Las universidades ya advirtieron sobre deficiencias en la ACCUA

Poco a poco se van juntando las piezas del puzzle que ha dejado a la Universidad de Jaén y de Granada sin el Grado conjunto de Ingeniería Biomédica.

La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) informó en un escrito dirigido a la Consejería de Universidades, al que ha tenido acceso EXTRA JAÉN, sobre su “profunda preocupación y requerimientos respecto a varios aspectos relacionados con el funcionamiento y los procedimientos de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA)”. El documento se fechó el 21 de marzo, cuando el director de la Agencia, Antonio José Cubero Atienza, ya había comunicado su dimisión, si bien, no fue publicada hasta tres días después en el BOJA.

Ya entonces las universidades dejaban claro lo que ahora se ha materializado en el caso de la Universidad de Jaén y Granada, no así con la privada Loyola de Andalucía, que sí ha recibido el Grado de Ingeniería Biomédica.

Decían las universidades públicas: “La comunicación tardía de los informes finales compromete la planificación académica”.

No obstante, en el escrito elevaban una serie de propuestas constructivas “con el fin de mejorar el desarrollo de los procesos” que redundaran en beneficio del servicio público de educación superior de Andalucía.

Así, trasladaban “la falta de recursos necesarios para el correcto desarrollo de las competencias asignadas a la ACCUA” y “la disparidad de criterios” que esta agencia aplicaba para la ejecución de sus diferentes funciones. “Ello ocasiona numerosos inconvenientes en el funcionamiento del sistema universitario público andaluz y merma su competitividad dentro del espacio de educación superior en el que desarrolla su actividad”, suscribían.

Falta de recursos

De este modo, la Asociación de Universidades Públicas enumeraba algunos problemas tales como la “insuficiencia del número de evaluaciones anuales” para cubrir adecuadamente todas las necesidades del sistema universitario. “Únicamente existen dos ventanas para la presentación de modificaciones sustanciales, y únicamente una para la presentación de modificaciones no sustanciales, y las verificaciones de títulos. Adicionalmente, únicamente se ha habilitado un momento anual para la solicitud de acreditación de los SIGC (programa IMPLANTA), limitado a tres Centros por año, lo que hace inviable un sistema ágil y coherente de trabajo interno de las Universidades, las cuales deben esperar más de cinco años para acreditar sus Centros”, explicaban.

Además, denunciaban el retraso en la acreditación de Centros para Microcredenciales. “No existe un sistema claro y definido para acreditar a los Centros que imparten estos títulos, obligando a que sean acreditados de manera individualizada, retrasando y aumentando la gestión de este tipo de formación”. 

Ya entonces, en el mes de marzo, y no era la primera vez, advertían por escrito de la “demora en la revisión de guías de evaluación”.

El documento insistía en los plazos: “Las comunicaciones sobre los informes provisionales y definitivos de modificaciones sustanciales y no sustanciales llegan en ocasiones de forma tardía, dificultando una vez más la planificación y la gestión interna académica de las Universidades para el inicio de un nuevo curso. Se añade la dificultad de que en el procedimiento de tramitación de las modificaciones no sustanciales no existe un informe provisional y un plazo de alegaciones, por lo que en los casos de informes negativos la única opción es plantear un recurso de reposición que difícilmente prospera. Sería conveniente que las universidades dispusieran de un plazo para poder subsanar las deficiencias que hayan motivado un informe negativo, de tal forma que no haya que esperar todo un año para introducir pequeñas modificaciones en un título”.

Disparidad de criterios

La Asociación de Universidades Públicas también se refería a la disparidad de criterios en las evaluaciones y lamentaba pautas diferentes “entre comisiones evaluadoras en la misma convocatoria, ya sea de renovación de la acreditación, como en los informes del seguimiento […]; informes con errores que hacen referencia a otros títulos o solicitan acciones ya recogidas en los informes presentados;  y rigidez excesiva en los criterios de evaluación, especialmente en procesos de verificación y modificación”.

Llueve sobre mojado

Uno de los criterios de la ACCUA para emitir el informe desfavorable del Grado conjunto de Ingeniería Biomédica para Jaén y Granada es la duda sobre la implementación de las futuras prácticas en empresas, que no hay que olvidar que deben realizarse cuatro años después de la implantación del Grado. Pues bien, el escrito de las universidades públicas ya hablaba sobre esa cuestión:

“En el caso, por ejemplo, de los convenios con empresas para prácticas externas o mención dual, se exigen los convenios firmados, no considerando suficiente un compromiso de firma por parte de las empresas, cuando el título aún no existe o la modificación que corresponda sólo está en trámite”.

Propuestas constructivas desoídas

Por todo ello, la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía propuso en marzo las siguientes acciones para abordar los problemas señalados:

“-Que la dimisión del hasta ahora Director de ACCUA no suponga ni una merma, ni un retraso, ni una paralización de los procedimientos que afectan a las universidades, cuestión que ya se ha sufrido y por lo que se han visto perjudicadas en el anterior cambio de Dirección. Asimismo, se solicita que se cubra formalmente la vacante de Coordinador/a del Área de Acreditación Institucional, esencial para el desarrollo normal de estos procedimientos.

-La creación de un grupo de trabajo conformado por miembros de ACCUA y universidades andaluzas, que de forma activa y efectiva se reúna y se lleve a cabo un intercambio de dificultades y propuestas de mejora.

-Aumento de los recursos materiales y personales para ACCUA. Desde AUPA se reitera la necesidad del apoyo a los recursos personales y materiales a ACCUA si en la voluntad está el ofrecer el servicio de calidad a la educación de educación superior en Andalucía, para el que fue creado.

-Permiso temporal para que las universidades públicas de Andalucía puedan acudir a otras agencias de acreditación europeas registradas en ENQA. Teniendo en cuenta la escasez de recursos manifestado por ACCUA y la posibilidad de dar respuesta al sistema andaluz de educación superior para que este pueda desarrollar su actividad académica con normalidad y con la excelencia que el SUPA merece.

Cuatro meses después de este escrito de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía el Grado de Ingeniería Biomédica lo impartirá en la comunidad andaluza una universidad privada, la de Loyola, y no las de Jaén y Granada.