Zarrías y Vallejo son dos políticos honorables

Si el Tribunal Supremo ratifica la mayoría de las severísimas condenas dictadas por la Audiencia de Sevilla contra 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza política de los ERE, podrá afirmarse que se ha aplicado la ley pero no que se ha hecho justicia. En los estados de derecho la ley y la justicia suelen pertenecer al mismo país, pero en ocasiones están separadas por una frontera tan brumosa y sutil que no siempre es fácil saber en cuál de los dos territorios se está.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo dejó visto ayer para sentencia el caso de los ERE, tras escuchar durante dos días a acusaciones y defensas exponer resumidamente los argumentos ya desplegados por extenso en sus escritos. No hubo, en lo esencial, ningún elemento nuevo en las exposiciones. La sentencia se dictará tras las elecciones del 19 de junio.

Las acusaciones pública y popular ha reiterado que se ideó un sistema de concesión de ayudas sociolaborales deliberadamente ilegal y pensado para esquivar cualquier tipo de control, mientras que las defensas han sostenido que no hubo tal cosa y que la sentencia que condenó a sus clientes es arbitraria, injusta, contradictoria y sustentada en conjeturas y no en pruebas.

Entre los condenados hay, como es bien sabido, dos políticos relevantes de Jaén: Gaspar Zarrías y Francisco Vallejo. La condena al primero es a nueve años de inhabilitación por prevaricación y la del segundo al doble de años de inhabilitación pero también a ¡siete años de prisión!

Recalcaba el fiscal en su intervención que “ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron ni uno solo de los requisitos” exigidos para la concesión de ayudas. Olvidaba, sin embargo, el portavoz del Ministerio Público estas palabras que escribía el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro cuando imputó al entonces senador José Antonio Griñán por prevaricación pero descartó la malversación:

“Ha de partirse de la premisa de que un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlo también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada (…) El hecho de que las concesiones de subvenciones por esa cuantía sean nulas por haber infringido el ordenamiento jurídico no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público. Pues una cosa es que se esté ante la concesión ilegal de distintas subvenciones por diferentes cuantías y otra distinta que todas ellas fueran improcedentes”.

La Audiencia de Sevilla, en su sentencia de noviembre de 2019, no tuvo en cuenta este razonamiento de Barreiro. Los condenados que han recurrido en casación confían en que la Sala de lo Penal del Supremo rectifique al tribunal provincial. Zarrías y Vallejo, como la mayoría de ex altos cargos procesados, se sienten como aquel ciudadano K.  de ‘El proceso’, que nunca llegó a saber qué delito había cometido para ser procesado y finalmente condenado.

Ambos son hombres honrados, pero pocas personas ajenas a su círculo más cercano creen ya que lo son. Gaspar Zarrías es uno de los estrategas con más talento que ha tenido Andalucía y Francisco Vallejo uno de los políticos más dotados para dirigir con imaginación y rigor consejerías tan complejas como Salud, Obras Públicas o Innovación. El relato de la acusación, que sustancialmente es el mismo que sostuvo la jueza instructora Mercedes Alaya, los ha convertido es unos tipos listísimos que durante años lograron engañar a la Intervención General, a la Cámara de Cuentas, al Parlamento y a la Prensa, instituciones todas ellas lo bastante estúpidas como para no haber advertido una gigantesca ilegalidad sostenida durante una década.

Es más: el dato singularísimo de tal engaño masivo no es solo que ninguna de esas instituciones sospechara que Zarrías y Vallejo eran unos consumados delincuentes. Lo mejor de todo es que, como el ciudadano K., tampoco ellos mismos tuvieron jamás la más mínima sospecha de serlo. Como diría José Mota: “No digo que me lo mejores: solo iguálamelo”. 

Alguna vez se habrá dicho pero hay que recordarlo: si en la película ‘Ocean’s eleven’ el legendario Danny Ocean urdía el mayor atraco a casinos de la historia de Las Vegas con un equipo de solo 11 hombres, en el caso de los ERE un inverosímil Manuel Chaves habría seguido sus pasos con un equipo de 18 hombres para repartir a su antojo 680 millones de euros que, para más audacia de los delincuentes, estaban consignados en los Presupuestos que cada año aprobaba el Parlamento de Andalucía. Ocean y los suyos al menos se ocultaban; Chaves y su banda ni siquiera eso: al parecer se dedicaron durante diez años a delinquir a la vista de todo el mundo, sin lucro personal alguno para ellos y poniendo además por escrito todas sus fechorías. Danny Ocean y su banda eran unos aficionados comparados con el clan de Chaves y sus muchachos.