"Fragmentar proyectos fotovoltaicos es un fraude de ley"
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se ha referido a los proyectos de la campiña norte de Jaén

Foto: E. P.
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha subrayado este lunes en Jaén que fragmentar proyectos, como pueden ser los destinados a la instalación de plantas fotovoltaicas, es "un fraude de ley".
Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas por la polémica en la Campiña jiennense, en poblaciones como Lopera, sobre la autorización en terrenos de olivar de este tipo de proyectos, que afectados han llevado a los tribunales. Critican la declaración de interés público por parte de la Junta que permite expropiar y el hecho de que "se trocean" para no sobrepasar la superficie por la que la declaración de impacto ambiental estaría a cargo del Gobierno de España.
La también vicepresidenta tercera ha asegurado que el Ejecutivo "siempre está del lado de la ley y, en este caso, la ley es muy clara": "El Gobierno es competente en los parques de más de 50 megavatios" y "por debajo" de esta cantidad "es competente la administración autonómica".
"En todo caso, la fragmentación es un fraude de ley. Y, por lo tanto, lo que siempre digo es: cualquier fraude de ley que sea detectado por cualquier sector, pueden ser agricultores, puede ser la sociedad civil, lo que tiene que hacer es denunciarlo y que la ley sea la que dirima si realmente hay fraude de ley", ha afirmado.
Finalmente, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha recalcado que el Gobierno está "a favor del cumplimiento estricto de la ley con las máximas garantías ambientales".
Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Andújar ha abierto diligencias previas tras una denuncia presentada por personas afectadas por los procesos de expropiación en los referidos proyectos en la Campiña jiennense.
La denuncia, respaldada por la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, "señala la posible comisión de delitos contra la flora y fauna, así como de prevaricación ambiental", según este colectivo.