de ingresos en las arcas públicas, tan necesarias como están de recursos económicos, y si a ello añadimos el argumento esgrimido por el letrado de la parte demandada, acerca de la posibilidad de externalización del servicio, ello supondría un endeudamiento mayor de las arcas municipales”.

El auto de la semana paasda informaba de que cabía interponer recurso de apelación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el plazo improrrogable de quince días.