Un brindis por la Plataforma en Defensa de la UJA

Ocurría el pasado jueves en sesión plenaria en el Parlamento andaluz. El parlamentario Antonio Ruiz, exvicerrector de la Universidad de Córdoba (UCO), brindaba, al final de su intervención en una proposición no de ley del PP-A en la que se instaba a la Junta a que, a la mayor brevedad, pusiera en marcha el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas 2023-2027, por la Plataforma Ciudadana en defensa de la UJA por conseguir cambiar el modelo de financiación aprobado por el exconsejero Velasco.

El nuevo modelo de financiación fue aprobado por el Consejo de Universidades a finales de julio con el acuerdo de los rectores y una cláusula de compensación (nivelación) para las universidades perjudicadas por el modelo Velasco (UJA, UPO y UHU) durante los años 2023 y 2024, que según fuentes de la UJA, consiguió incluir su actual rector, Nicolás Ruiz.

Fuentes de la plataforma recuerdan que sin ella y los jienenses no habría sido posible parar el arrinconamiento a la UJA y a otras universidades públicas andaluzas en la anterior legislatura.

Consideran que sin la plataforma ciudadana en defensa de la UJA no podría explicarse la historia reciente de la provincia ni la historia reciente de Andalucía en defensa de la universidad pública.

Hay que recordar que el consejero Villamandos anunció en la inauguración del curso académico de la Universidad de Jaén que el nuevo modelo de financiación quedaría aprobado en el mes de septiembre.

Proposición no de Ley

El pasado jueves el Pleno del Parlamento aprobó una proposición no de ley del PP-A en la que se insta a la Junta a que, a la mayor brevedad, apruebe y ponga en marcha el nuevo modelo de financiación.

La iniciativa contó con apoyos parciales de los grupos de la oposición, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

El Parlamento apoyó al acuerdo unánime alcanzado en el seno del Consejo Andaluz de Universidades al modelo de financiación para el periodo comprendido entre 2023-2027, al establecer, a través de contratos programa, fondos estratégicos para la mejora de los resultados docentes, de investigación, de transferencia de conocimiento o de internacionalización, y para el fomento de otras acciones en áreas como el emprendimiento, el apoyo al estudiantado, la cultura o el deporte.

También se instó a la Junta a reclamar al Gobierno de España la transferencia a las comunidades del coste que supone la aplicación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario.