Jaén cuenta con ocho plazas para víctimas de malos tratos con adicciones

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha reservado en los presupuestos de 2024 una partida de 556.607 euros para el concierto de 38 plazas residenciales adicionales para mujeres víctimas de violencia de género con adicciones. 

En concreto, y ante la necesidad de incrementar los recursos residenciales para la atención de estas mujeres, se ha determinado concertar 18 nuevas plazas en comunidades terapéuticas de Córdoba y Jaén; nueve en viviendas de Supervisión al Tratamiento en Granada y otras 11 en viviendas de Supervisión a la Reinserción en Sevilla y Córdoba, según ha señalado en un comunicado.

Con estos nuevos recursos, el total de plazas potencialmente disponibles para estas mujeres asciende a 78, donde 27 se sitúan en la comunidad terapéutica Arcos Iris, 10 en Sevilla, ocho en Jaén, 32 en Mijas y nueve en Granada, que se irán modulando en la lista de espera en función de la demanda de mujeres víctimas de violencia de género.

El concierto de estas nuevas plazas se enmarca en el Protocolo Andaluz de Coordinación para la Atención a Mujeres con Problemas de Adicciones Víctimas de Violencia de Género, aprobado el pasado junio por el Consejo de Gobierno.

El Protocolo, fruto del trabajo de profesionales pertenecientes a los recursos que conforman las redes públicas de Atención a las Adicciones, de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), parte de la constatación por diversos estudios internacionales que las mujeres en tratamiento por adicción víctimas de violencia de género presentan una incidencia tres veces superior a la de la población general.

Por tanto, asegura la directora general de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, Trinidad Rus, "la violencia de género y la adicción en mujeres se conforman como una doble vulnerabilidad interrelacionada en ambos sentidos, tanto como antecedente como consecuente, la una de la otra".

El desarrollo de este protocolo persigue propiciar el conocimiento, la coordinación y la cooperación entre los recursos implicados en la atención a las mujeres víctimas de género y con problemas de adicciones, promoviendo la articulación de una acción combinada y aunada.

Con esto se busca "ofrecer una respuesta pública rápida y coherente, un efecto multiplicador de nuestra acción y, por tanto, del efecto en el resto de la sociedad", añade.

Para la implantación de este protocolo, se ofrecieron en septiembre y octubre pasados dos cursos de Sensibilización sobre la violencia de género en mujeres con adicciones y un tercero específico sobre el desarrollo práctico del protocolo, con el objetivo de favorecer la acción coordinada y conjunta entre las redes públicas de Atención a las Adicciones y de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Esta medida nace con el fin de prestar una atención eficaz atendiendo a la situación que cada mujer plantee; así como para facilitar estrategias adecuadas para los equipos profesionales de ambas redes para la mejora de la detección, abordaje y derivación de las mujeres víctimas de violencia de género y con problemas de adicciones, antes de que su situación de vulnerabilidad pueda cronificarse.