El cloro más caro del país llega al Tribunal Supremo

Matinsreg llega al Tribunal Supremo. El caso de las facturas infladas en el mantenimiento de las fuentes ornamentales de Jaén, ocurrido en los años 2012 y 2013, en plena crisis, y que provocó un quebranto en las arcas municipales de unos 4’2 millones de euros, se prepara para el último asalto de los acusados que fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en enero de 2023 y que este martes, 25 de noviembre, defenderán su inocencia en el recurso de casación que presentaron hace ya casi tres años.

Este es el caso del que fuera concejal del PP de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral Negrillo, que fue condenado como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, a las penas de cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y ocho años y un día de inhabilitación absoluta. La misma sentencia lo absolvía de los delitos de falsedad en documento mercantil, cohecho y prevaricación.

El TSJA también condenó a Isidoro Hipólito Cobo Sáiz y José Merino Acero, a las penas de cinco años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y ocho años y un día de inhabilitación absoluta. Y a Luis Gregorio González Valero, a las penas de un año y diez meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y tres años de inhabilitación absoluta.

Todos ellos están citados en la sala segunda del Tribunal Supremo este martes a las 10’30 horas como recurrentes.

Los inicios del caso Matinsreg se remontan a los años 2012 y 2013, cuando la concesionaria del mantenimiento de las fuentes ornamentales y de los semáforos de la ciudad, Imesapi, manifestó su intención de abandonar el servicio por los impagos del Ayuntamiento de Jaén, gobernado entonces por el alcalde del PP José Enrique Fernández de Moya.

Aunque en febrero de 2013 la empresa cobró 25,22 millones de euros por el plan de pago a proveedores, Imesapi renunció a continuar con la gestión del servicio y dejó a los 35 trabajadores, algunos de los cuales llevaban 30 años desarrollando su trabajo, pendientes de la decisión del Ayuntamiento de Jaén, que aseguró que sacaría a concurso la concesión después del verano y que se subrogarían los contratos de los 35 empleados. Sin embargo, esta circunstancia nunca se produjo.

Los trabajos de mantenimiento de las fuentes y de los semáforos se fueron cubriendo con distintas empresas hasta que finalmente desembarcó en la capital la empresa Matinsreg, con sede en la ciudad zamorana de Toro.

Comienza la trama

Fue el PSOE quien destapó el caso al denunciar el gasto diario de unos 10.000 euros en cloro en el año 2012 para el tratamiento de las fuentes ornamentales. Mientras que Imesapi facturaba al mes una media de 26.000 euros por cloro, la empresa zamorana Matinsreg presentaba facturas de tres y cuatro días de 39.000 y 49.000 euros. Durante este periodo, el litro de cloro se pagaba a 3’81 euros y el de alguicida a 69 euros, ambos muy por encima del valor que tenía en el mercado (un litro de cloro líquido rondaba el euro).

Tal y como recogían las facturas, que más tarde fueron aportadas al procedimiento judicial, el día 1 de abril de 2013, por ejemplo, los operarios usaron 875 litros de cloro líquido y 60 kilos de cloro en polvo para las fuentes de Jaén. Sin embargo, al día siguiente precisaron 558 litros de cloro y al siguiente, otros 562 litros. Y, curiosamente, cada una de estas facturas diarias recogía 132 horas de personal echando cloro y limpiando fuentes (a ocho horas harían falta 16 trabajadores) lo que sumaban casi siempre, 3.809’52 euros. Parecían muchas horas si se tiene en cuenta que según denunciaban en su día los extrabajadores de Imesapi, “apenas contaban con cinco operarios”, lo que supondría casi estar todo el día echando cloro y limpiando fuentes.

El Interventor municipal, en una comunicación interna, advirtió el 26 de noviembre de 2013 de la existencia de facturas que no constaban en Intervención por valor de 2,7 millones de euros y que “podría estar produciéndose un incumplimiento respecto a la normativa”.

Denuncia del PSOE y juicio

El juicio comenzó el lunes 5 de abril de 2021. En el banquillo de la Audiencia Provincial de Jaén se sentaron el exalcalde de Jaén y exsecretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y los que fueran concejales del PP, Miguel Ángel García Anguita (estos dos primeros declarados inocentes) y Manuel del Moral,  junto con otras seis personas más.

Durante el juicio, el empresario responsable de la empresa Matinsreg, Gregorio González Valero, reconoció ayer haber “inflado” las facturas con cargo al Ayuntamiento.

La deuda total del Consistorio era a finales de 2013 de 521 millones, según el Ministerio de Hacienda, el doble de la que se encontró Fernández de Moya cuando fue elegido alcalde del PP. Durante esos dos años el exalcalde no paró de repetir en la mayoría de sus comparecencias que estaba “gestionando ruina” y que si el Ayuntamiento fuera una empresa estaría “en quiebra técnica”. Sin embargo, esa situación no fue baladí para que presuntamente se alcanzara el acuerdo de facturar entre 450.000 y 480.000 euros al mes, según declaró el gerente de Matinsreg, en concepto de mantenimiento urbano, principalmente en tratar con cloro y alguicidas las fuentes ornamentales de la ciudad.

Fernández de Moya, absuelto

El 15 de julio de 2021 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén hizo pública la sentencia. Tras el juicio de 10 sesiones, celebradas entre el 5 y el 28 de abril de 2021, la Audiencia Provincial absolvió completamente al exalcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), acusado de prevaricación y malversación.

La sentencia hizo lo propio con Alicia Merino Fernández, la única mujer que aparecía como acusada, mientras condenaba a los otros siete acusados, entre ellos los exconcejales populares Miguel García Anguita y Manuel del Moral, que ya contaba con antecedentes penales al ser condenado por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Fuengirola por un delito de hurto, según recoge la sentencia.

Respecto al exalcalde y exsecretario de Estado, la sentencia decía que no se había “acreditado que tuviera algo que ver en esa fase previa”, en referencia a los contactos entre las empresas, los conseguidores, los trabajadores municipales y los concejales, “ni menos aún participación en el entramado para la elaboración de las facturas falsas y obtención del sobrecoste”.

Y en cuanto al levantamiento de los reparos de la Intervención, la Audiencia Provincial recordaba en su escrito que “se acreditó a través de la testifical en la persona del Interventor del Ayuntamiento en aquella época, José Ignacio Beitia Hidalgo, que se trataba de algo normal aplicado en casos de urgencia, un acto que se repetía. Pero tal levantamiento del reparo no equivale en modo alguno a prevaricación. Ni tampoco se acreditó participación alguna en el delito de malversación de caudales públicos, también objeto de imputación”.

Por otro lado, el Tribunal consideró también que no cabía hablar de temeridad o mala fe en la actuación de la acusación popular ejercida por el PSOE de la ciudad de Jaén, tal y como pretendía la defensa del exalcalde, “por cuanto sus pretensiones acusatorias, con respecto al acusado José Enrique Fernández de Moya, si bien no fueron sostenidas por el Ministerio Fiscal, no obstante no puede hablarse de algún acontecimiento o circunstancia excepcional durante la celebración del juicio”.

Recurso y sentencia del TSJA

Tras el recurso al TSJA, el 12 de enero de 2023 la Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía absolvió al exconcejal del PP Miguel Ángel García Anguita por el delito de malversación de caudales públicos, así como de falsedad en documento mercantil, cohecho y prevaricación.

Por el contrario, sí condenaba al otro concejal del PP, Manuel del Moral Negrillo como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, aunque lo absolvía de los delitos de falsedad en documento mercantil, cohecho y prevaricación. Se le condenó a cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y ocho años y un día de inhabilitación absoluta.

En cuanto al resto de acusados que apelaron, el TSJA condenó a los acusados Isidoro Hipólito Cobo Sáiz, José Merino Acero y Luis Gregorio González Valero como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal para Isidoro Hipólito Cobo y José Merino y concurriendo respecto de Luis Gregorio González las circunstancias atenuantes de confesión tardía y reparación del daño como muy cualificadas.

A Isidoro Hipólito Cobo Sáiz y José Merino Acero se le condenó a las penas de cinco años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y ocho años y un día de inhabilitación absoluta.

A Luis Gregorio González Valero, a las penas de un año y diez meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo y tres años de inhabilitación absoluta. Y confirmamos la absolución de los tres referidos acusados respecto del delito de prevaricación que se les imputó.

Otras absoluciones del TSJA

Por otro lado, la sentencia absolvió al acusado Rodrigo García Cámara de los delitos de falsedad y malversación de caudales públicos y, asimismo, confirmó su absolución respecto del delito de prevaricación que se le imputó.

También absuelve al acusado Agustín Sánchez García del delito de malversación de caudales públicos y respecto de los delitos de falsedad en documento mercantil, cohecho y prevaricación que se le imputaron.

Por último, confirmaba la absolución de José Enrique Fernández de Moya Romero respecto de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación que se le imputaron y a Alicia Merino Fernández respecto de los delitos de falsedad, malversación de caudales públicos y prevaricación que se le imputaron.

Reclamaciones a las arcas municipales

No obstante, mientras se juzga el recurso de casación en el Tribunal Supremo, el caso Matinsreg podría seguir gravando las arcas del Ayuntamiento de Jaén, ya que el año pasado, el exalcalde del PP, José Enrique Fernández de Moya, presentó un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 para que el Ayuntamiento de Jaén se hiciera cargo de los honorarios de su abogado y procurador, que ascienden a 137.285 euros, según pudo saber EXTRA JAÉN.

Fernández de Moya ya había reclamado esa cantidad por escrito al Ayuntamiento hasta en tres ocasiones, el 3 de septiembre y 10 de noviembre de 2021 y el 11 de enero de 2022.

Como consecuencia de la solicitud del exalcalde popular, el letrado municipal elaboró un informe en el que desestimaba la petición pues pretendía “el abono de unos gastos (honorarios de letrado y procurador), que constituyen el núcleo integrador del concepto de costas procesales, concepto sobre el que ya se ha pronunciado expresamente la Audiencia Provincial de Jaén en su Sentencia de fecha 28 de junio de 2021, con fuerza de cosa Juzgada en lo que aquí concierne, al no haber sido recurrida en apelación por el citado exedil.”

Pieza separada

Hay que recordar que la Audiencia Provincial de Jaén aún está pendiente de fijar la vista de la pieza separada del caso Matinsreg, conocida como la del cemento.

En este caso la investigación de la Guardia Civil apuntaba a facturas infladas por valor de 2.674.196 euros y relacionadas con obras de mantenimiento urbano en la ciudad de Jaén de agosto de 2012 a marzo de 2015. El foco estará en ocho empresas y sociedades que compartían presuntamente el mismo intermediario que facilitó el desembarco de la sociedad zamorana Matinsreg en la capital jienense.