Durante los últimos días se había instalado en España una sensación bastante concreta: que Pedro Sánchez estaba a punto de decidir si convocaba elecciones. Hoy ya sabemos la respuesta.
Sánchez ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre. Después de la caída de los dos decretos de vivienda, de las movilizaciones y de un fin de semana de reflexión con su núcleo más cercano, el presidente ha decidido poner fin anticipado a la legislatura.
Y, visto con un poco de perspectiva, quizá la decisión tenga más lógica de la que parecía. Sánchez tiene una característica política que resulta difícil ignorar: sabe esperar. Lo demostró en 2016, cuando el PSOE quedó reducido a 85 escaños en plena expansión de Podemos y con Pablo Iglesias ocupando buena parte del espacio de la izquierda. Una década después, aquel PSOE que entonces parecía amenazado por su propia desaparición sigue teniendo a Sánchez al frente y Podemos dejó de ser la fuerza capaz de disputarle directamente el liderazgo de la izquierda.
No hace falta compartir sus políticas ni su forma de ejercer el poder para reconocer un hecho político: Sánchez ha demostrado una extraordinaria capacidad para sobrevivir a escenarios que, en determinados momentos, parecían políticamente terminales.
Y quizá por eso la pregunta interesante no sea porqué ha decidido convocar elecciones, sino qué pregunta quiere hacerle al país al convocarlas. Y Sánchez ha demostrado una especial habilidad para escoger el momento en que una elección deja de ser simplemente una votación sobre la gestión del Gobierno y se convierte en una pregunta más amplia sobre el país que se quiere construir. Por eso quizá todavía no haya decidido.
Todas las elecciones tratan, en el fondo, sobre cómo se responde a la pregunta que se hace la población. Si las elecciones se hubieran celebrado hace unos días, probablemente sólo preguntaríamos sobre la inmigración. Hace unos meses, podía haber sido la corrupción, la Justicia o el funcionamiento del Estado. Hoy la pregunta es otra: qué hacemos con la vivienda y, más en general, qué futuro queremos para quienes no pueden permitirse pagar el precio de vivir en este país.
Sánchez ha demostrado varias veces que entiende esta lógica mejor que casi nadie. No convoca simplemente cuando las cosas van bien o mal. Convoca cuando cree que existe una pregunta que puede plantear al país y alrededor de la cual ordenar una elección. Ahora la pregunta existe.
La vivienda ha dejado de ser un problema más para convertirse en el centro de la conversación política. El desahucio de Mari Carmen, las acampadas, las manifestaciones y la caída en el Congreso de las medidas del Gobierno han conseguido algo que durante años parecía difícil: colocar el acceso a la vivienda en el centro del conflicto político.
Y Sánchez ha decidido preguntar. Ahora les toca responder a los demás.
La primera incógnita es la derecha.
PP y Vox llevan meses construyendo buena parte de su alternativa sobre la crítica al Gobierno, la inmigración, la corrupción y la idea de cambio. Pero unas elecciones convocadas en este momento obligan a introducir otra cuestión: qué van a hacer con la vivienda.
Porque decir que hay que construir más es razonable. Decir que basta con quitar burocracia y poner suelo es bastante más discutible. Y aquí vuelve a aparecer el problema que planteábamos antes.
España necesita construir más vivienda allí donde existe una demanda que no puede ser atendida. Pero construir más no garantiza por sí mismo vivienda asequible. Durante el gran boom inmobiliario de finales de los noventa y primeros años dos mil construimos millones de viviendas y, al mismo tiempo, asistimos a una extraordinaria escalada de precios.
Pero la relación entre construir y abaratar no es automática. Por eso sigue siendo necesario hablar de suelo, licencias, costes, financiación, alquiler turístico, vivienda vacía, segunda residencia y vivienda pública. Pero también de algo que casi nunca aparece en el debate político: hacia dónde está dirigiéndose el capital. Si realmente fuera imprescindible construir, y diera un beneficio destacable, el mercado, las constructoras, el capital inversor, ya lo habría hecho sin esperar ninguna orden política.
Después de la crisis de 2008, una parte importante del capital buscó nuevas fuentes de rentabilidad. Y encontró oportunidades precisamente en ámbitos donde existen activos imprescindibles, mercados protegidos, regulación, concesiones o barreras de entrada: vivienda y suelo, energía, infraestructuras, determinados servicios y otros sectores en los que las decisiones públicas tienen una influencia decisiva.
No todo es un monopolio ni todo responde al mismo mecanismo. Pero sí hay una cuestión común: cuando resulta más rentable poseer un activo que producir algo nuevo, el capital tiene incentivos para comprar antes que construir.
El rentismo aparece entonces como una forma de obtener rentabilidad de la escasez, de la propiedad o de una posición privilegiada en un mercado, sin necesidad de aumentar proporcionalmente la producción. Y el Estado forma parte necesariamente de esa conversación.
Porque decide cómo se califica el suelo, qué se puede construir, qué concesiones existen, cómo se regulan determinados mercados, qué infraestructuras se financian y qué barreras de entrada existen.
Eso significa que el Estado no es responsable de todo el rentismo, pero sí tiene capacidad para modificar los incentivos que lo hacen posible. Por eso el debate sobre vivienda es mucho más profundo que el enfrentamiento entre inquilinos y propietarios.
La derecha habla de oferta. La izquierda habla de grandes tenedores.
Los primeros tienen parte de razón cuando señalan que sin construir no habrá suficiente vivienda. Los segundos cuando señalan que una vivienda puede convertirse en un activo financiero y dejar de cumplir prioritariamente su función residencial.
Pero ambos corren el riesgo de quedarse en la superficie si no hablan de la estructura de incentivos que determina dónde resulta rentable invertir.
Y ahora hay algo más importante todavía. Porque las elecciones ya están convocadas. Y en este punto creo que la izquierda debería hacerse una pregunta incómoda.
¿Qué ha ocurrido con el enfado social?
En 2016, cuando el país estaba atravesado por una enorme indignación política y social, buena parte de ese cabreo se fue hacia la izquierda. Podemos canalizó una parte enorme de aquella energía y llegó a disputar al PSOE el liderazgo del espacio progresista.
Hoy parece estar ocurriendo algo diferente. El cabreo social se está desplazando hacia la ultraderecha. Y esto debería preocupar más a la izquierda que cualquier encuesta.
Porque hay una diferencia entre movilizar a quienes ya están convencidos y conseguir que una persona enfadada, que siente que su vida empeora y que nadie le ofrece una solución, decida dónde colocar su enfado.
La extrema derecha tiene una respuesta. Es una respuesta dura, muchas veces inhumana, casi siempre ineficaz y en muchos ámbitos incompatible con derechos fundamentales. Pero es una respuesta.
Ante la vivienda, señala al inmigrante. Ante la inseguridad, señala al inmigrante. Ante la pérdida de poder adquisitivo, señala al extranjero, al político, a las élites o a quien considere responsable.
Simplifica la realidad hasta convertirla en una historia que cualquiera puede entender. Y eso es políticamente poderoso. Porque el enfado, por sí solo, no cambia de dirección porque le expliquemos al enfadado que está equivocado.
Tampoco parece suficiente responder a la ultraderecha únicamente con indignación contra la ultraderecha. Si alguien cree que no puede pagar su alquiler, que sus hijos no podrán emanciparse y que su salario no le permite vivir como vivían sus padres, decirle que Vox es peor no resuelve ninguno de esos problemas.
Hay que ofrecerle otra respuesta.
Y aquí Estados Unidos está ofreciendo una lección que merece la pena observar con atención.
Trump ha llevado hasta extremos difíciles de imaginar una política basada en el conflicto, el miedo y la identificación de culpables. Pero, al mismo tiempo, el espacio demócrata ha empezado a recuperar terreno allí donde ha conseguido hablar de algo mucho más sencillo: cuánto cuesta vivir.
Eso es precisamente lo que hizo Zohran Mamdani en Nueva York.
Su campaña insistió una y otra vez en problemas cotidianos: alquiler, transporte, cuidados, alimentación. Sus propuestas —congelación de determinados alquileres, transporte público gratuito, guarderías universales o medidas sobre el coste de los alimentos— podían ser discutibles, difíciles de financiar o difíciles de implementar. Pero tenían una virtud política elemental: eran soluciones concretas a problemas concretos.
No hacía falta que fueran perfectas. La gente necesitaba poder imaginar que podían funcionar. Y quizá ahí esté la lección.
Yo esperaría algo parecido de la izquierda española para estas elecciones. No un programa de quinientas páginas. No una revolución económica perfectamente diseñada. Ni siquiera una solución definitiva para la vivienda.
Espero algo bastante más sencillo: cinco, seis, siete medidas claras, realistas y reconocibles que se repitieran durante toda la campaña hasta conseguir que alguien pudiera terminar una conversación diciendo: “No sé si funcionará, pero por lo menos estos tienen un plan”.
Porque esa sensación es política. La sensación de que un problema tiene solución. La sensación de que alguien sabe qué quiere hacer. La sensación de que basta con tomar una decisión y ponerla en marcha.
Ahora mismo esa es una de las grandes fortalezas de la ultraderecha. Tiene respuestas simples.
El problema es que muchas de ellas consisten en expulsar personas, restringir derechos o convertir a determinados grupos en culpables de problemas que tienen causas económicas mucho más profundas.
Pero la izquierda no puede limitarse a explicar por qué esas respuestas son malas. Tiene que ofrecer otras.
Si alguien está desesperado por el precio de la vivienda, hay que decirle qué se va a hacer con el suelo, qué se va a construir, dónde, quién lo va a financiar, cuánto tardará y qué ocurrirá con los alquileres mientras tanto.
Si está preocupado por la inmigración, hay que explicar cómo se gestiona una frontera, cómo se integra a quien llega, qué necesidades laborales existen y cómo se evita que la inmigración se convierta en una fuente de explotación laboral y precariedad.
Si está preocupado por la inflación, hay que explicar qué puede hacer realmente un Gobierno y qué no puede hacer.
Si está preocupado por sus hijos, hay que hablar de vivienda, salarios, educación, cuidados y futuro.
No hace falta prometer que todo será fácil. Hace falta conseguir que parezca posible. Y aquí vuelvo a Sánchez.
No sé si ha convocado porque cree que puede ganar, porque cree que puede mejorar su posición, porque quiere evitar un desgaste mayor o porque considera que la pregunta que hoy puede plantear al país es mejor que la que podría plantear dentro de seis meses.
No podemos saberlo. Pero sí sabemos algo: ha decidido que ya existe una pregunta suficientemente clara como para poner las urnas de por medio.
Ahora la izquierda tiene menos de dos meses para encontrar su respuesta. Y también tiene que resolver su propia contradicción.
El Frente Amplio que prepara Sumar, con Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes, iba a presentarse el 17 de octubre como una nueva alternativa. El adelanto electoral obliga ahora a acelerar todos los tiempos y deja todavía abiertas cuestiones fundamentales, incluida la incorporación de Podemos y el liderazgo de la candidatura.
Pero la acampada también les impugna a ellos. Compartiendo diagnóstico y soluciones per les impugna.
Porque si lo que está naciendo en la calle es una nueva generación política, sería difícil explicar que la respuesta volviera a ser simplemente una reorganización de las mismas caras que llevan en primera línea desde el 15M.
No porque la experiencia no tenga valor. Sino porque una generación que hoy tiene treinta años no debería recibir como renovación a dirigentes que ya estaban haciendo política cuando esa generación empezaba a descubrirla.
Si realmente hay algo nuevo, las caras conocidas deberían saber dar paso a otra generación. Y quizá esto sea precisamente lo que necesita la izquierda española: menos nostalgia de lo que funcionó en 2015 y 2016 y más capacidad para entender por qué aquello ya no funciona igual.
En 2016 el enfado llevó a mucha gente hacia la izquierda. Ahora el enfado está encontrando otro camino. La respuesta no puede ser enfadarse todavía más. Puede que tampoco sea suficiente con resistir. Puede que la izquierda necesite volver a hacer algo mucho más difícil: hacer que la gente vuelva a tener ilusión por una solución.
No sabemos si ese cambio llegará a tiempo para estas elecciones. Quizá sea demasiado tarde. Quizá haya que pasar por cuatro años de realidad para que una parte de la sociedad descubra qué significa realmente dejar gobernar a quienes prometen soluciones basadas en el miedo, la exclusión y el enfrentamiento.
O quizá todavía estemos a tiempo de evitarlo. Eso, precisamente, es lo que estas elecciones van a decidir. Pero una cosa sí parece clara. El enfado ya tiene quién lo canalice.
La pregunta para la izquierda no es cómo enfadarse más. Es si será capaz de convencer a alguien de que hay otra manera de resolver las cosas.