PISA por dentro: los intereses que hay detrás de sus resultados

En una conferencia de prensa celebrada este martes en París, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha presentado los principales resultados de las pruebas PISA realizadas en 2025, la mayor edición de esta evaluación internacional desde su puesta en marcha en el año 2000. En esta ocasión han participado más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías, que representan a unos 33 millones de jóvenes de 15 años. En España, cerca de 30.000 alumnos de 956 centros han realizado las pruebas.

El resultado español vuelve a situar al sistema educativo por debajo de las medias de la OCDE y de la Unión Europea en las tres competencias principales evaluadas: Matemáticas, Lectura y Ciencias. España ha obtenido 457 puntos en Matemáticas, 451 en Lectura y 477 en Ciencias. Respecto a 2022, la caída ha sido de 16 puntos en Matemáticas y de 23 en Lectura, mientras que Ciencias ha retrocedido siete puntos, un descenso que no resulta estadísticamente significativo según la OCDE.

La tendencia no es exclusivamente española. El conjunto de países de la OCDE también ha registrado sus peores medias históricas en Matemáticas y Lectura. Entre 2015 y 2025, la puntuación media de Lectura cayó 28 puntos en la OCDE, equivalente aproximadamente a un año y medio de aprendizaje, mientras que Matemáticas perdió 22 puntos. En 2025, uno de cada cinco estudiantes de los países de la organización presenta un rendimiento bajo en las tres materias.

Andalucía, entre las comunidades con peores resultados

Dentro de España, las diferencias entre comunidades autónomas son especialmente relevantes. Madrid, Castilla y León y Asturias se sitúan entre los territorios con mejores resultados, mientras que Andalucía, la Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas aparecen en la parte baja de las clasificaciones.

En Andalucía, los estudiantes han obtenido 442 puntos en Matemáticas, 441 en Lectura y 462 en Ciencias. Las tres cifras se encuentran más de diez puntos por debajo de las respectivas medias españolas, situadas en 457, 451 y 477 puntos. También quedan por debajo de las medias de la Unión Europea, de 463 puntos en Matemáticas, 459 en Lectura y 481 en Ciencias.

En Matemáticas, Andalucía ocupa una de las últimas posiciones entre las comunidades autónomas, únicamente por delante de la Comunidad Valenciana y de las ciudades de Ceuta y Melilla. En Lectura y Ciencias también se encuentra en la parte baja de la clasificación.

En el extremo contrario, Madrid alcanza 477 puntos en Matemáticas y 495 en Ciencias, mientras que Castilla y León y Asturias también se mantienen entre las comunidades con mejores resultados. En Lectura, Asturias lidera con 471 puntos, seguida de Madrid, con 469, y Castilla y León, con 466.

Pero convertir estas diferencias en una clasificación sencilla tiene un problema: detrás de cada puntuación hay contextos sociales, económicos, demográficos y educativos diferentes.

¿Qué mide realmente PISA?

PISA son las siglas en inglés de Programme for International Student Assessment, es decir, Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes. Se trata de una evaluación comparada impulsada por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un organismo internacional que reúne a países para analizar políticas públicas y promover aquellas que considera pueden mejorar el bienestar económico y social.

El programa comenzó en el año 2000 y evalúa principalmente a estudiantes de alrededor de 15 años. A diferencia de un examen escolar convencional, PISA no pretende medir cuánto recuerdan los alumnos de un determinado currículo nacional, sino su capacidad para aplicar conocimientos y competencias a situaciones concretas.

La edición de 2025 ha tenido como área principal las Ciencias, mientras que Matemáticas y Lectura han actuado como áreas secundarias. También se han incorporado nuevas evaluaciones relacionadas con la resolución de problemas en entornos digitales y el aprendizaje en el mundo digital. España participó además en una evaluación de Inglés como lengua extranjera, cuyos resultados se publicarán en 2027.

Por tanto, PISA proporciona una fotografía concreta del rendimiento de una parte del alumnado en determinadas competencias. Pero esa fotografía no equivale por sí sola a un diagnóstico completo de un sistema educativo.

Una clasificación que ha adquirido una enorme influencia

Precisamente ahí comienza una de las principales controversias alrededor del informe.

PISA nació como una herramienta para disponer de información comparable entre sistemas educativos. Sin embargo, con el paso de los años sus resultados han adquirido una influencia mucho mayor. Las puntuaciones permiten ordenar países y territorios y, aunque la propia metodología incorpora márgenes de incertidumbre y advertencias, los resultados suelen llegar a la opinión pública convertidos en rankings.

“España suspende”. “Andalucía cae”. “Madrid lidera”. “Finlandia vuelve a ganar”.

La complejidad del sistema educativo queda así reducida a una clasificación.

El problema no es únicamente periodístico. Los propios especialistas que han estudiado PISA han advertido de que los indicadores seleccionan necesariamente una parte de la realidad. PISA evalúa Lectura, Matemáticas y Ciencias, pero no puede medir por completo cuestiones como la creatividad, la educación artística, la expresión oral, la formación cívica, la solidaridad, la argumentación o determinados aspectos emocionales del aprendizaje.

Eso no convierte a PISA en inútil. Significa que sus resultados deben interpretarse dentro de los límites de aquello que realmente mide.

La cuestión metodológica

También existen cautelas a la hora de comparar determinadas ediciones de PISA como si todas formaran una línea perfectamente continua.

En 2015 se produjo un cambio importante con la generalización de las pruebas por ordenador y la recalibración de las escalas. Además, las propias características de las muestras y de las evaluaciones pueden introducir márgenes de incertidumbre.

La edición de 2025 incorpora otra advertencia relevante. En España, el porcentaje total de exclusiones de alumnado alcanzó el 7,9%, por encima del estándar habitual del 5%. La situación fue especialmente significativa en Cataluña y Murcia. En Cataluña, donde la exclusión dentro de los centros alcanzó el 23,2%, la OCDE decidió no publicar resultados separados por considerar que podían estar afectados por un sesgo. Los resultados nacionales españoles, sin embargo, fueron considerados válidos.

Estos elementos no invalidan automáticamente PISA, pero sí muestran por qué sus resultados requieren una lectura más cuidadosa que la de una simple tabla de posiciones.

¿Quién está detrás de PISA?

La OCDE es la responsable del programa y de la publicación de sus resultados. Sin embargo, alrededor de PISA existe también un entramado de organismos, empresas, investigadores y contratistas privados que participan en diferentes fases de las evaluaciones.

Uno de los nombres que más controversia ha generado es Pearson, una multinacional británica especializada en el sector educativo. En 2014, cuando se preparaba PISA 2015, XL Semanal describía a Pearson como "la mayor editorial educativa del mundo" y explicaba que la compañía había obtenido contratos relacionados con el desarrollo de los exámenes y de la plataforma digital de aquella edición. El artículo planteaba entonces preguntas sobre la creciente presencia de empresas privadas en el ámbito de la evaluación educativa.

Pero una precisión resulta fundamental: Pearson no es quien publica PISA ni controla el programa. La OCDE es la institución responsable. La empresa ha participado como contratista en determinadas ediciones y tareas, dentro de un sistema de contratación externa. La existencia de esa participación privada puede alimentar un debate legítimo sobre los intereses económicos que rodean a la evaluación educativa, pero no demuestra por sí misma que los resultados de PISA estén manipulados.

La cuestión es más amplia: cuanto mayor es la importancia que adquieren las pruebas estandarizadas, mayor es también el mercado que puede generarse alrededor de ellas: plataformas digitales, sistemas de evaluación, materiales educativos, formación, análisis de datos y herramientas destinadas a mejorar los resultados.

El informe también tiene una dimensión política

PISA se ha convertido además en una herramienta habitual dentro del debate político.

Los gobiernos pueden utilizar los resultados para defender determinadas reformas. Los partidos de la oposición pueden emplearlos para responsabilizar al Ejecutivo de turno. Las administraciones autonómicas pueden presentar sus resultados como una prueba del éxito o fracaso de sus políticas educativas.

Los datos de 2025 ya han generado este tipo de interpretaciones.

En Madrid, por ejemplo, el Gobierno autonómico ha presentado sus resultados como un respaldo a su modelo y ha anunciado medidas para reforzar Matemáticas y Lectura. También ha vinculado los resultados al debate sobre la legislación educativa estatal.

En Andalucía, en cambio, el Gobierno autonómico ha reconocido que los resultados “no son buenos”, en un contexto en el que el descenso también afecta al conjunto de España y de Europa.

El mismo informe puede servir, por tanto, para construir argumentos políticos diferentes dependiendo de quién lo interprete.

La derecha puede utilizar los malos resultados para reclamar mayor exigencia académica, evaluación o cambios legislativos. La izquierda puede poner el foco en la inversión, la desigualdad socioeconómica y los recursos disponibles. Los sindicatos pueden señalar las condiciones laborales del profesorado y la falta de personal. Las administraciones pueden reivindicar sus modelos cuando obtienen buenos resultados.

El número es el mismo. La interpretación cambia.

El factor económico y social

Además, PISA ofrece información que complica cualquier explicación exclusivamente política.

La propia OCDE señala que el nivel socioeconómico continúa siendo un factor asociado al rendimiento académico. En España, los estudiantes situados en el 25% más favorecido socioeconómicamente obtuvieron en Ciencias una puntuación 71 puntos superior a la del 25% más desfavorecido. Aun así, esta diferencia es inferior a la media de la OCDE, situada en 85 puntos.

Esto significa que comparar directamente comunidades autónomas sin tener en cuenta sus diferencias sociales y demográficas puede conducir a conclusiones demasiado simples.

El entorno familiar, el nivel educativo de los progenitores, los recursos disponibles, la composición del alumnado, la inmigración o las características económicas de cada territorio forman parte del contexto en el que se producen los resultados.

Por eso, una comunidad que obtiene una puntuación superior no puede atribuir automáticamente ese resultado a una única política educativa. Del mismo modo, una comunidad situada en la parte baja no puede explicar por sí sola su posición únicamente por la legislación educativa vigente.

De los datos a los intereses

Aquí aparece uno de los aspectos más importantes del debate sobre PISA: un indicador no solo puede describir una realidad, también puede modificarla.

Si los centros saben que determinadas competencias van a ser evaluadas, existe un incentivo para dedicar más tiempo a ellas. Si los resultados se convierten en una referencia para valorar a los centros, puede aumentar la presión para mejorar las puntuaciones. Y si determinadas cifras se utilizan para distribuir recursos o evaluar políticas, esas cifras adquieren todavía más peso.

De ahí surge una de las críticas clásicas a los sistemas de evaluación estandarizada: el riesgo de terminar enseñando aquello que se examina.

La fórmula puede resumirse así: “dime de qué te examinan y te diré qué deberás aprender”.

No significa que PISA ordene a los centros qué deben enseñar. Significa que la importancia política y mediática que adquieren determinados indicadores puede generar incentivos que terminen influyendo indirectamente en las prioridades educativas.

Entonces, ¿sirve PISA?

Sí, pero con límites.

PISA proporciona una enorme cantidad de información que permite comparar sistemas educativos, identificar tendencias, detectar desigualdades y localizar problemas que podrían pasar desapercibidos dentro de las evaluaciones nacionales.

La propia edición de 2025 permite observar, por ejemplo, que el deterioro no es exclusivamente español y que Matemáticas y Lectura han caído de manera significativa en numerosos países de la OCDE. También permite analizar la relación entre rendimiento y nivel socioeconómico, el papel del profesorado, la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje o el impacto de las herramientas digitales.

El problema aparece cuando una herramienta de diagnóstico se convierte en el diagnóstico completo.

PISA no puede explicar por sí solo por qué cae el rendimiento de los estudiantes. Tampoco puede determinar automáticamente qué reforma educativa funcionará mejor ni atribuir una causa concreta a una evolución determinada.

Para eso hacen falta otros datos: evaluaciones nacionales, investigaciones educativas, información socioeconómica, recursos de los centros, condiciones del profesorado, análisis longitudinales y estudios cualitativos.

Más allá del ranking

Por eso, la cuestión después de conocer los resultados de PISA 2025 no debería limitarse a saber qué comunidad ha quedado primera y cuál última.

Las preguntas son otras: ¿por qué han caído los resultados? ¿Qué factores sociales están influyendo? ¿Qué ocurre dentro de las aulas? ¿Qué recursos tienen los centros? ¿Qué condiciones tiene el profesorado? ¿Cómo afecta el nivel socioeconómico de las familias? ¿Qué papel están desempeñando las pantallas y la inteligencia artificial? ¿Y qué intereses existen detrás de las soluciones que se proponen?

PISA puede ofrecer una parte de esas respuestas, pero no todas.

Y ahí reside precisamente la paradoja del informe. Una evaluación diseñada para aportar datos comparables sobre los sistemas educativos ha terminado convirtiéndose también en un instrumento político, mediático y económico.

No hace falta considerar que PISA sea una conspiración para reconocer esa dimensión. Tampoco hace falta cuestionar todos sus resultados para señalar sus límites.

El verdadero debate comienza cuando se deja de preguntar únicamente quién ha sacado más puntos y se empieza a preguntar qué significan esos puntos, qué factores explican las diferencias y qué decisiones se toman a partir de ellos.

Porque PISA puede decirnos mucho sobre determinadas competencias de nuestros estudiantes. Pero la forma en que gobiernos, empresas, medios de comunicación y sociedad utilizan esos números puede decirnos mucho más sobre cómo entendemos la educación.