Piden que el impuesto a las almazaras sea sobre su "actividad real"

La Federación Española de Industriales Fabricantes de Aceite de Oliva (INFAOLIVA) ha trasladado al subdelegado del Gobierno en Jaén sus demandas respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas y el perjuicio que este tributo supone para las almazaras industriales al gravarlas durante todo un año por una actividad que, según el cálculo hecho por INFAOLIVA en las últimas cinco campañas, tuvo a las almazaras operativas una media de solo 98,28 días.

Así lo ha destacado la presidenta de la Federación, Lucía Serrano, acompañada por el vicepresidente de la organización empresarial, Emilio Vallejo, y la secretaria general, Ana Martínez, durante la reunión con el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.

En la misma línea, tal y como Serrano ha hecho constar al subdelegado del Gobierno en Jaén, uno de los elementos tributarios que más grava este impuesto es la potencia instalada.

Al respecto, la presidenta de INFAOLIVA ha explicado: “En los últimos años, las almazaras no han dejado de trabajar en pro de la calidad del aceite de oliva, lo que ha supuesto grandes inversiones en nueva y más potente maquinaria, con el fin de poder procesar la aceituna lo antes posible, para evitar pérdida de calidad en la misma y poder además adecuarse a una recolección en el campo cada vez más rápida".

Además, ha indicado: "Esto ha conllevado la disminución en el número de días que las almazaras molturan y un aumento de la potencia instaladas en las mismas, llegando a ser 10 veces superior en campaña que fuera de ella”.

Junto a esto, ha añadido: “Este impuesto llega a suponer casi un 10% de los gastos de molturación en la almazara. El sector industrial almazarero es el único que soporta este tributo en su totalidad, por lo que queremos trasladar a la administración competente lo injusto que consideramos aplicar un impuesto que grava anualmente una actividad que es temporal”.

Al respecto, desde INFAOLIVA se ha solicitado dar carácter definitivo a la medida fiscal temporal adoptada por el Gobierno para reducir la potencia una vez finalizada la campaña, una disposición que, de no ampliarse, expirará el próximo mes de junio.

Para apoyar estas peticiones, el encuentro de trabajo también ha contado con la participación del presidente de la CEJ, Bartolomé González, y el secretario general, Mario Azañón.