Piden que se aplique la legítima defensa al jornalero que mató a otro

El Ministerio Fiscal ha pedido que se aplique la legítima defensa y que por tanto se exima de responsabilidad pena al joven que en noviembre de 2021 mató a otro, de 27 años, en una finca de Jaén capital donde ambos estaban trabajando en la campaña de recogida de aceituna. La víctima era el capataz de la cuadrilla, mientras que para el acusado era el primer día de trabajo. Por su parte, la acusación particular, ha pedido que se le condene a 12 años y medio de prisión como autor de un delito de homicidio.

En el escrito de calificación al que ha accedido Europa Press, el Ministerio Público califica los hechos como un delito de homicidio, pero pide que se contemple la eximente de legítima defensa por entender que le propinó el navajazo "con la única intención de defenderse y de que no le volviera a atacar".

Los hechos serán juzgados por un tribunal de jurado el próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Jaén. Según recoge el escrito, el suceso tuvo lugar el 30 de noviembre de 2021, en la finca El Brujuelo, en Jaén capital. Fue sobre las 13,30 horas cuando, a la hora de la comida, un grupo de jornaleros "habían estado jugando tirándose aceitunas" y algunas de ellas alcanzaron a un compatriota del fallecido que se encaró con ellos.

El acusado, según recoge el Ministerio Fiscal, "propinó un puñetazo" a este trabajador que respondió, según el relato de la Fiscalía, sacando una navaja con la que le advirtió que "las cosas no iban a quedar así". El agredido contó lo ocurrido al fallecido y a una tercera persona que "se montaron en un quad y fueron a elevada velocidad hacia donde estaban el acusado y los demás jornaleros sentados y comiendo para pedir explicaciones de la agresión a su amigo".

Relata el fiscal que el fallecido "llevaba consigo un cuchillo jamonero", mientras que los otros dos amigos iban con palos. Fue el fallecido el que, según el Ministerio Público, "propinó un primero golpe al acusado quien se vio en la necesidad de repelar la agresión levantando un brazo contra el que impactó el cuchillo, llegando a romperse la hoja del mismo".

El acusado en el momento de la agresión se encontraba comiendo "con una pequeña navaja en las manos" que acabaría clavando al otro jornalero, "ocasionándole una herida en el hemitórax izquierdo de unos dos centímetros" y que le causó la muerte de forma "casi inmediata".

El fallecido, de nacionalidad marroquí, residía en Jaén con su mujer y un hijo de dos años. El joven participó en los programas de la Fundación Don Bosco Salesianos Social en Jaén, formando parte de una de las primeras generaciones de su proyecto Buzzetti.

En un primer momento el acusado, de 23 años en el momento del suceso, se dio a la fuga, pero a las pocas horas acabó entregándose. Por estos hechos estuvo en prisión preventiva algo menos de un mes hasta que en diciembre de 2021 salió en libertad provisional.

La defensa del acusado, ejercida por el letrado Francisco Gárate, ha venido sosteniendo que su cliente actuó en legítima defensa y también ha pedido que se le aplique la eximente completa de legítima defensa. Por su parte, la acusación particular ejercida por la familia de fallecido ha pedido que se le condene a 12 años y medio de prisión como autor de un delito de homicidio por entender que no hubo legítima defensa.

El abogado de la familia del fallecido, Manuel Gutiérrez, ha recogido en su escrito que el fallecido acudió a donde estaba el acusado para "echarle en cara" su actitud y el puñetazo que supuestamente había propinado a otro jornalero. Según el escrito de la acusación particular, el acusado "le apuñaló en cuanto le tuvo a su alcance".

Sostiene también que el acusado "no tenía lesiones en codo izquierdo, región interescapular derecha ni en el tercio superior de muslo derecho, descartando la existencia de signos de violencia o
defensa", por lo que rechaza que hubiera legítima defensa.

Además, en concepto de responsabilidad civil reclama que se indemnice a la pareja e hijo del fallecido en 200.000 euros, otros 100.000 euros para los hermanos y 150.000 euros para la madre del fallecido.

Será un jurado popular el que finalmente se encargue de emitir el veredicto con el que sentenciar este caso en el que la cuestión central será determinar si el acusado actuó o no en legítima defensa.