PSOE denuncia la supresión del refuerzo del Juzgado de Violencia de Género

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez lamenta “el nuevo recorte” que la Junta de Andalucía aplica en la lucha contra la violencia de género al suprimir el refuerzo que había en el Juzgado de lo Penal 4 de Jaén y que estaba financiado con fondos del Gobierno de España procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

“Moreno Bonilla no tiene reparo en seguir acumulando recortes y retrocesos en esta materia incluso al final de la legislatura, probablemente como guiño hacia la extrema derecha”, advierte.

Gámez recuerda que este juzgado es el que se encarga de los asuntos relacionados con la violencia de género, que necesitaba un apoyo para desatascar los procedimientos en marcha y que se logró en 2019 gracias al impulso que el Gobierno de Pedro Sánchez le dio al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

“La Junta no podrá decir que no tiene dinero, ya que incluso el Gobierno de España ha anunciado en estos días que va a adelantar más de 300 millones de euros a las comunidades para esta materia”, avanza.

De hecho, la Junta de Andalucía ya ha estado recibiendo en estos años más dinero que nunca del Gobierno de España, hasta el punto de que en el proyecto de Presupuestos de 2022 “el 76% del dinero contra la violencia de género en Andalucía lo ponía el Gobierno de Pedro Sánchez”.

“Entre 2018 y 2021, la Junta de Andalucía ha recibido 45 millones de euros del Gobierno de España para esta materia y, sin embargo, nadie conoce ni una sola iniciativa propia del Gobierno de Moreno Bonilla. Y encima ahora se cargan el personal de refuerzo del Juzgado de Jaén y lo condenan a la saturación y a la ralentización de muchos procedimientos”, alerta.

La parlamentaria considera que esta decisión pone de relieve “la nula sensibilidad” de Moreno Bonilla en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género y reitera que el PP “sigue jugando a la ambigüedad, a hacerle guiños a los discursos negacionistas y a cortejar a la extrema derecha”.

Recuerda en este sentido el apoyo de la Junta de Andalucía al concepto de ‘violencia intrafamiliar’, tanto en declaraciones públicas de miembros del Gobierno como en la puesta en marcha de un teléfono “que ha sido un insulto, un fracaso y un coste económico injustificado”.