La huelga en Justicia provoca la suspensión de 350 juicios en Jaén

Los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia han retomado este martes, convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) -sindicato mayoritario en la Justicia- junto a STAJ, CCOO y UGT, las jornadas de huelga de 24 horas por una subida salarial acorde con las funciones que realizan. Este paro 24 horas tendrá continuidad durante las jornadas de mañana miércoles y el jueves y, si no hay respuesta por parte del Ministerio, habrá un endurecimiento de las acciones de protesta.

En esta quinta jornada de huelga de 24 horas, en Jaén, el personal funcionario se ha manifestado hoy desde los Juzgados de lo Penal en Jaén hasta la Subdelegación del Gobierno, haciendo una parada ante el Palacio de Justicia de la capital. El responsable del sector de Justicia de CSIF en Jaén, Roberto Vázquez, ha lamentado los perjuicios que está provocando esta huelga a la ciudadanía: "En la provincia de Jaén se suspendieron durante las tres jornadas de huelga de la semana pasada unos 350 juicios, multitud de otras actuaciones judiciales como citaciones, conciliaciones o embargos y miles de escritos pendientes de tramitar. Sin embargo, consideramos que la única responsable del colapso que se va a provocar en la Justicia es la Ministra".

Los sindicatos convocantes exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica concreta para negociar "de la misma manera que se está haciendo con jueces y fiscales", argumenta el colectivo afectado, que endurecerá sus movilizaciones si el Ejecutivo no reacciona.

Huelga indefinida a partir del 22 de mayo
El colectivo, compuesto por unos 45.000 trabajadores en toda España y por 600 en Jaén, está llamado a secundar una huelga indefinida a partir del 22 de mayo y está prevista una gran manifestación en Madrid el próximo día 25.

Los funcionarios exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto 'Complemento general del puesto', una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

"Además, exigimos la negociación del nuevo modelo judicial donde se pierden los destinos y habrá movilidad discrecional dentro del mismo municipio y, por supuesto, no nos olvidamos de la carrera profesional", concluye el responsable sindical.