UGT denuncia el despido de un trabajador del Hospital de Andújar

Exige su reincorporación inmediata y el cese inmediato de la Directora Gerente Dª Lucrecia Sanchez Extremera por despido discriminatorio

 UGT denuncia el despido de un trabajador del Hospital de Andújar

Foto: EXTRA JAÉN

Hospital Alto Guadalquivir

El Sector Socio Sanitario UGT Servicios Públicos Jaén denuncian el despido discriminatorio de un trabajador del Hospital Alto Guadalquivir que, aún siendo considerado APTO por Vigilancia de la Salud del centro, Dirección Gerencia al tener una discapacidad, justo el día siguiente de su contratación aduciendo esta “no haber superado las expectativas propias del periodo de prueba”.

El sindicato considera este hecho como muy grave, ya que deja totalmente vulnerable e indefenso ante una decisión de Dª Lucrecia Sanchez Extremera discrecional en el ejercicio del poder que ostenta, que pisotea sus derechos fundamentales. Igualmente reprocha a la Dirección del Hospital Alto Guadalquivir del cumplimiento de su obligación legal de adaptación del puesto de trabajo a las circunstancias de la persona tal como indica la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, así como el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, adaptación del puesto de trabajo a trabajadores especialmente sensibles de la Consejería de Salud y Consumo cuyo ámbito de aplicación es para todos los profesionales del SAS, siendo en este caso el trabajador quien inicia el procedimiento, emitiendo el propio faculta hospitalario el informe que lo califica como “Apto con limitaciones” en sus funciones de celador del almacén tras evaluar las pruebas médicas y analíticas correspondientes. El empleado tiene reconocido momento incluso no siendo un requisito exigido por la organización para optar al puesto ofertado y habiendo cumplido todos los requisitos para inscribirse en la bolsa de trabajo del Servicio Andaluz de firmado por el trabajador con el Hospital Alto Guadalquivir, siendo el primero llevado a cabo en el mes de abril, cuyo inicio fue el 16 de abril y finaliza el 30 de abril y es en este momento de su vigencia el Vigilancia de la Salud y obtuvo el informe de aptitud donde se especificaban las limitaciones en cuanto al tope del peso que debía cargar, la deambulación y bipedestación o el uso de medios técnicos necesarios para los servicios que lo soliciten. "Durante el desarrollo de este contrato, el trabajador no incurrió en ninguna falta en la ejecución de sus labores, pero sí sufrió un agravamiento de su salud al encomendársele tareas incompatibles con su minusvalía sin habérsele realizado previamente, tal y como requiere la ley, la adaptación del puesto. De ahí que, tras ser llamado por el hospital para un segundo contrato, que se inicia el día 1 de mayo y sintiéndose desprotegido por la inacción de la Dirección, acudió a UGT para poner en conocimiento su caso. Al día siguiente de ello, el trabajador recibió el escrito con fecha 2 de mayo donde se le comunicaba la extinción de su contrato con efectos 3 de mayo cuyos motivos eran no superar la prueba.

UGT va a llevar a cabo todas las acciones necesarias para que no se pueda echar a la calle a una persona por discriminación, delito tipificado en el Código Penal, con la frialdad e impunidad con la que se ha hecho de
menos a un trabajador especialmente sensible por su minusvalía, amparado de por sí por una serie de garantías legales y procedimientos de protección especiales, que la Dirección Gerencia se ha saltado totalmente represalias hacia los trabajadores que en el ejercicio de sus derechos, pidan ser amparados por las fuerzas sindicales.



UGT considera inadmisible la vulneración de derechos fundamentales de este trabajador: "Ante esta actitud vergonzosa y reprobable de caciquismo y política del miedo con la que se gestiona el Hospital Alto Guadalquivir" y pide en cese inmediato de Sanchez Extremera ya que "personas como estas desprestigian los cargos públicos al utilizar el poder inherente a su ejercicio para aplicar una justicia subjetiva, que llega a infringir la verdadera la verdadera legislación, en vez de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales como han de hacer.