Los responsables de la cantera de la Fuente de la Peña serán juzgados

Los responsables de la actividad extractora en la cantera de la Fuente de la Peña, en Jaén capital, acabarán sentados en el banquillo de la Audiencia de Jaén acusados, entre otros, de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Jaén ya han emitido su escrito de calificación provisional en el que reclaman tres años de prisión para ocho acusados, mientras que para el funcionario de la Junta de Andalucía que emitió un informe a favor de la prórroga durante 30 años de la concesión, se le piden dos años de cárcel.

De esta forma, fuentes judiciales informaron a Europa Press que además del funcionario se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Jaén, cuatro acusados como titulares de la concesión y otros cuatro más como representantes de las mercantiles arrendatarias que sucesivamente explotaron la cantera ubicada sobre monte público. En total nueve acusados por la actividad desarrollada en esta cantera, situada escasos kilómetros del casco urbano de Jaén, y que está cerrada desde 2017.

Desde el Ayuntamiento se sostiene que la explotación de la cantera, también conocida como La Quebrada, se ha venido llevando a cabo desde 1985, contraviniendo las leyes y disposiciones generales protectoras del medio ambiente mediante extracciones, excavaciones, aterramientos y depósitos sobre el suelo, emisiones a la atmósfera, vibraciones y ruidos. Todo ello careciendo de la autorización del titular de los terrenos, que es el Ayuntamiento.

Los servicios jurídicos municipales mantienen que la autorización para la explotación minera de esta cantera se concedió en 1973 pero fue revocada en 1978, extremo que fue confirmado en sentencia tanto por la Audiencia Territorial de Granada (1981) como por el Tribunal Supremo (1983).

Peso a ello, desde 1990 los acusados han venido llevando a cabo labores de extracción y lo han hecho, según el Ayuntamiento, de forma "unilateral" puesto que no contaban para ello con la autorización del Consistorio como propietario de los terrenos, aunque sí con licencias otorgadas por la autoridad minera.

En lo que respecta al funcionario de la Junta que tendrá que sentarse en el banquillo, el Ayuntamiento le acusa de haber informado favorablemente para el otorgamiento de la prórroga de la concesión de la explotación minera por un periodo de 30 años y haberlo hecho sabiendo que no se cumplían los requisitos legales necesarios.

El Ayuntamiento de Jaén lleva desde los años 70 del pasado siglo intentando paralizar de forma definitiva la actividad de la cantera, incluso con acuerdos plenarios y decretos. Desde entonces se han venido sucediendo procedimientos judiciales que han llegado en ocasiones hasta el Tribunal Supremo.

La empresa solicitó a la Junta en 2018 que se expropiaran al Ayuntamiento los terrenos para poder así reanudar la actividad, proceso que quedó paralizado por el procedimiento judicial cuya sentencia se dictó en 2019. En 2020, se remite toda la documentación a la Junta de Andalucía para que se pronuncie sobre la prevalencia minera.

El pasado mes de enero la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta en Jaén desestimó la solicitud de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la concesión de la explotación minera de la Fuente de la Peña de Jaén, tal y como pretendía la empresa para volver a retomar la actividad extractora, paralizada desde 2017 tras una campaña de movilizaciones ciudadanas.

Fue la Fiscalía de Medio Ambiente de Jaén la que en mayo de 2018, y a partir de un escrito de denuncia de Ecologistas en Acción, determinó que había indicios de un delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales, además de otro delito continuado contra la ordenación del territorio y el urbanismo, extremos que en dos ocasiones rechazó el juez instructor al acordar el sobreseimiento de las actuaciones.

Sin embargo, tras recurrirlo Fiscalía, la Audiencia de Jaén desestimó en las dos ocasiones el archivo por lo que el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén se vio obligado a reabrir el caso, que ahora afronta la fase de apertura de juicio oral.

Por lo pronto, el Ayuntamiento de Jaén ya ha presentado escrito de calificación. Ecologistas en Acción también se encuentran personados en la causa, mientras que el Ministerio Fiscal ya ha presentado su escrito y está en la fase de notificación a las partes.

En lo que respecta a la responsabilidad civil, el Ayuntamiento ha solicitado que los acusados indemnicen a las arcas municipales, de forma conjunta y solidaria, en la cantidad que fije el Ministerio Fiscal.