El pleno rechaza levantar la suspensión de los juicios con Aqualia

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha rechazado este viernes levantar la suspensión de los procedimientos judiciales iniciados en el anterior mandato con Aqualia al entender que había cobrado cantidades indebidas fruto de "situaciones irregulares" que contravenían el contrato por el que le fue adjudicada la gestión del agua, de modo que se pretenden recuperar para las arcas municipales.

La sesión, de carácter extraordinario y que ha tenido este único punto en el orden del día, se ha celebrado tras la solicitud registrada por el PSOE, que gobernó el pasado mandato junto a CS. Se ha quedado solo en su petición de levantar esa suspensión, ya que PP, Jaén Merece Más y Vox han votado en contra.

El concejal socialista Francisco Lechuga ha puesto de relieve la labor de control de las concesionarias llevada a cabo durante su gobierno. En el caso de Aqualia, ha aludido a dos aspectos concretos: los costes unitarios de 2019 a 2021 y la legalidad de los convenios que las sucesivas corporaciones municipales habían formalizado.ç

En ambos casos, se detectaron "situaciones irregulares" que determinaban unas consecuencias económicas importantes a favor del Consistorio. En este sentido, ha precisado que "el Ayuntamiento es el demandado por haber dictado actos administrativos que, según la otra parte (Aqualia), vulneran sus derechos".

"Lo que queremos es que se levante esa suspensión, que no se tarde ni un minuto en que el Ayuntamiento pueda recibir lo que le corresponde (...). Se trata de restituir el daño causado a todos los jiennenses", ha dicho. En este punto, ha detallado que uno de los dos procedimientos "ya está pendiente de sentencia" y el otro, de la prueba testifical, que estaba fijada, pero no se celebró precisamente por la solicitud de suspensión por el actual gobierno local.

Al respecto, ha afeado el silencio de JM+ y el intento del PP de "desacreditar" el "esfuerzo" del anterior equipo de gobierno. "Si no hubiéramos detectado esas irregularidades, que hasta ahora nadie había puesto encima de la mesa, no estaríamos hablando de un solo euro, permitiendo que se siguieran esquilmando las arcas municipales", ha dicho.

En este sentido, y tras subrayar que estos procedimientos se llevan por parte de los propios servicios jurídicos del Consistorio, Lechuga ha considerado que la postura 'popular' solo sirve para "debilitar la posición del Ayuntamiento ante un posible escenario de negociación con la empresa".

TIEMPO PARA ESTUDIAR LOS CASOS

De su lado, el concejal responsable de Control de Empresas Concesionarias, Vicente Oya, ha intervenido para defender la posición del equipo de gobierno (PP-JM+). En este sentido, ha hecho hincapié en que, sin entrar en "el fondo del asunto", se ha "pedido tiempo para poder estudiar y ver la trascendencia de estos procedimientos".

"La suspensión no significa renuncia a ningún tipo de derecho que este Ayuntamiento pueda tener, no significa un allanamiento a las pretensiones de ninguna concesionaria, no significa un desestimiento de cualquier actuación que podamos tener", ha explicado el también tercer teniente de alcalde.

Al hilo, ha asegurado que lo único que se ha hecho es "pedir 60 días" ante procesos complejos con "más de 4.500 folios". El objetivo es "controlar el tema" y las repercusiones que puede haber, puesto que hay dos partes y se puede tanto ganar como perder y está "en juego los intereses de los jiennenses".

Por parte de Vox, Eduardo Calvo se ha referido a la "situación compleja jurídicamente" y "dilatada en el tiempo desde 1997". Ha dicho no renuncian ni dan por perdidas las cantidades económicas que una sentencia favorable pudiese suponer para el Consistorio al Ayuntamiento, si bien ha abogado por actuar "con responsabilidad".

"Y entendemos como responsables los aplazamientos de las causas para poder estudiar más detenidamente la situación y evitar perjuicios mayores al Ayuntamiento", ha indicado el edil, sin descartar, además, que "se pueda llegar quizás a un acuerdo con la empresa concesionaria".

LOS PROCEDIMIENTOS

La revisión de la situación de Aqualia en el pasado mandato motivó la apertura de dos procedimientos judiciales distintos, según informó el PSOE. Los autos número 69/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Jaén, correspondiente a la revisión de costes unitarios de 2019, 2020 y 2021 y que tendrían en su caso unas consecuencias económicas a favor del Ayuntamiento estimadas en torno a 8,3 millones de euros.

Desde el grupo socialista se destaca, además, que en caso de tener sentencia favorable del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo se hubiera iniciado un expediente de reclamación por declaración de lesividad correspondiente además al periodo 1997/2018 por importe de 23,8 millones a favor del Ayuntamiento.

En segundo lugar, los autos número 232/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Jaén, cuyo objeto es la nulidad de los sucesivos convenios formalizados con Aqualia y que arrojaba una cuantía económica estimada a favor del Ayuntamiento de 31,6 millones de euros.

Declaraciones de Millán

Julio Millán, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, ha señalado que en el Ayuntamiento de Jaén “hay un acuerdo de tres fuerzas de derechas que defienden más los intereses de una empresa privada que los de los vecinos y vecinas de Jaén que han defendido los técnicos municipales, los letrados del Ayuntamiento y el anterior equipo de Gobierno".

"Esa posición de las tres derechas ha destacado la del portavoz de Jaén Merece Más, Manuel Carlos Vallejo, que se ha parapetado en este pleno tras el PP aceptando su decisión de paralizar los procesos", ha recalcado. Además, ha afirmado: “Ya quedan más allá del PP, su portavoz evidencia para lo que han venido a Jaén, para convertirse en muleta del PP y echar al PSOE del Ayuntamiento”.

“Los vecinos y vecinas de Jaén hemos sido engañados y lo que el PP no quiere es que todo esto salga a la luz y quede reflejado en una sentencia judicial, por eso un acuerdo taparía todo esto, inversiones que deberían haber llegado a la ciudad en colegios, barrios e instalaciones deportivas y que ahora queremos que regresen para arreglar calles y reducir la factura al ciudadano”, ha añadido.

Además, Millán ha explicado que en la sesión plenaria de este viernes se ha evidenciado que las tres fuerzas políticas se han plegado al interés de la multinacional y no el de la ciudadanía dejando entrever que va a haber un acuerdo que ni con mucho permitirá llegar al importe esquilmado durante 26 años.

Asimismo, ha señalado que el PP se escuda en la mentira de que paraliza el proceso durante 60 días para tener información “no le vale con que sus técnicos, letrados o el propio concejal saliente le expliquen. Es más, ya ha pasado un mes y no tienen aún estudiado nada”.