CECUA, LARES ANDALUCÍA, FADE y FAECTA, patronales del sector de la dependencia, se han reunido esta mañana con Daniel Salvatierra, secretario general de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación de la Junta de Andalucía, y se han levantado de la mesa de negociación, ante unas propuestas que han calificado de “vacías, que llevarán de manera irremediable a la quiebra del servicio”.
Las patronales, dada la difícil situación que padece el sector de los cuidados en Andalucía, vienen reivindicando desde la lealtad institucional, una justa financiación que garantice la viabilidad de los cuidados. CECUA, LARES ANDALUCÍA, FADE y FAECTA destacan que “han dado la talla en los momentos más duros de la pandemia, han soportado un sobrecoste económico y humano, y ha llegado el momento de apostar de manera real por el sector de los cuidados a las personas”.
Ante esta situación, los representantes de las patronales inciden que “el Gobierno andaluz está demostrando no estar a la altura del importante reto que tienen ante sí, y lejos de poner a las personas en el centro de sus actuaciones, utilizan el sector de los cuidados para hacerse la foto con propuestas que son una tomadura de pelo”.
Por ello, califican de “despropósito” las propuestas realizadas desde el Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla indicando que “pretenden comprar nuestro silencio con una subida de las tarifas del 2,6%, cuando la inflación supera el 5% y el precio de los costes de suministros se ha disparado en más de un 40%, sin contar todo el sobrecoste sufrido durante la crisis sanitaria provocada por la COVID- 19”.
“El Gobierno sabe perfectamente que con estos precios el sector de los cuidados es inviable, siendo imposible prestar el servicio de calidad que las personas mayores merecen, dignificar el trabajo de los profesionales del sector y garantizar la sostenibilidad del servicio”, señalan las patronales.
Apostar por un sistema sostenible, eficiente y viable es posible, ya que en muchas comunidades autónomas de nuestro país se ha producido una actualización de tarifas del sector fruto del acuerdo de Estado con agentes sociales que atiende a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, el Gobierno andaluz hace caso omiso a la grave situación de sostenibilidad de uno de los sectores que más han sufrido en esta pandemia y que mayor número de empleos genera y mantiene. Comunidades como Madrid han subido el precio plaza/día a 74,88 euros (incremento del 37%).Además, van a abonar las plazas no ocupadas durante la pandemia. En esta línea, “no es solamente un problema económico, sino de prioridades y voluntades”.
El sector no se va a quedar de brazos cruzados ante el ninguneo de la administración andaluza. Desde las patronales inciden: “Las reuniones con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación no sirven para nada. Las propuestas se traducen en una falta de respeto y trato denigrante a los/as profesionales. Nos tratan como convidados de piedra para hacerse la foto de rigor”.
Ante la situación de indefensión que padece el sector valoran que “no es el momento de discursos vacíos, es el momento de que el presidente de la Junta de Andalucía, escuche y actúe. El sector no puede estar mendigando, ni pidiendo limosna, para revertir la insostenible actual situación”.
Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) estacionar en una plaza de parking público en el centro de Sevilla tiene un coste de 51,55 euros/24 horas, frente a los 51,78 euros que cuesta una plaza residencial: la atención a las personas al mismo nivel que los vehículos. Un dato desolador que sitúa a Andalucía en el vagón de cola de todo el país, hecho que se ve reflejado en la participación del sector en el PIB. Mientras en otros países de nuestro entorno se dedica a los cuidados el 2.5% del PIB, en Andalucía se destina el 0.52%. Esto provoca la indignación de las organizaciones patronales “los/as andaluces no somos españoles/as de segunda, ni súbditos, ni vasallos. Somos gente comprometida, que hemos priorizado en dar el servicio que las personas mayores merecen, pero ha llegado el momento de alzar la voz y decir: basta ya”.
Actualmente, en Andalucía viven algo más de 1,2 millones de personas con más de 65 años, de las cuales algo más de 200.000, el 15,6 % de esa población, tiene más de 80 años, según datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se estima que la tasa de población mayor de 65 años en Andalucía llegará a suponer el 29 % de la población total en el año 2050, por lo que se hace imprescindible actuar con urgencia en un sector que es esencial.
