El caso del jefe de Policía Local de Villacarrillo se enturbia

El Juzgado de Instancia de Villacarrillo ha dado un paso clave en el procedimiento judicial contra el jefe de la Policía Local, Francisco José Martínez Moya, al acordar la continuación del caso ante el Tribunal del Jurado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La resolución, fechada el pasado 22 de abril, considera que existen indicios suficientes de que el investigado, al frente del cuerpo policial durante varios años, habría gestionado de forma irregular expedientes sancionadores de tráfico con el objetivo de obtener un beneficio económico ilícito.

Según recoge el auto judicial, los hechos investigados se remontan al periodo comprendido entre 2014 y 2020. Durante esos años, el entonces jefe policial habría dejado sin tramitar numerosas denuncias, tanto de carácter municipal como procedentes de otros organismos como la Dirección General de Tráfico, lo que habría impedido su correcta gestión administrativa y el ingreso de las correspondientes sanciones en las arcas públicas.

El juzgado apunta además a que parte del importe de esas multas podría haber sido apropiado directamente, así como a la posible manipulación de documentos oficiales mediante la simulación de firmas de otros agentes. A ello se suma el presunto uso indebido de tarjetas de repostaje asociadas a vehículos oficiales para fines particulares.

En su fundamentación jurídica, la jueza determina que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos y de un delito de falsedad en documento público, ambos competencia del Tribunal del Jurado, por lo que el procedimiento continuará por esta vía.

Sin embargo, el auto también estima parcialmente las alegaciones de la defensa al excluir del procedimiento el delito de prevaricación administrativa. La legislación vigente impide que este tipo de delito sea enjuiciado por el Tribunal del Jurado, incluso cuando guarda relación con otros delitos que sí son de su competencia. Por este motivo, el juzgado ha ordenado la apertura de un procedimiento separado para su investigación y eventual enjuiciamiento por la vía ordinaria.

Como parte de la fase final de instrucción, la juez ha acordado la práctica de nuevas diligencias consideradas esenciales para determinar el alcance económico de los hechos. Entre ellas figuran una pericial contable, una investigación patrimonial del investigado y la elaboración de un informe por parte de los servicios económicos del Ayuntamiento de Villacarrillo que cuantifique el perjuicio causado a las arcas municipales.

Una vez se practiquen estas diligencias, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares dispondrán de un plazo de cinco días para solicitar la apertura de juicio oral y presentar sus escritos de acusación.

La resolución no admite recurso y sitúa el procedimiento en una fase avanzada, a las puertas de la posible apertura de juicio oral, en un caso que ha generado notable interés en el ámbito local.