Investigan a protectora y dos veterinarios por tráfico ilegal de perros

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Discrepancias', ha investigado a tres personas --dos veterinarios colegiados y la responsable de una protectora de animales-- como presuntos autores de delitos de falsedad documental, apropiación indebida, maltrato animal, coacciones y amenazas.

La investigación se inició al llegar a la Guardia Civil supuestas irregularidades en el funcionamiento de una asociación protectora de animales de la provincia de Jaén que estaba siendo objeto de múltiples denuncias por parte de propietarios de perros que acusaban a la responsable de apropiarse indebidamente de sus animales mediante engaños, amenazas y presiones.

Durante la inspección de las instalaciones, los agentes del Seprona constataron que la protectora carecía de la preceptiva licencia de actividad, así como de la autorización y registro como núcleo zoológico, vulnerando la normativa vigente en materia de protección y sanidad animal.

También se procedió a la revisión documental de los 51 perros alojados en el recinto, detectándose "graves anomalías en la identificación, vacunación y trazabilidad sanitaria" de los animales, ya que 35 de los animales no estaban identificados con microchip.

En varios casos, se confirmó la existencia de denuncias por pérdida o sustracción presentadas por sus legítimos propietarios. Los agentes llevaron a cabo un estudio y análisis cruzado de la documentación aportada como pasaportes europeos, cartillas sanitarias y datos del Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), así como Europetnet --base de datos europea de mascotas identificadas con microchip-.

Furuto de este estudio se evidenciaron "graves incongruencias" como vacunas inoculadas caducadas en el momento de la aplicación o vacunaciones antirrábicas, contra moquillo canino y otras enfermedades que fueron puestas y anotadas con anterioridad a la identificación del animal mediante microchip y expedición de las cartillas.

También había pasaportes que reflejaban las vacunaciones y tratamientos, pero que no eran registrados oficialmente en RAIA. Otra anomalía eran las diferencias entre los números de lotes y fechas de vacunación consignadas en pasaportes y registros oficiales, o tratamientos contra la Echinococcus reflejados en pasaportes con fechas distintas a las anotadas en las fichas clínicas de RAIA.

Algunas de las mascotas estudiadas a pesar de encontrarse en Francia, están dadas de alta en la base de datos Europetnet, y sin embargo no han sido dadas de baja en RAIA, y otras que han sido dadas de baja en RAIA por traslado a Francia, y sin embargo no figuran en Europetnet.

Posteriormente, tras la autorización judicial, se procedió a la extracción de muestras de sangre de varios canes, siendo analizadas en el Laboratorio Central de Sanidad Animal. Los resultados confirmaron que algunos animales no estaban vacunados contra la rabia o lo estaban de forma incorrecta, a pesar de que los mismos habían sido vacunados conforme a sus pasaportes, incumpliendo la legislación vigente en materia de sanidad animal.

La investigación permitió constatar por parte de los agentes, que el destino de los perros residentes en las instalaciones de la asociación investigada sería su exportación al país vecino de Francia, bajo la apariencia de adopciones legales, utilizando para ello el sistema Traces --sistema de control veterinario de movimientos intracomunitarios--.

Las autoridades francesas, en colaboración con las españolas, confirmaron que hasta la fecha se habían realizado, 95 envíos a Francia desde la protectora, con un total de 762 perros transportados. Por cada animal se abonaban cantidades de entre 350 y 400 euros en concepto de tasas de adopción, más un depósito de 500 euros si el animal no estaba esterilizado, lo que habría generado un beneficio de miles de euros.

En la investigación se logró verificar que varios de estos animales habían sido denunciados como desaparecidos en España. Los pasaportes eran expedidos y firmados por dos veterinarios colegiados que, presuntamente, se habrían encargado de alterar documentos oficiales, incluyendo datos de microchip, vacunaciones, desparasitaciones y titularidad, incumpliendo la normativa aplicable. También habrían gestionado de forma fraudulenta la documentación Traces necesaria para el traslado de los animales a territorio francés.

Los hechos descritos y las evidencias recabadas están relacionadas con diversos tratamientos obligatorios y procedimientos veterinarios que, en lugar de ser realizados con la diligencia y el cuidado adecuados, han sido llevados a cabo de manera negligente o deficiente.

Estos hechos, según ha informado la Guardia Civil, suponen "un grave perjuicio para el bienestar animal, además de representar un grave riesgo para la salud pública por la posible introducción y propagación de enfermedades zoonósicas, como la rabia, en territorio nacional y comunitario".

De las actuaciones practicadas se han instruido las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Úbeda (Jaén). Los animales han quedado inmovilizados cautelarmente en las instalaciones de la protectora, a disposición de la autoridad judicial competente.