La cantera de la Fuente de la Peña sigue sin ser restaurada

La sentencia de la cantera de la Fuente de la Peña -dictada en junio de 2025- ya es firme. En ella se condenaba a cinco responsables de la actividad extractora por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, mientras que a un sexto acusado, asesor técnico de la Junta de Andalucía, se le condenaba por prevaricación. Queda pendiente todavía valorar el importe de la restauración y determinar cómo se va a llevar a cabo.

Ahora, toca en ejecución de sentencia, valorar la suspensión de las penas de prisión a las que fueron condenados y que ha sido solicitada por las defensas. Sobre los cinco responsables de la actividad extractora pesan penas de seis meses de cárcel, mientras que sobre el asesor de la Junta recayeron dos meses y 15 días de cárcel, aunque se le sustituyó por el pago de una multa de 900 euros más otra más de 540 euros.

Todos ellos, de forma solidaria, tendrán que hacer frente a la restauración y rehabilitación del monte público La Solana, tal y como se determine y se cuantifique en ejecución de sentencia, que es lo que toca ahora, una vez que ya es firme, tal y como se ha indicado desde el Ministerio Público a Europa Press.

En cuanto a la responsabilidad civil, la sentencia fijó que los condenados deberán pagar los costes económicos necesarios para llevar a cabo la completa restauración y rehabilitación del espacio natural. El importe se determinará por la autoridad competente en Minería una vez se realice por ésta y se apruebe el correspondiente plan de restauración integral con informe previo o resolución de la autoridad ambiental competente y será el Ayuntamiento de Jaén el que se encargará de supervisar todo el proceso.

Falta por lo tanto ese informe previo de la Junta de Andalucía, desde el área responsable de Minería, como paso previo a la aprobación del correspondiente plan de restauración, algo que también que se tiene que contemplar en la ejecución de la sentencia.

Fue la Fiscalía de Medio Ambiente de Jaén la que en mayo de 2018, y a partir de un escrito de denuncia de Ecologistas en Acción, determinó que había indicios de un delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales, además de otro delito continuado contra la ordenación del territorio y el urbanismo, extremos que hasta en dos ocasiones rechazó el juez instructor al acordar el sobreseimiento de las actuaciones.

Sin embargo, tras recurrirlo Fiscalía de Medio Ambiente, la Audiencia de Jaén desestimó en las dos ocasiones el archivo por lo que el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén se vio obligado a reabrir el caso. A esto se le suma el primer intento fallido de juzgar el caso en enero de 2024 por un defecto de forma que devolvió la causa a Instrucción.

En el escrito de acusación, la Fiscalía detalla exhaustivamente todos los daños ocasionados y sobre todo pone el acento en que no se ha cumplido con "la obligación de restaurar" ni por los titulares de la concesión y explotadores ni por el director técnico facultativo de la explotación, como responsable del cumplimiento del plan de restauración.

Como ha venido sosteniendo la Fiscalía, desde 2008 y hasta que se logró paralizar la actividad extractora, no se adoptaron "medidas de restauración y correctoras de protección del entorno natural y del paisaje del monte público a que venían obligados en virtud del Plan de Restauración aprobado en el año 2008".

Fiscalía apuntaba que la actividad extractiva, apertura de caminos y movimiento de tierras se ha venido realizando desde el año 1981 "careciendo de licencia municipal y contraviniendo la normativa urbanística, territorial y sectorial que no permite tales actividades y obras en el lugar en el que se han realizado" ya que se asienta sobre suelo no urbanizable de especial protección.

Entre algunas de las repercusiones negativas para el Medio Ambiente, se establece que la explotación de la cantera y la extracción de caliza del monte publico, ha supuesto "un movimiento de grandes volúmenes de piedra que ha ocasionado una modificación de la topografía original del terreno". Además, la no realización de trabajos de restauración ha afectado al hábitat de interés comunitario identificado en la zona y se incluye también perjuicios para los anidamientos de águilas perdiceras.

El clamor por el cierre de la cantera, situada a menos de dos kilómetros del núcleo urbano de Jaén, conllevó manifestaciones, recogida de firmas y múltiples protestas hasta que la Junta de Andalucía en junio de 2017 declaró la caducidad de la concesión de la cantera y por tanto, la paralización inmediata de la actividad.

A ello se sumaría en diciembre de 2017 la decisión del Ayuntamiento de Jaén de poner fin al aprovechamiento sobre la cantera de la Fuente de la Peña. Todo ello, sumado al trabajo de Fiscalía de Medio Ambiente en Jaén, ha permitido que este caso no se archivara y llegara a la Audiencia donde acabó en una sentencia condenatoria con la conformidad de los acusados.