Critican a la Junta por "perpetuar la precariedad" en Salud Responde

CSIF denuncia la situación, con la concesión del servicio a una nueva empresa desde el 1 de febrero

 Salud Responde

Foto: EXTRA JAÉN.

Durante la visita a Jaén, donde se encuentra la sede física de Salud Responde.

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, Germán Girela, ha criticado a la Junta de Andalucía por "perpetuar la precariedad del personal de Salud Responde" a través de la concesión de este servicio telefónico "esencial" a una nueva empresa que se hará cargo de su gestión a partir del próximo 1 de febrero. Ha sido durante una visita realizada a la capital, donde se encuentra la sede física de Salud Responde y desde donde se presta este servicio a toda la Comunidad Autónoma.

Ha puesto de relieve que el pliego de condiciones de la nueva empresa --la tercera concesionaria desde que se puso en marcha Salud Responde en 2003-- continúa planteando unas "condiciones laborales penosas" para "gran parte" de la plantilla.





El responsable sindical, que ha estado acompañado por la presidenta de CSIF Jaén, Antonia Ibáñez, y por el presidente del comité de empresa, Carlos Abellán, ha señalado que de las 206 personas que hay en plantilla actualmente, 107 tienen contrato a jornada completa (el 52 por ciento), 33 (el 16 por ciento) tienen un contrato de entre 30 y 39 horas, 14 (6,8 por ciento) cuentan con un contrato que oscila entre 20 y 30 horas y 52 (25,24 por ciento) están a menos de 20 horas.

"Esto quiere decir que más de una cuarta parte de la plantilla no está contratada ni siquiera a media jornada, con lo que ello supone de precariedad y de falta de calidad en el empleo", ha detallado.

Asimismo, ha explicado que el pliego de condiciones actual bajo el que desarrollará su actividad la nueva empresa gestora incluye 275.612,41 horas anuales de servicios de operaciones (atención de llamadas de la ciudadanía), "cuando en pliegos anteriores, que datan de la etapa pre pandemia, se llegaba a las 300.000 horas anuales".

Para Girela, "resulta inconcebible que ahora se tengan menos horas anuales que antes de la covid-19".

CSIF ha pedido a la Administración que, "como mínimo, incremente en 30.000 el número de horas anuales recogidas en el pliego, con lo que se conseguiría que la mitad de la plantilla tuviera, al menos, un contrato a media jornada (20 horas)".



Según los cálculos del sindicato, ello es "perfectamente factible" porque, sólo en el mes de enero la Junta va a tener que abonar 30.000 horas adicionales, que se realizan a través de personal integrado en la bolsa de Salud Responde.

Girela ha lamentado que "durante las concesiones de Salud Responde a las dos anteriores empresas, Qualytel primero e Ilunion después, la actitud de la Junta de Andalucía, a quien corresponde supervisar y velar por el buen desarrollo de este servicio, ha sido la de "pasividad e inacción ante lo que ha sido una flagrante precariedad laboral sobre la que se sustenta un servicio básico".

"Ahora, a juzgar por el pliego que regirá la prestación de este servicio a partir del 1 de febrero con la nueva empresa, no parece que se vaya a dar un salto de calidad en el empleo, sino todo lo contrario", ha añadido.

El presidente de CSIF-A ha destacado la "encomiable" labor que han realizado los trabajadores y trabajadoras de Salud Responde durante toda la pandemia, así como a la "enorme" carga de trabajo que han soportado durante "momentos punta".

Ha recordado que "cuando Salud Responde no responde se crea un efecto dominó que afecta de lleno a la Atención Primaria y a las urgencias hospitalarias, cuya situación actual de colapso conocemos todos".

Girela ha reclamado para los trabajadores de la plantilla de Salud Responde "unas condiciones laborales dignas y que se les saque del convenio de Telemarketing, porque su labor no se ajusta en absoluto a él". De hecho, el sindicato demanda que se cree un convenio específico para este colectivo por sus especiales características y su condición de servicio esencial.

Además, ha abogado por "que se rescate desde lo público este servicio esencial si no se modifican sustancialmente la situación laboral que viven estos trabajadores".

Concluye: "El 1 de febrero arranca la gestión del servicio por parte de la nueva empresa y vamos a estar vigilantes para que la Junta no siga mirando para otro lado y consistiendo una precariedad laboral manifiesta como la que soportan estos trabajadores".