El CES local pide atención al casco antiguo y la vivienda protegida

Avala el proyecto de la nueva Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas

 El CES local pide atención al casco antiguo y la vivienda protegida

Foto: RAMÓN GUIRADO

Vista del conjunto histórico.

El pleno del Consejo Económico y Social (CES) de la ciudad de Jaén ha aprobado por mayoría un dictamen en el que avala el proyecto de la nueva Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas del Ayuntamiento de Jaén.

No obstante, el órgano consultivo ha planteado al Consistorio una serie de propuestas de mejora con el objetivo de dotar al texto de "mayor seguridad jurídica" y potenciar su dimensión social, sugiriendo que se priorice la vivienda de protección oficial (VPO) y los programas de alquiler asequible para jóvenes. Además solicita una atención especial a casco histórico.

El dictamen, elaborado tras la solicitud de informe preceptivo y no vinculante realizada por la Gerencia Municipal de Urbanismo el pasado 7 de octubre, subraya que este registro no debe ser un "mero inventario" de solares vacíos o edificios deteriorados, sino un instrumento activo de disciplina urbanística para hacer efectivos los deberes de "edificación, conservación y rehabilitación".

En este sentido, el CES de Jaén propone que las bases de los concursos de venta forzosa de los inmuebles -reguladas en el artículo 20 del proyecto- incorporen criterios de valoración que otorguen prioridad a los licitadores que se comprometan a destinar las nuevas edificaciones a viviendas de protección pública o a programas de alquiler asequible para jóvenes.

De este modo, se busca coordinar el registro con el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida para dar respuesta a las necesidades habitacionales de la ciudad.

Desde una perspectiva social, el órgano consultivo también ha propuesto incorporar una regulación específica que garantice los derechos de realojo y retorno de los arrendatarios y ocupantes legítimos que resulten afectados cuando un inmueble sea objeto de venta forzosa o expropiación. Con ello se pretende evitar situaciones de desprotección residencial, especialmente entre colectivos vulnerables.

Asimismo, el CES de Jaén aboga por articular un cauce de coordinación directa entre las áreas de Urbanismo, Vivienda y Servicios Sociales cuando las actuaciones afecten a personas en situación de especial vulnerabilidad, tales como menores, personas mayores, dependientes o personas con discapacidad.

Para evitar que los procedimientos de venta forzosa se utilicen para adquirir terrenos a precios reducidos sin asumir posteriormente las obligaciones de edificación, el dictamen propone endurecer las penalizaciones por incumplimiento a los terceros adquirentes.

Entre las medidas sugeridas se encuentra la posibilidad de ejecutar las garantías constituidas, aplicar penalizaciones económicas equivalentes al cinco por ciento de la garantía definitiva y establecer una prohibición temporal de tres años para concurrir a nuevos procedimientos de adjudicación de suelo municipal.

Por otra parte, el CES de Jaén ha planteado simplificar la tramitación administrativa unificando el procedimiento en un solo flujo. El órgano advierte que la redacción actual del artículo 14 "burocratiza en exceso la gestión" al obligar a tramitar por separado la declaración de incumplimiento y la inclusión registral, lo que a su juicio "dilata el rescate de los solares durante años".

En cuanto al ámbito territorial, el dictamen propone que, manteniendo la aplicación de la ordenanza en todo el término municipal, se introduzcan criterios de prioridad que atiendan de forma preferente al casco histórico de Jaén.

El CES señala que la intervención en esta zona no debe limitarse a recuperar fachadas o generar inmuebles de mayor valor de mercado, sino que debe orientarse a mejorar la habitabilidad, favorecer la rehabilitación residencial y garantizar la permanencia de la población y el tejido social del barrio.

Finalmente, el dictamen propone la creación de una disposición transitoria para regular la migración de los expedientes existentes bajo la ordenanza anterior de 2008, así como la redacción y publicación de una memoria anual de resultados que recoja de forma agregada y transparente los inmuebles recuperados, las obras concluidas y las viviendas protegidas o de alquiler joven puestas en uso.