El Supremo confirma los seis años de prisión a Griñán
También refrenda los nueve años de inhabilitación de Manuel Chaves
Foto: EFE/ARCHIVO
Los expresidentes socialistas andaluces José Antonio Griñán (d) y Manuel Chaves, en la sala de la Audiencia de Sevilla, durante el juicio del caso de los ERES
El Tribunal Supremo ha confirmado, con los votos de tres magistrados frente a dos discrepantes, la condena de 6 años de cárcel al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, y de 9 de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por el caso de los ERE, un sistema de fraude en la concesión de ayudas sociolaborales.
La Sala de lo Penal del alto tribunal ha adelantado el fallo de la sentencia -cuyos argumentos se conocerán más adelante- en la que avala el criterio de la Audiencia Provincial de Sevilla respecto a Griñán, a quien consideró responsable de un delito de malversación y prevaricación, y Chaves, condenado únicamente por este último.
Sin embargo, en el caso del primero, dos de los tres miembros que configuraban el tribunal -las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo- han discrepado al considerar que el Supremo debería haber estimado parcialmente el recurso de Griñán, a quien se tendría que haber absuelto del delito continuado de malversación, revocando así su condena a prisión.
Ambos históricos exdirigentes socialistas fueron juzgados en la denominada pieza política de los ERE, que giró en torno a la creación y mantenimiento de un presunto sistema ilegal de subvenciones que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.
La sentencia del alto tribunal ha salido adelante por mayoría de tres magistrados -Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres, considerados de talante conservador-, que han acordado anular la resolución de la Audiencia de Sevilla y dictar una nueva en la que mantienen las condenas a los dos expresidentes andaluces y a otros destacados exdirigentes, como la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, condenada a inhabilitación.
No obstante, el Supremo absuelve a tres ex altos cargos de la Consejería de Empleo: Javier Aguado, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, que ocuparon la Secretaría General Técnica.
Fueron condenados a diferentes penas de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y ahora el tribunal estima íntegramente sus recursos y dicta su absolución.
A Juan Márquez Contreras, ex director general de Trabajo entre 2009 y 2010, la Sala le rebaja la condena de siete a tres años de prisión y de 18 a 7 años y medio de inhabilitación por sendos delitos continuados de malversación y prevaricación en concurso ideal. El Supremo aprecia en su caso la atenuante analógica y muy cualificada de reparación del daño.
Márquez fue quien sucedió a Francisco Javier Guerrero, fallecido en 2020 y cuyas declaraciones fueron clave en el caso. A Guerrero se le achaca la expresión de la existencia del denominado "fondo de reptiles", la partida presupuestaria a cargo de la cual se inyectaban transferencias de financiación al instituto IFA-IDEA, dependiente de la Consejería de Empleo, que era quien repartía las ayudas.
Estos son los únicos cambios que hace el tribunal, que mantiene los restantes pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que condenó a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
Entre ellos figura la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, condenados ambos a 9 años de inhabilitación por prevaricación; y el exconsjero de Empleo Antonio Fernández, sentenciado a 7 años y 11 meses de cárcel por malversación y prevaricación.
El antecesor de este último y socialista histórico, José Antonio Viera, fue condenado a 7 años de prisión, los mismos que el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá; y el exviceconsejero de Economía José Salgueiro a nueve de inhabilitación.
Como en el caso de Griñán, las dos magistradas que han discrepado de sus compañeros consideran que el Supremo debería haber absuelto a otros cuatro ex altos cargos condenados por el delito continuado de malversación.
Son el exconsejero de Obras Públicas y de Innovación Francisco Vallejo; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y Miguel Ángel Serrano Aguilar, ex director general de la Agencia IDEA -anteriormente Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)- desde 2004 hasta 2008.