Hay lugares en los que los problemas llegan bastante antes que las soluciones. Ceuta es uno de ellos. Y quizá por eso lo que está ocurriendo allí no debería contemplarse únicamente como una crisis migratoria, ni siquiera como una crisis fronteriza. Es también el retrato bastante preciso de una política como la que sufrimos a diario, que se encuentra más cómoda explicando los problemas que gestionándolos.
Lo ocurrido desde el 30 de julio es suficientemente grave como para no necesitar adornos. Decenas de miles de personas protagonizaron una entrada masiva desde Marruecos y, casi cincuenta días después, miles continúan en la ciudad. El 18 de septiembre, 1.700 fueron trasladadas a un nuevo dispositivo de acogida instalado en el puerto, mientras el Gobierno calcula que todavía permanecen entre 9.000 y 10.000 migrantes en Ceuta. Las instalaciones se llenaron en pocas horas y quienes no pudieron acceder regresaron, en muchos casos, a los asentamientos de las playas.
Es difícil encontrar una imagen más clara de lo que significa gestionar una emergencia con recursos pensados para otra realidad. Y también de la diferencia entre reaccionar ante un problema y haberlo previsto.
En un informe del Real Instituto Elcano conocido esta semana se apunta precisamente en esa dirección, al hablar de un fallo funcional del Sistema de Seguridad Nacional para anticipar adecuadamente la entrada masiva ocurrida en Ceuta. Había información e indicios sobre el incremento de la presión migratoria, pero no se integraron ni utilizaron de forma suficiente para activar con antelación los mecanismos de coordinación. La situación no fue declarada de interés para la Seguridad Nacional hasta el 25 de agosto, varias semanas después de los hechos. El análisis advierte, con buen criterio, de que una activación temprana no garantiza que la crisis pudiera haberse evitado, aunque sí habría permitido preparar mejor la respuesta.
Y aquí aparece uno de los problemas que menos titulares, pero más daño, produce a nuestra sociedad: una Administración puede tener policías, servicios sociales, instalaciones de acogida, inteligencia, diplomacia y recursos económicos y, aun así, llegar tarde si cada pieza trabaja mirando únicamente su propia parcela. Las emergencias tienen la mala costumbre de no avisar de qué ministerio son competencia. Mucho menos preguntan quién gobierna cada comunidad autónoma. Y ya nos ha ocurrido unas cuantas veces, con un Gobierno y con el contrario. Porque después de cada desastre o problema llega, desgraciadamente, esta forma de hacer política, que tiene una admirable capacidad para demostrar sus peores maneras en el momento más inoportuno.
En esta ocasión, de nuevo, una vez producida la crisis, Gobierno y oposición intercambian responsabilidades, las comunidades autónomas discuten sobre el reparto de menores y cada administración explica por qué la solución depende, fundamentalmente, de que otra haga algo. No es que las responsabilidades institucionales no deban exigirse. Precisamente porque existen distintas administraciones, alguien tiene que responder de lo que hace, de lo que no hace y de lo que llega tarde. El problema aparece cuando exigir responsabilidades termina sustituyendo a la búsqueda de soluciones. Una emergencia no debería necesitar afinidad política para ser atendida.
El debate sobre los menores no acompañados es probablemente el ejemplo más evidente. España lleva demasiado tiempo discutiendo sobre solidaridad territorial como si se tratara de repartir una herencia familiar en la que todos sospechan que les ha tocado la peor parte. Mientras tanto, Ceuta tiene una capacidad ordinaria de acogida muy inferior a la presión que está soportando y los mecanismos de derivación a otras comunidades se convierten periódicamente en otra batalla política.
Hay algo particularmente absurdo en discutir durante semanas sobre quién debe hacerse cargo de un menor que ya está físicamente aquí. Se puede debatir el modelo, cambiar las reglas y exigir recursos. Lo que resulta más difícil de explicar es que el niño tenga que esperar a que los adultos terminen de ponerse de acuerdo sobre quién tiene razón.
Y la cuestión no termina en España.
La migración es ya un fenómeno europeo, pero seguimos gestionándola fundamentalmente como un problema nacional, autonómico o incluso municipal. La Unión Europea ha puesto en aplicación este mismo año su nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que incorpora mecanismos de solidaridad para aliviar la presión sobre los Estados sometidos a una presión migratoria significativa. Es decir, Europa reconoce sobre el papel algo bastante elemental: quien está en la frontera exterior no puede asumir en solitario las consecuencias de ser frontera exterior. Sin embargo, esto no se traslada a la práctica, y la UE sigue obligando a cada país a un determinado papel sin proporcionarle los recursos para desempeñarlo. Algo muy europeo.
Dentro de España, al contrario, seguimos discutiendo cómo repartir las consecuencias entre territorios. No unificamos el problema, como la UE, aunque tampoco damos los recursos económicos y administrativos para que se resuelva. Nuestros problemas se han hecho transnacionales, pero nuestra política continúa siendo territorial. Y en Ceuta hay, además, un actor que no puede quedar relegado al papel de simple paisaje: Marruecos.
España y Marruecos mantienen una relación estratégica que afecta al comercio, la seguridad, la lucha contra el terrorismo, la migración y numerosos intereses económicos y diplomáticos. Francia ha reforzado también su relación con Rabat y considera a Marruecos un socio estratégico en distintos ámbitos. No es, por tanto, un vecino cualquiera al otro lado de una frontera. Es un Estado con peso regional, relaciones internacionales propias y capacidad para influir directamente sobre una cuestión especialmente sensible para España y para Europa.
Eso explica buena parte de la complejidad del asunto, pero no debería servir para ocultarla.
Marruecos tiene sus propios intereses y conoce perfectamente el valor estratégico de su posición. Cuando un país controla el otro lado de una frontera exterior europea, esa frontera puede convertirse también en una herramienta de poder.
La investigación abierta sobre la entrada masiva de finales de julio deberá determinar cómo se produjeron los hechos y qué grado de organización existió. El informe de la Policía Nacional remitido a la Audiencia Nacional describe los movimientos como planificados y señala una actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes que, según ese documento, fue extraordinariamente permisiva. También apunta a posibles actuaciones de agentes marroquíes relacionadas con el control o guiado de los movimientos. La investigación tendrá que establecer qué ocurrió exactamente y hasta dónde llegó esa participación. Aunque todos nos hacemos una idea de lo que pasó.
Conviene no convertir una investigación en una sentencia. Pero tampoco parece razonable comportarse como si Marruecos hubiese sido un espectador completamente ajeno a lo sucedido. Ahí aparece una de las preguntas más incómodas de toda esta crisis: ¿cómo se mantiene una relación estratégica con un país del que necesitamos cooperación sin convertir esa dependencia estratégica en una vulnerabilidad?
La respuesta no puede ser romper relaciones. España necesita a Marruecos en demasiados ámbitos y Europa también. Pero tampoco puede consistir en aceptar que la necesidad de cooperación convierta determinados asuntos en terrenos donde resulte incómodo preguntar demasiado.
Y para empezar no estaría de más dejarnos de hipocresías. Nadie, ni Gobierno ni oposición se va a enfrenar realmente a Marruecos porque su peso internacional, especialmente por su especial relación con EE. UU. y Francia, no lo permite. En lugar de acusaciones contra Sánchez, que las merece y no sólo ahora (ya se tragó sus palabras con el Sáhara), bien podrían Feijóo y Abascal advertirles a Trump y a Macron que con España no se juega, ¿verdad? Pero a eso no se atreven ni Santiago ni Alberto.
Aceptar a un régimen como interlocutor diplomático es realismo internacional. Convertir ese realismo en silencio sobre sus actuaciones sería otra cosa. Pero España no ha sabido enfrentar esta cuestión con orgullo y valentía. Y existe, además, una dimensión territorial que hace todo todavía más delicado. Marruecos mantiene una reivindicación sobre Ceuta y Melilla, tan arraigada como la nuestra con Gibraltar, de manera que una crisis migratoria puede adquirir también una dimensión de identidad nacional y de política exterior. España puede terminar politizando Ceuta desde Madrid y Marruecos desde Rabat. Y mientras los Estados manejan sus intereses, la ciudad queda atrapada en medio.
Quizá por eso convenga volver a las personas, que suelen ser la parte menos rentable de cualquier debate político.
Hablar de «los migrantes» como si fueran una categoría homogénea simplifica una realidad mucho más compleja. Hay situaciones jurídicas distintas, historias diferentes y personas que recibirán respuestas administrativas diferentes. Algunos podrán solicitar protección internacional; otros no cumplirán los requisitos para permanecer y deberán afrontar los procedimientos legales correspondientes. La obligación de las instituciones es estudiar cada caso y actuar conforme a la ley.
Pero defender los derechos de quienes llegan tampoco debería significar ignorar a quienes viven allí.
Los ceutíes tienen derecho a que sus servicios públicos funcionen, a recuperar la normalidad de sus playas y calles, a que las fuerzas de seguridad dispongan de medios suficientes y a no vivir permanentemente con la sensación de que su ciudad es el escenario de problemas que otros discuten desde cientos de kilómetros de distancia. Quienes han llegado, por su parte, tienen derecho a un trato digno, a asistencia y a que su situación sea examinada individualmente conforme a la ley.
No deberíamos tener que escoger entre la dignidad de quien llega y la tranquilidad de quien vive allí.
Precisamente por eso resulta tan pobre convertir el asunto en una batalla entre bloques. La realidad no ofrece esa comodidad. Ceuta demuestra que los problemas del siglo XXI no vienen separados en carpetas: la migración es al mismo tiempo una cuestión humanitaria, de seguridad, económica, diplomática y europea; Marruecos es vecino, socio, potencia regional y un Estado con intereses propios; y la frontera es una línea física, pero también un instrumento político.
Lo que falta, por tanto, no es otra declaración de principios. Faltan planificación, coordinación, capacidad de anticipación y una política migratoria capaz de sobrevivir a los cambios de Gobierno. Falta también una estrategia europea que asuma que la frontera sur no es un problema ocasional y una relación con Marruecos que combine cooperación y defensa firme de los intereses españoles. En realidad, tampoco sería pedir demasiado.
Quizá el problema sea que gestionar la complejidad tiene una desventaja electoral evidente: no cabe demasiado bien en una frase, no produce un culpable único y rara vez ofrece resultados en una rueda de prensa.
La política actual, sin embargo, sigue necesitando respuestas rápidas porque las elecciones tienen calendario. La realidad no. La realidad tiene la desagradable costumbre de continuar al día siguiente.
Y Ceuta continuará allí.
Con sus migrantes, sus vecinos, sus playas, sus servicios públicos, sus fuerzas de seguridad y sus problemas. Todos ellos tendrán que seguir conviviendo cuando terminen las declaraciones, cuando cambien los titulares y cuando los partidos hayan pasado a discutir sobre otra cosa.
Quizá ese sea el verdadero espejo que nos devuelve Ceuta: no que la política no tenga respuestas, sino que tiene demasiadas respuestas electorales y demasiado pocas respuestas de Estado.
Porque mientras Madrid, Rabat y Bruselas discuten sobre responsabilidades, competencias, fronteras y estrategias, en Ceuta hay personas que no están participando en ningún debate. Simplemente están viviendo sus consecuencias.
Y para ellos, esto no es política. Es su vida.