APROMPSI se moviliza ante una situación “insostenible”

APROMPSI ha inicia hoy movilizaciones ante lo que califican como una situación crítica respecto a la financiación del servicio que prestan a personas con discapacidad, sus familias y los profesionales que trabajan en la institución.

APROMPSI denuncia una financiación insostenible por la creciente carga de costes: aumentos salariales, incrementos en los precios de suministros, mantenimiento y nuevas exigencias legales y normativas. Con una trayectoria de 60 años y más de 300 trabajadores, denuncian que esta situación es “inasumible”.

Ana Quilez, presidenta de APROMPSI en la provincia de Jaén ha confirmado que “esta será la primera de una serie de movilizaciones de todas las entidades que trabajan en la discapacidad bajo el paraguas de CERMI Andalucía”, Plataforma de representación, defensa y acción en beneficio de las Personas con Discapacidad y sus familias en Andalucía.

En septiembre CERMI Andalucía tuvo una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, “esta reunión supuso una decepción ya que no recibimos apoyo ninguno”. Por ello en esta movilización participan familias, profesionales y personas con discapacidad.
Es la respuesta tras varias reuniones en la Junta de Andalucía “en la que se había plateado una relativa subida de subvenciones pasa asumir los costos que es totalmente insuficiente”. Ya que como dice el precio de los costes y por plaza “ha subido muchísimo y nos quedamos muy por debajo de lo que sería asumir el simple mantenimiento”.

Quilez además ha matizado que esta atención a la discapacidad “es un derecho que tiene que estar contemplado en su totalidad por los distintos gobiernos”.

En el manifiesto común que hoy se ha leído en todos los centros se insta al Gobierno Central a que se elabore y apruebe un plan para la viabilidad del sistema de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a personas en situación de dependencia, que pasa por asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios. Por ello hay que incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración general del Estado (AGE), en función del número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva; y así alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración. A la Junta de Andalucía: un nuevo modelo de financiación que financie los servicios públicos que se nos encomienda por falta de medios propios para prestarlos. Un modelo que permita cubrir no solo los costes de funcionamiento, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades de cada persona.

Uno de estos centros provinciales es el de María Mackay de Cazorla.
Hoy en el Complejo Asistencial María Mackay de Cazorla, han protagonizado una concentración y lectura de manifiesto con sus reivindicaciones. Este centro atiende a unos 24 residentes gravemente afectadas y 14 en el taller ocupacional, además del CAI o atención temprana, que atiende a muchos niños de la comarca. Como explica Olaya Plaza monitora del Centro Ocupacional, “se pide una financiación justa para todos los centros, que se haga un estudio claro de los gastos reales de este servicio, del coste real para que los usuarios tengan una financiación del 50 % para que los centros podamos continuar dando este servicio con la misma calidad o mejor, sin una financiación fantasma que en realidad no llega”.