Los Presupuestos Generales del Estado para el 2023 contienen un mensaje muy claro para los jiennenses: el Estado central se desentiende de la provincia de Jaén. La cantidad asignada a Jaén en los PGE (69,1 M€) es tan ridícula (la penúltima más baja de todo el Estado) que ni siquiera atiende al mantenimiento de lo existente. Ausencia de inversiones en infraestructuras viarias y de ferrocarril, que desde hace décadas lastran nuestro presente e impiden nuestro futuro. Realmente se trata de una desinversión continuada en el tiempo por parte del Estado central. La Provincia de Jaén no existe para él, ni para los Gobiernos de España. Así se puede comprobar año tras año en los sucesivos PGE, con gobiernos de un signo y de otro.
Territorio, población y poder son los tres elementos que definen al Estado. Respecto a la Provincia de Jaén, la relación del poder (Estado) con la población (jiennense) en un Estado de Derecho sigue siendo formalmente la de sujetos de Derecho. Sin embargo, la relación del Estado (central) con el territorio (de nuestra provincia) es prácticamente inexistente desde el punto de vista de la justicia material (falta de inversiones –desinversión- básicas para nuestro desarrollo), reducida a la mera sujeción formal por aquél. Y, en este sentido, los PGE son un atentado contra el territorio de Jaén.
Ahora bien, en el Estado democrático de Derecho, y más en el Estado social y democrático de Derecho, el territorio modula el ejercicio de los derechos de las personas. Los derechos y las libertades fundamentales de la gente, reconocidas por la Constitución y la legislación ordinaria, habitualmente se ejercitan en el soporte de un territorio: aquel donde se desarrolla la vida de la población (jiennense). Lógicamente, es imposible ejercer los derechos en el aire, porque los derechos para su implementación y eficacia a favor de sus destinatarios necesitan de ese soporte territorial. Y claro está, si el territorio, tal como ocurre con la Provincia de Jaén, se encuentra expulsado desde hace tiempo de los circuitos de decisión del Estado central y ha dejado de ser destinatario de la justicia material de aquel desde hace décadas, eso afecta sin más remedio a la eficacia, cumplimiento y satisfacción de los derechos de los habitantes que en él residen.
Un territorio con esas circunstancias se va a caracterizar antes o después por la desigualdad (territorial). Y la desigualdad, mata, tal como afirma el Profesor Göran Therborn. Y también genera discriminación (territorial) y una cultura de la exclusión. Si la población (jiennense) tiene que realizar y tratar de satisfacer sus derechos en ese contexto territorial de desigualdad, de fuerte discriminación y de exclusión (como es hoy en día la Provincia de Jaén), se entenderá fácilmente que la efectividad, cumplimiento y satisfacción de esos derechos y libertades va a quedar afectada, obstaculizada y finalmente mermada.
Si esa merma no es coyuntural y se enquista en el tiempo (tal como ocurre desde hace décadas en el territorio de Jaén), la discriminación territorial genera discriminación continuada en el cumplimiento de los derechos de la población (situación actual de los jiennenses). Cuando esto ocurre así, ya no se puede hablar que los jiennenses se encuentren en una posición fáctica de sujetos de pleno derecho a la hora de disfrutar de sus derechos constitucionales y legales.
En definitiva, la desigualdad y la discriminación territorial en relación a las condiciones básicas para el desarrollo colectivo constituyen un obstáculo serio para el cumplimiento e implementación de los derechos individuales de los jiennenses. Pues bien, este tipo de relación ente el poder (Estado central), la población (jiennenses) y el territorio (de Jaén), en la que el Estado central se ha desentendido del territorio desde hace décadas y aplica una desinversión continuada, genera tan baja calidad democrática en dicho territorio y para con sus habitantes que se acerca cada vez más a un trato seudo-colonial hacia la provincia de Jaén por parte del Estado central. Estado central, cada vez más lejano y remoto para los jiennenses, y cuyo comportamiento se va aproximando también cada vez más al de una metrópolis con nuestra tierra.
Esta es la razón por la que el equilibrio territorial es (y debe ser), junto a otros, un principio co-definidor e identificador del Estado de Derecho en nuestro tiempo, y mucho más aun, del Estado social y democrático de Derecho si lo miramos desde la óptica de la calidad democrática. Así está establecido en la Constitución Española de 1978 y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007. Pero, parece que las élites políticas de Madrid y de Sevilla hacen caso omiso a la ley del Estado de Derecho.