Madueño valora la protección a personas migrantes irregulares

La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha analizado junto con miembros de la Asociación Jaén Acoge, representada por el nuevo presidente, Antonio Lombardo, la coordinadora, Naima Elyajizi, y el director de Jaén Acoge, José Luis Sánchez; los programas subvencionados con cargo a las subvenciones en el área de integración de personas inmigrantes de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Al encuentro también han asistido la secretaria general de la Subdelegación, Isabel Ranea, y el jefe de la Dependencia de Trabajo e Inmigración, Pedro Garrido.

Así, la subdelegada ha destacado que “existe un amplio abanico de programas, financiados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyo fin es articular vías que ofrezcan protección a aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, al mismo tiempo que se favorece su inclusión”. Además, ha detallado que “en nuestra provincia la Asociación Jaén Acoge, integrada en la Federación de Asociaciones Pro-inmigrantes Andalucía Acoge, forma parte de un total de ocho proyectos del Gobierno de España”.

En la misma línea ha destacado la importancia de estos proyectos, subvencionados con cargo a las subvenciones en el área de integración de personas inmigrantes de la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria, señalando que “permiten facilitar la integración social de las personas migradas en la sociedad receptora, la promoción y defensa de los derechos y libertades de la población migrante con el objetivo de lograr una integración real, la promoción de actuaciones para la prevención de la violencia de género, combatir los prejuicios y estereotipos sobre la población inmigrante, el acceso a recursos… En definitiva, son proyectos de carácter integral que mejoran y cambian la vida de las personas beneficiarias”.

La representante del Ejecutivo en la provincia, Catalina Madueño, ha explicado que “el Ministerio de Inclusión ha realizado una apuesta clara y decidida para evitar que muchos menores caigan en irregularidad sobrevenida al cumplir los 18 años, una situación que sucedía por la rigidez de la antigua normativa y que se alteró al fin de favorecer su integración con la modificación del Real Decreto que reforma el Reglamento de Extranjería. El régimen jurídico actual simplifica los procedimientos y homologa la norma española con la de países de nuestro entorno, evitándose, por ejemplo, que muchos jóvenes se vean abocados a la irregularidad sobrevenida al cumplir la mayoría de edad”.

En este sentido, la subdelegada ha añadido que “el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha demostrado el gran compromiso que tiene para proteger a las personas migrantes de situaciones de irregularidad sobrevenida. Desde que se aprobó el reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, la respuesta del Gobierno de España se traduce en el diseño de un régimen propio de residencia para estas personas en el momento en el que acceden a la mayoría de edad”.


El Ministerio de Inclusión propuso una serie de cambios en los artículos 196, 197 y 198 del Reglamento de Extranjería, con un nuevo régimen jurídico que promueve la inclusión de este colectivo y homologa la norma española con la de países de nuestro entorno. De esta forma, se establece un régimen propio para los jóvenes extutelados con requisitos más acordes a su realidad, alargando la duración de las autorizaciones de residencia y permitiendo que los jóvenes extutelados que ahora tienen entre 18 y 23 años y que se han visto abocados a la irregularidad sobrevenida puedan acceder a una autorización de trabajo.

Esta modificación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones continúa en la línea de las medidas aprobadas en materia migratoria por la secretaría de Estado de Migraciones, y que durante el año anterior han tenido un eje común: proteger a las personas migrantes de situaciones de irregularidad sobrevenida. Tal fue el caso de la flexibilización de los criterios de renovación de las autorizaciones de residencia y/o trabajo, impulsada para evitar la irregularidad sobrevenida asociada a la continuidad laboral o a la tenencia de recursos suficientes. Además, fruto del diseño de una política migratoria inclusiva fue la concesión de autorización de residencia y trabajo a aquellos menores extranjeros no acompañados en edad laboral. Hasta el mes de marzo de 2020, su autorización de residencia no lucrativa no les permitía trabajar.