El Gobierno busca proteger a 126.000 menores de los entornos digitales

La aprobación del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de menores en entornos digitales por parte del Consejo de Ministros "tendrá un impacto social considerable en la protección de unos 126.000 menores jiennenses", cuyas familias "buscan soluciones para regular las conexiones digitales de sus hijos, entornos que deben estar debidamente protegidos".

Así lo ha destacado el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, en una nota, tras conocer la iniciativa del Consejo de Ministros, que el pasado martes dio luz verde a esta medida, que ahora será remitida al Congreso de los Diputados. Este proyecto "garantizará tanto el acceso equitativo y el uso responsable de las tecnologías como la protección de sus derechos al honor, la imagen, la intimidad y los datos personales".

La norma, presentada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y el Ministerio de Juventud e Infancia, es una iniciativa pionera en Europa, ya que el proyecto prevé la reforma del Código Penal para penalizar tanto los 'deepfakes' (ultrafalsificaciones usando el rostro o cuerpo de una persona sin su consentimiento) de contenido sexual, como el 'grooming' (el engaño a una persona menor utilizando una identidad ficticia, sobre todo en términos de edad), que será un agravante para ciertos delitos sexuales. Se incorpora también la pena de prohibición de acceso o de comunicación en los entornos digitales, que evitará, en gran medida, tanto la revictimización como la reincidencia.

Asimismo, Fernández ha detallado que esta ley "proporciona una solución integral al acceso sin restricciones y sin control de los menores a las redes sociales y al entorno digital, lo que a veces resulta en la exposición a contenidos inapropiados para su edad, como la pornografía o la violencia de cualquier tipo".

En este sentido, ha añadido que "el Gobierno de España actúa de manera responsable para proteger los derechos de este colectivo vulnerable, al mismo tiempo que se garantiza la protección integral sin comprometer el derecho a la conexión de los y las menores. El Ejecutivo de Pedro Sánchez pone, una vez más, a la infancia y la juventud en el centro de sus políticas, reconociendo la necesidad de apoyo que este grupo requiere del Estado para garantizar sus derechos, libertades y su futuro".

Además, la redacción de la norma ha tenido en cuenta, entre otros, los informes recabados de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, el Consejo Económico y Social (CES) y el Observatorio de la Infancia.

Igualmente, se ha considerado las memorias realizadas por el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns). Asimismo, se ha consultado a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, a través de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y a las entidades locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Asimismo, la redacción de la norma ha tenido en cuenta, entre otros, los informes recabados de la AEPD, la CNMC, el CGPJ, el Consejo Fiscal, el CES, el Observatorio de la Infancia, el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Cisns. De igual forma, se ha consultado a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla, a través de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y a las entidades locales, a través de la FEMP.

ENTORNOS DIGITALES SEGUROS
La norma reconoce los derechos de las personas menores a ser protegidas eficazmente ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo, la información veraz, a recibir información suficiente y necesaria en una forma y lenguaje apropiado según la edad sobre el uso de las tecnologías y de los riesgos asociados, así como al acceso equitativo y efectivo a dispositivos, conexión y formación para el uso de herramientas digitales. A este respecto, incluye obligaciones para los fabricantes, como incluir sistemas de control parental accesibles y gratuitos, activados por defecto, en los dispositivos digitales.

Además, prohíbe con carácter general el acceso por parte de las personas menores a los mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas ('loot boxes'). En el ámbito educativo, recoge iniciativas de fomento de las competencias digitales y del uso responsable de las tecnologías y prevé que los centros educativos cuenten con una regulación expresa sobre el uso de dispositivos móviles y digitales en el aula, así como en el resto de actividades e instalaciones escolares.

En el ámbito sanitario, la Ley obliga a las administraciones competentes, por ejemplo, a elaborar guías y programas de prevención y promoción de la salud o a desarrollar protocolos de atención específicos ante comportamientos adictivos hacia la tecnología. La norma también impone obligaciones a todos los poderes públicos con la promoción del acceso libre e igualitario al mundo digital y la elaboración de una Estrategia Nacional sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, a cargo del Ministerio de Juventud e Infancia.

Y, por último, ahonda en la protección ante cualquier tipo de violencia de género o sexual en el ámbito digital, al reconocer la condición de víctima y, por tanto, sus derechos y el acceso pleno a los servicios de información y orientación, de acogida y asistencia psicológica, social y jurídica.

REFORMAS LEGISLATIVAS Y OBLIGACIONES A INFLUENCERS
A todo ello, se suma la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales para aumentar la edad de consentimiento para el tratamiento de estos datos, de los 14 a los 16 años; y la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual para imponer obligaciones a los grandes operadores de la comunicación y a los influencers como, por ejemplo, utilizar sistemas de verificación de edad, separar los contenidos que puedan incluir escenas de pornografía o violencia gratuita o a establecer enlaces a los canales de denuncias.

Además de las modificaciones que se incorporan al Código Penal, se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para permitir la intervención judicial a la hora de ejecutar la medida de interrupción de un servicio digital que ofrezca un acceso ilimitado a contenido perjudicial para las personas menores, o la de retirada de dicho contenido.