La UCO concluye sin éxito la búsqueda del temporero desaparecido

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado por el momento por finalizadas las labores de búsqueda y rastreo que han llevado a cabo durante más de dos semanas en diversos parajes de Villacarrillo (Jaén) para intentar localizar pistas que lleven a dar con el paradero de Ibrahima Diouf, el temporero senegalés de 33 años desaparecido en enero de 2021.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a Europa Press que se han retirado los medios de apoyo empleados en esta ocasión como ha sido la Unidad de Caballería o drones, entre otros. Sin embargo, han incidido en que la UCO mantiene abierta la investigación y por ello sus desplazamientos a Villacarrillo son y serán frecuentes, aunque no siempre lo hagan desplegando medios de apoyo.

Aunque se confiaba en esta ocasión en encontrar alguna pista, nuevamente no ha habido éxito, aunque las mismas fuentes indican que se va a seguir trabajando en el caso hasta lograr resolver el rompecabezas de esta desaparición.

El Instituto Armado viene desarrollando reiteradas búsquedas y pesquisas relacionadas con este caso, por el que un vecino de la citada localidad está investigado. Se trata de un empresario agrícola para el que trabajó el jornalero y que ya fue objeto de investigación por la desaparición de otro temporero en 2013, aunque fue absuelto en el juicio. De hecho, también se siguen buscando los restos de este primer temporero desaparecido.

Desde su desaparición, la UCO viene ha realizado labores de búsqueda en propiedades de la persona investigada, para tratar de encontrar alguna pista sobre el paradero del jornalero desparecido.

En los últimos trabajos sobre el terreno, que comenzaron el pasado 10 de julio, se desplazaron hasta Villacarrillo una treintena de agentes que han estado rastreando palmo a palmo el paraje conocido como Arroyo los Pozuelos, situado en la salida del polígono industrial del municipio, así como otras zonas aledañas.

Se peinó la zona a caballo y se contó con la ayuda del Servicio Cinológico para que los perros rastrearan cualquier resto biológico que detecten en el terreno. También se contó con la ayuda de un dron que sobrevoló la zona y los puntos de difícil acceso, como fue el caso de un barranco de gran profundidad.

Fue el pasado mes de mayo cuando la Guardia Civil pidió la colaboración ciudadana para poder esclarecer el caso. En ese momento, argumentaron que sería de gran interés para la investigación, el disponer de cualquier material gráfico, tanto fotos como vídeos, grabados en la vía pública del municipio de Villacarrillo entre los días 5 y 7 de enero de 2021, destacando como evento relevante del que también se solicita material gráfico, la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos.

En el primer momento de la desaparición de Ibrahima Diouf, hubo registros minuciosos en un garaje y una vivienda, en los que también participaron perros del servicio cinológico. Además, se contó con miembros de los grupos de Actividades Subacuáticas (GEAS) y de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) para la inspección de un pozo ubicado en el inmueble. Después, se inspeccionó una finca de olivar propiedad del citado vecino en Villanueva del Arzobispo (Jaén).

La persona investigada ya fue detenida por la desaparición en diciembre de 2013 de un temporero maliense que trabajaba para él en la recogida de la aceituna y cuyo cuerpo sigue sin aparecer.

Se trataba de Tidiany Coulibaly, de 22 años, del que se perdió el rastro después de que él y otros trabajadores inmigrantes de su cuadrilla mantuvieran una discusión con el referido empresario agrícola, al que manifestaron sus quejas por las condiciones de trabajo en la recolección.

Tras ser juzgado en 2016 por, entre otros delitos, explotar a trabajadores inmigrantes y haber hecho desaparecer a uno de ellos que se levantó en portavoz de la cuadrilla, fue absuelto del delito de desaparición forzosa de Tidiany Coulibaly.

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén, por contra, lo condenó a un año de cárcel y multa de 4.200 euros por un delito contra los trabajadores, que "eran explotados", y a otro año y medio de prisión por un delito contra la Administración de Justicia junto a otra multa de 6.000 euros. Además, por una falta de defraudación de fluido eléctrico se le condenó al pago de otra multa por valor de 1.200 euros.