La movilización ciudadana paraliza un desahucio en la capital

La procuradora y la representación legal de la propiedad han aceptado aplazar por 20 días la orden de desahucio de una familia con tres menores

 Desahucio

Foto: EXTRA JAÉN

El desahucio ha sido aplazado tras la movilización social y la negociación entre la PAH y la comisión judicial.

La procuradora y la representación legal de la propiedad han aceptado aplazar por 20 días la orden de desahucio de un matrimonio de la capital con tres hijos menores de edad.

A la concentración convocada previamente, ha acudido un buen número de personas, cuya entrega y esfuerzo ha valorado la familia.




La orden de desahucio sigue en pie, pero el matrimonio dispondrá de unos días más para intentar encontrar una solución a su situación, ya que dan veinte días para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie en relación a las medidas cautelares solicitadas por la familia; el abogado de oficio lo comunique al Juzgado de Instrucción número 1 y para que la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento propongan desde el Registro de Demandantes de Vivienda y adjudiquen, respectivamente, una vivienda pública.

"La actitud de todos ha sido pacífica y positiva", explica la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Isabel Mateos, que ha manifestado a los asistentes que es "muy grave que dejen en la calle a esta familia vulnerable que cumple con los requisitos del decreto antidesahucios hasta el 31 de diciembre de este año, con un recurso interpuesto, sin esperar al dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sin vivienda alternativa alguna".

El Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén ha hecho "caso omiso de la solicitud de medidas cautelares elevada por la familia ante el tribunal de Estrasburgo y que el abogado de oficio ha trasladado al juzgado", reconoció Mateos.

Tampoco ha concedido más tiempo a las administraciones públicas conocedoras de esta situación para que encuentren un recurso habitacional.

Han apoyado la concentración de hoy ante la puerta de la vivienda del matrimonio afectado la PAH,  junto con AABI, CEIM, la Fundación Proyecto don Bosco, Cáritas, “Passo”, “La Unión”, la Delegación Episcopal para la Pastoral del Trabajo, la HOAC, la comunidad salesiana de San Juan Bosco, la Asociación Juvenil Centro Juvenil Domingo Savio y organizaciones y asociaciones vinculadas al espacio “Estrategia 128” entre otros colectivos.

Los apoyos también se han traducido en estos "duros días en acompañamiento y cuidado"; en pagarles el trastero donde han recogido sus enseres; en proporcionarles comida; en una mudanza hecha con trabajo militante; en conseguirles un contrato de trabajo temporal, en muchos escritos y llamadas a las distintas administraciones, inmobiliarias, abogado de oficio, Defensor del Pueblo Andaluz, en mandar faxes al Comité de Derechos Económicos y Sociales del Tribunal de Estrasburgo…

Situación de la familia

La familia conformada por Luis y Diana, con tres menores de 15, 5 y dos años de edad  se encuentra en una situación "más que evidente de vulnerabilidad social". Sólo la madre ha encontrado empleo en el servicio de ayuda a domicilio, de momento, hasta el mes de agosto, por el que percibe algo más de 500 euros.

A pesar de que la familia cumple con los requisitos del decreto anti desahucios, ampliado y en vigor hasta el 31 de diciembre de este año, la justicia "parece ser inmune ante el dolor humano que situaciones como esta provocan", valora Mateos,

La Plataforma anti desahucios lleva meses llamando a la puerta de diversos organismos públicos, como el Decanato del Poder Judicial en Jaén, el Defensor del Pueblo Andaluz, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la localidad.

Los vecinos plasmaron en diciembre su firma en un escrito de apoyo a Luis y Diana y están convocados a hacerse presente frente al inmueble en un intento desesperado por paralizar la orden judicial emitida sin tener en cuenta el abandono en el que queda la familia, que ha expresado su disposición a pagar un alquiler asequible, fuera de los precios actuales del mercado, e incluso ha llegado a entablar conversaciones con las administraciones para sondear la posibilidad de habitar alguna de las viviendas públicas disponibles.