Jaén recoge diez casos de acoso a docentes en el último curso

Jaén ha recogido en el pasado curso escolar diez casos de acoso a profesores por parte de alumnos, de familiares de estos mismos o de compañeros del propio ámbito laboral. Es lo que se desprende del informe anual de El Defensor del Profesor relativo a la violencia sufrida por los docentes de la enseñanza pública, presentado este jueves por el sindicato de profesorado ANPE.

En toda la comunidad autonómica se atendieron 179 casos durante el curso 2021-22, 15 más que en el curso anterior. La cifra que acumula la provincia jiennense es el más bajo de toda Andalucía, a la que sigue Huelva, tal y como han señalado durante la presentación de la memoria anual los responsables de ANPE. Por su parte, Sevilla, Málaga y Cádiz ocupan los puestos más altos, en gran medida originado por su mayor censo de profesorado y el incremento de los casos.

De los incidentes recogidos a nivel autonómico, un 9% corresponde al nivel de Educación Infantil, un 40% a la Educación Primaria, un 41% a la Enseñanza Secundaria, un 2% a los Ciclos Formativos y un 8% a Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas y de Idiomas. 

Los datos recabados por los profesionales muestran que cada vez existe más complejidad en los casos atendidos, en los que confluyen factores de diversa índole como el estado anímico, el síndrome del profesor quemado, sobrecarga burocrática y lectiva, ratios elevadas, atención a alumnado con necesidades educativas especiales o continuas modificaciones de la legislación de referencia.

Según el sector de la comunidad educativa al que pertenecen las personas que originan el conflicto, la memoria de El Defensor del Profesor diferencia entre alumnado, donde destacan las faltas de respeto y falsas acusaciones con un 29 %, las actitudes que originan dificultades para dar clase, que suponen un 12%, y las agresiones al profesorado, que han aumentado hasta el 10% respecto al porcentaje del curso anterior, que fue de un 8%. Además, siguen manifestándose casos de ciberacoso como en cursos anteriores, difundiéndose en redes videos grabados a docentes mientras imparten clases de forma presencial o a distancia sin permiso alguno. 

Centrando el punto de vista en las familias, las estadísticas muestran que los casos relativos al acoso y falsas acusaciones que sufren los docentes con respecto a este colectivo supone un 26%, mientras que las denuncias ante el equipo directivo o la inspección educativa representan un 12%. "Desgraciadamente, y a pesar del esfuerzo realizado para que este tipo de cosas cambie, algunos progenitores cuestionan cualquier actuación o decisión del profesorado, queriendo imponer su criterio personal, hasta llegar al punto de difamar, amenazar o incluso agredir al docente", señalan desde el sindicato.

Entre los conflictos relacionados con el ámbito laboral destacan los relacionados con la aplicación de la normativa de funcionamiento y de protocolos de convivencia, que representan un 7% de los casos, las aperturas de expedientes disciplinarios, que suponen el 4% y los problemas generales con la administración educativa, que se elevan al 36%.

Este estado de tensión entre los docentes y la administración educativa se ha visto agravado por la publicación tardía y cambiante de los protocolos de actuación COVID, los recortes en personal de apoyo para atender al alumnado, los cambios normativos con el curso ya empezado y la cantidad de carga burocrática, tal y como han señalado durante la convocatoria. "Los docentes se sienten en muchos casos solos, sin apoyo de la administración y con una responsabilidad que excede sus funciones", han añadido.

El informe presentado este jueves muestra que del total de docentes atendidos, un 72% manifestaba un elevado nivel de estrés y ansiedad y un 12% síntomas depresivos. En consecuencia, un 24% de los profesionales que se han dirigido al servicio han llegado a estar de baja laboral, lo que supone un incremento del 14% respecto al curso anterior. "Todo este cúmulo de situaciones redunda negativamente en la calidad del propio sistema educativo", han señalado. 

"Es fundamental que el conjunto de la sociedad tome conciencia del problema de conflictividad que sigue manteniéndose en nuestras aulas. Toda la comunidad educativa, así como las instituciones, deben aunar y coordinar esfuerzos para erradicar esta lacra que tan negativamente puede determinar el futuro de las nuevas generaciones", han añadido.