Hay imágenes que resumen un problema mejor que cualquier estadística. La de Maricarmen, una mujer de 87 años, saliendo en camilla de la casa en la que había vivido durante 71 años, es una de ellas.
No hace falta conocer todos los detalles jurídicos de su caso para entender lo que aquella imagen provoca. Durante décadas pagó su alquiler. Su renta antigua rondaba los 500 euros. La vivienda cambió de manos y el nuevo propietario pretendió elevarla hasta los 2.650 euros mensuales, una cantidad muy por encima de su pensión de 1.350 euros. Después llegaron los recursos, los intentos de desahucio y una batalla que terminó con una anciana en silla de ruedas abandonando su casa.
Maricarmen no es toda la crisis de la vivienda. Pero probablemente sea uno de sus mejores símbolos.
Porque detrás de su historia hay algo mucho más grande que un conflicto entre una propietaria y una inquilina. Está la constatación de que en España cada vez resulta más difícil responder a una pregunta que debería ser elemental: dónde puede vivir dignamente una persona cuando el precio de la vivienda crece mucho más deprisa que su capacidad para pagarlo.
Y ya no hablamos solamente de jóvenes que no pueden emanciparse. Hablamos de familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler, de trabajadores que pueden tener empleo pero no acceso a una vivienda en la ciudad donde trabajan, de personas mayores que pueden acabar expulsadas de barrios en los que han vivido toda su vida y de clases medias que descubren que unos ingresos razonables ya no garantizan algo tan razonable como poder alquilar o comprar una casa.
La vivienda ha dejado de ser un problema sectorial. Es un problema social. Y quizá por eso resulte tan difícil de entender la lentitud de la política para reaccionar.
Pedro Sánchez dijo que esta tenía que ser «la legislatura de la vivienda» y que esta debía convertirse en el quinto pilar del Estado del bienestar. El Gobierno ha aprobado medidas, planes, ayudas y recursos económicos. Sería poco riguroso afirmar que no ha hecho nada.
Pero la cuestión no es si ha hecho algo. La cuestión es si ha hecho lo suficiente, si lo ha hecho a tiempo y si sus medidas están consiguiendo cambiar la realidad de quienes hoy buscan una vivienda y no pueden pagarla.
Porque cuando un Gobierno convierte una cuestión en una de las grandes promesas de su legislatura, también acepta que será juzgado por ella. Y la realidad corre más deprisa que la Administración.
Desde el sábado Madrid está ofreciendo una imagen que el Gobierno debería observar con atención. Miles de personas salieron a la calle bajo el lema «Ni una Maricarmen más». La manifestación terminó frente al Congreso y después un grupo de participantes decidió permanecer en Sol, acampando a la espera de lo que ocurra este martes.
No es necesario convertir la protesta en una revolución social para entender su significado. Basta con observar qué está ocurriendo: la vivienda ha conseguido algo que durante años parecía difícil. Ha unido en la misma preocupación a personas que normalmente votan cosas muy distintas.
El Gobierno haría mal en seguir pensando que puede administrar este asunto a base de anuncios, negociaciones y explicaciones parlamentarias. Porque el problema ya no está en un expediente. Está en la calle.
El PSOE ha sorteado varias crisis con su habitual escurrir el bulto, mirar hacia otro lado y culpar a sus sospechosos habituales. La semana pasada se abstuvieron al votar una ley para prohibir los fondos buitre "porque estaba mal redactada". En toda esta legislatura, incluida su Ley de Vivienda, no han propuesto nada nuevo. Y cuando hablan es para decir que todo es culpa de Ayuso. No se sabe para qué existe el Ministerio de Vivienda porque en este caso es más que evidente que es el máximo responsable. No solo uno más. El máximo responsable y hay que recordar que siempre se ha puesto del lado de los propietarios y los rentistas en el tema de la vivienda. Siempre. Nunca cuestiona la propiedad, ya que se trata de su base electoral más sólida.
Sin embargo, ya está intentando que esta situación le resulte más cara políticamente al PP que al propio PSOE. Y no sería extraño que volverá a conseguirlo. No es la primera vez que a Sánchez le sale bien la jugada, especialmente cuando tiene la inestimable ayuda del PP de Feijóo. Porque precisamente cuando uno esperaría que la política se concentrase únicamente en la vivienda, vuelve a ocurrir algo muy español: conseguimos hablar de otra cosa.
El jueves, por ejemplo, el mismo día del desahucio de Maricarmen, el Congreso dedicó una considerable atención a un bote de gas pimienta.
La diputada del PP Ana Belén Vázquez decidió exhibir en el hemiciclo un spray de defensa personal para denunciar la situación de inseguridad que, según sostiene, viven las mujeres y los escolares de Ceuta. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, le pidió que abandonara el hemiciclo porque la normativa parlamentaria impide exhibir armas y el Reglamento de Armas incluye los sprays de defensa personal entre las armas cuya tenencia está prohibida, con las excepciones previstas legalmente.
Hasta ahí podría haber quedado en una polémica parlamentaria más. Pero no quedó ahí.
Después, un trabajador del PP reconoció haber manipulado el spray en un baño del Congreso a petición de la diputada para limpiarlo. Al accionar el pulverizador salió gas, se cerraron varias dependencias y varias personas tuvieron que recibir atención por las molestias ocasionadas.
La diputada quería denunciar la inseguridad de Ceuta llevando un spray al Congreso. Terminó provocando un problema de seguridad dentro del Congreso. Es difícil imaginar una metáfora más perfecta. Pero sería demasiado sencillo quedarse ahí y concluir que Ana Vázquez es simplemente una diputada que se equivocó.
El problema es otro. El problema es que alguien tiene que dirigir el partido. Y ahí aparece Alberto Núñez Feijóo.
Porque Feijóo no es responsable de cada frase de cada diputado del Partido Popular. Pero sí es responsable de la dirección política de su partido. Y la autoridad de un líder no se demuestra solamente cuando todo sale bien. Se demuestra, sobre todo, cuando alguien bajo su dirección se equivoca y hay que decidir si se corrige, se rectifica o se redobla la apuesta.
Y esta semana Feijóo decidió respaldar a su diputada y cuestionar a la presidenta del Congreso. Quizá ahí esté el verdadero problema. No en el spray. En la incapacidad para entender que no todo lo que genera ruido genera política.
Feijóo tiene delante un Gobierno con enormes dificultades. El propio líder del PP ha definido la vivienda y la crisis de Ceuta como síntomas de un «fallo sistémico» del Gobierno. Su partido tiene, además, una propuesta concreta en materia de vivienda: promete desbloquear un millón de viviendas si llega al Ejecutivo y Feijóo sostiene que la crisis exige construir más de un millón de nuevas viviendas. Podríamos preguntarnos si eso servirá de algo, si no es demasiado simplista o, incluso, si alguien que cree en el libre mercado no debería preguntarse por qué el libre mercado no quiere producir un millón de viviendas si España reamente necesitara un millón de viviendas. Pero, bueno, eso es otra cuestión. El caso es que, en principio, argumentos, no le faltan. Y tampoco le faltan problemas al Gobierno al que pretende sustituir.
Lo que falta es convertir todo eso en una alternativa política que domine la conversación.
Porque desde que Feijóo asumió el liderazgo del PP ha tenido una oportunidad excepcionalmente larga para demostrar que puede hacerlo. Ganó las elecciones de 2023 en escaños, pero no consiguió ser investido presidente: obtuvo 172 votos frente a 178 en la primera votación y perdió también la segunda. Desde entonces, Sánchez ha conseguido mantenerse en La Moncloa pese a las dificultades parlamentarias y a un desgaste político considerable.
No hace falta afirmar que todos los problemas de Sánchez deberían haber provocado automáticamente su caída. Eso sería convertir la política en una suma mecánica de escándalos y errores. Pero sí cabe preguntarse por qué una oposición que dispone de semejante cantidad de argumentos contra el Gobierno no consigue convertirlos con mayor eficacia en una alternativa de poder.
Y aquí la responsabilidad de Feijóo es inevitable. Porque un líder puede delegar muchas cosas. Puede delegar discursos, portavocías, campañas e incluso errores. Lo que no puede delegar es la dirección política.
Si Ana Vázquez hace una performance con un spray y termina provocando que una sesión parlamentaria sobre Ceuta quede eclipsada por un incidente en los baños del Congreso, no estamos solamente ante un problema de una diputada. Estamos ante un problema de criterio.
Y si el líder del partido, en lugar de cerrar rápidamente el episodio y devolver la conversación a Ceuta, decide convertirlo en una batalla contra la presidenta del Congreso, entonces el problema ya no es de la diputada. Es del liderazgo.
Porque el PP no necesita parecerse a Rufián para ganar al PSOE. Necesita parecerse a una alternativa de Gobierno. Y eso exige algo bastante más difícil que hacer ruido: tener autoridad para decirle a los propios que no todo vale, elegir las batallas, ordenar el mensaje y mantener el foco.
Mientras en Sol hay personas durmiendo en tiendas porque quieren saber qué hará el Gobierno con el problema de la vivienda, el principal partido de la oposición debería estar hablando de cuánto cuesta construir, de cuánto suelo hay disponible, de qué hacer con el alquiler, de vivienda pública, de jóvenes, de mayores, de pequeños propietarios y de cómo se consigue que dentro de cinco años haya muchas más casas a precios que la gente pueda pagar.
El PP tiene propuestas sobre algunas de esas cuestiones. Feijóo las ha expuesto. El problema es de credibilidad y de que demasiadas veces parecen quedar sepultadas bajo el ruido de la batalla política diaria. Y eso también es responsabilidad de su líder.
Porque Sánchez puede seguir gobernando gracias a sus socios, a la fragmentación parlamentaria, a sus propias habilidades políticas o a la incapacidad de sus adversarios para construir una alternativa. Seguramente hay una combinación de todos esos factores.
Pero hay algo que sí resulta difícil de negar: la supervivencia política de un Gobierno no depende únicamente de sus aciertos. También depende de la capacidad de quienes quieren sustituirlo para ofrecer algo más convincente.
Y ahí Feijóo tiene una responsabilidad que no puede trasladar a Ana Vázquez, ni a sus portavoces, ni a sus asesores.
El PSOE tiene un problema con la vivienda porque prometió convertirla en una prioridad y todavía no ha conseguido resolver una crisis que cada día afecta a más ciudadanos. El PP tiene otro problema: puede tener delante ese fracaso y aun así no conseguir que su alternativa ocupe el centro de la conversación.
Uno tiene que demostrar que sabe gobernar. El otro, que sabe hacer oposición. Y mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando.
Esperan una casa. Un alquiler que puedan pagar. Una solución que no llegue después de que los hayan echado de ella. Esperan, en definitiva, que la política vuelva a ocuparse de sus problemas en lugar de convertir sus problemas en material para sus espectáculos.
Y que dejen de engañarnos, de intentar simplificar los problemas como si fuéramos niños. En concreto, y en el tema de la vivienda, queda mucho por debatir, y poco se va a resolver en el Consejo de Ministros. Especialmente hasta que no empecemos a hablar claramente y a no confundir algunas cuestiones fundamentales: no es lo mismo la composición de los propietarios con vivienda en alquiler y la concentración del stock de viviendas en alquiler; la vivienda, por más que algunos supuestos expertos en economía insistan, es uno de los bienes a los que no se les puede aplicar la ley de la oferta y la demanda, porque es un bien imprescindible que nadie puede “dejar de consumir”; la seguridad jurídica necesaria en el mercado del alquiler es en ambas direcciones, como en el laboral, necesidad de contratos indefinidos y posibilidad de “despedir” según las circunstancias; el alquiler es, y debería tratarse, como cualquier actividad económica, lo que implica licencias, normativas, tasas, impuestos, etc. Todos podemos entender estas y otras ideas pero al final nos reducen los debates a “construir”, “desahucios” y “propiedad”.
En definitiva, al PSOE le puede ir mal si no resuelve la vivienda. Al PP le puede ir bien electoralmente si consigue aprovechar ese malestar. Pero ninguna de las dos cosas garantiza que a España le vaya mejor.
Porque la política no debería consistir en esperar que al adversario le vaya mal. Debería consistir en conseguir que a los ciudadanos les vaya mejor. Y mientras unos acampan en Sol esperando qué hará el Gobierno la próxima semana, quizá convendría que en Moncloa entendieran que la paciencia social también tiene un límite. Si no quieren acabar como su admirado Zapatero.
Y que en Génova entendieran algo todavía más sencillo: que para demostrar que el Gobierno tiene problemas no hace falta llevar un spray al Congreso. Hace falta tener una alternativa. En política se puede hacer casi todo. Menos el ridículo.