¿Por qué no se puede abortar en Jaén?

No hay ninguna clínica concertada en la provincia, ni hospital público que lo practique y Feministas 8M denuncia que la respuesta de la Administración sea ...

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Juana Peragón, Dulce Nombre Galán y Teresa Ávalos, de Feministas 8M.

El colectivo ‘Feministas 8M’ lleva un año denunciando ante las administraciones y la opinión pública el “grave atentado a los derechos, las libertades y a la capacidad de decidir de las mujeres de la provincia de Jaén”, que no pueden abortar “ni en hospitales públicos, ni en clínicas concertadas”.


Así lo denuncian Juana Peragón, Dulce Nombre Galán y Teresa Ávalos, que señalan a la “absoluta dejadez de todas las administraciones”, pues desde 2010, con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), “se está produciendo una grave anomalía para las mujeres de Jaén”.



Se han dirigido al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), a la Diputación, al Ayuntamiento y a la Consejería de Salud y Familias, el organismo competente.

“La respuesta de las instituciones fue de auténtica sorpresa porque desconocían este problema”, afirman, a la vez que denuncian “discriminación” de las mujeres de Jaén. “Si hay una ley para las mujeres que les garantiza el derecho al aborto, por qué en la provincia de Jaén no se cumple”, plantean.

Según un informe jurídico de la Consejería de Salud y Familias remitido a Feministas 8M “no hay discriminación para las jiennenses a la hora de ver garantizado su derecho al aborto, a pesar de que no hay ninguna clínica concertada en la provincia ni hospital público que lo practique”.

Dicen: “En la provincia de Jaén no se practican abortos. A pesar de que se da esta grave discriminación, no hay ni un céntimo de euro público destinado a paliar esta situación, de manera que las mujeres de Jaén que quieren practicarse una IVE y tienen que desplazarse a otras provincias (Córdoba, Granada o Sevilla, dependiendo del estado de gestación), no tienen ningún apoyo institucional, ni de asesoramiento, ni acompañamiento, ni económico”.

Según estadísticas, alrededor de 700 mujeres de Jaén tienen que marcharse a otra provincia para abortar. “Obligarte a salir fuera de tu provincia para abortar es una barrera importante a la hora de que las mujeres jiennenses puedan ejercer su derecho en igualdad de condiciones con otras del territorio español”, lamentan.

A la vez señalan que supone “un gasto extraordinario, un tiempo extra y afecta a la intimidad de las mujeres”, ya que “no es lo mismo que puedas hacerte una operación ambulatoria al lado de tu casa a que tengas que desplazarte, teniendo que pedir permisos de trabajo y dar explicaciones”.

Denuncian que es “una realidad sensible y aún estigmatizada” y que “hay mujeres que viven situaciones espeluznantes de desamparo cuando tienen que practicarse un aborto, por la atención desdeñosa que reciben por parte de profesionales sanitarios y servicios sociales”.

Advierten: “Aún en la sociedad hay una tendencia a considerar que si una mujer se quiere practicar una IVE es porque antes ha sido culpable, pecadora. Es un tema bochornoso. Tenemos la obligación de decirlo porque es cierto. Desde la propia Administración no reciben un trato digno”.

Otra respuesta de la Administración es que “todos los equipos profesionales son objetores de conciencia”. Señalan: “El derecho individual de objeción no puede ponerse por delante de los derechos de las mujeres, conseguidos con mucha lucha. No entendemos que en Jaén objeten todos los equipos de profesionales sanitarios. Con la Reforma de la Ley de 2010 se puede solucionar si se hace un Registro de Objeción de Conciencia”.

Exigen una “formación transversal en todos los ámbitos de la profesión sanitaria”, a la vez que denuncian que “desde las facultades de Medicina no se está formando a los futuros médicos en la práctica de la IVE, a pesar de que hay recursos, que es lo más doloroso de todo, tanto en la Universidad como en la Sanidad Pública para que la IVE se pueda realizar en todas las provincias”.

Apuntan: “Nos parece muy grave porque alimenta la estigmatización del problema, de las mujeres que tienen la osadía de ejercer un derecho legal y reconocido. Se las ridiculiza y estigmatiza, atentando contra su dignidad y autonomía personal”.

El Comité de Eliminación de Discriminación a la Mujer ha incluido en su informe sombra para la ONU la denuncia de Feministas 8M y esperan que los organismos oficiales obliguen al Estado a mejorar estas condiciones y se subsane esta carencia con la Reforma de la Ley de 2010. “Es la tarea de la Administración y es lo que pedimos, que en Jaén, cuanto antes, se solucione un problema que se debe a una voluntad de posicionamientos morales, personales y religiosos de obstaculizar el derecho a decidir de las mujeres”, terminan.