Polémica en las oposiciones de Estética de Formación Profesional

Un grupo de aspirantes presentados por el Tribunal nº 4 de la especialidad de Estética, perteneciente al Cuerpo 598 (Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional), ha hecho públicas varias incidencias registradas durante las pruebas selectivas celebradas en Granada, dentro del proceso convocado por la Junta de Andalucía mediante la Orden de 20 de febrero de 2026. Los opositores reclaman que la Administración competente compruebe los hechos y depure, si procede, las responsabilidades que correspondan, al entender que se han visto comprometidos los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia que deben regir cualquier proceso selectivo.

En Jaén, donde el proceso selectivo de varias especialidades continúa su calendario en las próximas semanas, distintos opositores consultados por este medio reconocen una inquietud creciente ante la posibilidad de que se reproduzcan incidencias similares a las relatadas en Granada, especialmente en lo relativo al trato desigual ante incidentes con dispositivos móviles, la transparencia de las rúbricas de corrección y la exigencia de material y modelos propios en las pruebas prácticas. Varios de ellos apuntan a que la falta de protocolos homogéneos entre tribunales de distintas provincias es, precisamente, la raíz de buena parte de las quejas que se han ido acumulando a lo largo de esta convocatoria.

Según relatan los firmantes del escrito al que ha tenido acceso EXTRA JAÉN, en el acto de presentación celebrado el 20 de junio en Granada, el tribunal advirtió reiteradamente de que el uso o el simple sonido de un teléfono móvil conllevaría la exclusión inmediata del proceso. Sin embargo, transcurridos unos 45 minutos desde el inicio de la prueba escrita, el teléfono de una aspirante sonó y, según los denunciantes, la presidenta del tribunal le permitió levantarse, recoger el dispositivo, manipularlo y volver a su asiento sin mayores consecuencias. La aspirante, afirman, no fue excluida y ha superado todas las fases del proceso, obteniendo finalmente una de las plazas convocadas. Los promotores de la denuncia aseguran contar con declaraciones responsables firmadas por varios opositores que presenciaron los hechos.

La corrección de la prueba teórica es otro de los focos de la queja. Los aspirantes sostienen que en las rúbricas entregadas solo figuran cuatro calificaciones, pese a que el tribunal está compuesto por cinco miembros. A ello suman puntuaciones que consideran difíciles de interpretar, con diferencias notables entre apartados y una falta de concreción en varios criterios. Los denunciantes insisten en que no cuestionan la discrecionalidad técnica del tribunal, pero sí exigen que la evaluación sea verificable y comprensible para quienes se presentan.

Material propio, modelos reales y jornadas de ocho horas

Las pruebas prácticas, que se prolongaron en jornadas de en torno a ocho horas con solo media hora de descanso, exigieron a los propios opositores aportar todo el material, los productos y la aparatología necesarios, además de modelos reales para cada ejercicio. Los afectados calculan que esa exigencia ha supuesto, en muchos casos, un desembolso de varios miles de euros, a lo que se añaden el transporte y el montaje del equipamiento. Durante esas jornadas, según el escrito, se penalizó a aspirantes cuyo modelo recibió una llamada que hizo vibrar el móvil sin que nadie lo manipulara, un trato que contrastaría con la permisividad mostrada durante la prueba escrita. También denuncian que en algunos casos el tribunal impidió recoger material personal ya preparado, obligando a emplear el material de la sede, que consideran insuficiente para ejecutar la técnica exigida. Varios opositores afirman además que uno de los miembros del tribunal no estuvo presente de forma continuada durante ciertas pruebas prácticas, pese a que su evaluación figura después en las calificaciones publicadas, por lo que piden que la Administración verifique la participación efectiva de todo el tribunal.

Los ejercicios prácticos se asignaron mediante sobres vinculados de antemano a cada jornada —el sobre 1 el primer día, el sobre 2 el segundo, y así sucesivamente— sin que mediara un sorteo público entre los sobres disponibles, algo que los aspirantes creen que resta garantías de objetividad y confidencialidad al procedimiento. El colectivo también traslada la situación de varios opositores con discapacidad, informados del cambio de tribunal con apenas 48 horas de antelación, lo que les obligó a reorganizar en muy poco tiempo desplazamientos entre provincias, alojamiento, transporte de materiales y disponibilidad de modelos.

Resto de Andalucía

El malestar de los opositores de Estética en Granada no es un episodio aislado dentro de la convocatoria docente andaluza de 2026. En Huelva capital, aspirantes de varias especialidades han cuestionado la invalidación de ejercicios y la exclusión del proceso por errores materiales que, a su juicio, deberían acarrear una penalización proporcionada y no la pérdida completa de la prueba. La propia Administración autonómica tuvo que publicar una corrección de errores sobre la composición de tribunales que afectó, entre otras especialidades, a Estética, además de a Dibujo, Informática, Saxofón y Cocina y Pastelería, con modificaciones tanto en la composición de determinados tribunales como en la adscripción del personal aspirante.

El proceso llega, además, marcado por precedentes recientes: colectivos de opositores e interinos ya habían denunciado en convocatorias anteriores fallos en la plataforma digital de la Junta para subir programaciones y méritos, la falta de copias de examen en algunos tribunales (lo que obligó a retrasar el inicio de las pruebas durante horas en provincias como Málaga o Almería) y situaciones especialmente delicadas para aspirantes con necesidades específicas. La Justicia andaluza, de hecho, ha anulado en el pasado convocatorias de otras especialidades docentes por irregularidades similares, entre ellas la división de la prueba en días distintos según el apellido del aspirante o la falta de publicación previa de los criterios de corrección.

Los firmantes del escrito insisten en que no pretenden cuestionar la profesionalidad del tribunal granadino ni el nivel de exigencia propio de una oposición. Piden, en cambio, que todos los aspirantes sean tratados bajo los mismos criterios, que las normas se apliquen de manera uniforme y que los procedimientos de evaluación resulten lo más objetivos y transparentes posible. Reclaman a la Junta de Andalucía que investigue las incidencias denunciadas, garantice la igualdad de trato entre todo el alumnado opositor y valore la adopción de medidas que refuercen la transparencia y la seguridad jurídica de futuras convocatorias, en la convicción de que el acceso a la función pública docente debe regirse por los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, objetividad y transparencia.