Los últimos ejecutados de Franco en Jaén

Hoy se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y EXTRA JAÉN recuerda las últimas ejecuciones y la represión tardofranquista en la provincia

 Los últimos ejecutados de Franco en Jaén

Foto: Amigos de los Íberos

Antigua prisión Provincial de Jaén.

Antonio Quiñones Pérez, natural de Belerda, pedanía de Quesada y Manuel Calderón Jiménez, conocido como “El cubano”, también de Quesada, fueron los dos últimos ejecutados por la dictadura franquista en la provincia de Jaén, ambos en 1952. El cuerpo sin vida del segundo estuvo colgado y expuesto en la plaza del pueblo, frente al Ayuntamiento, como escarmiento para todos aquellos que el franquismo consideraba enemigos de la patria.

Desde el fusilamiento de Pablo Parras Montero, natural de Los Villares, en 1949, con tan sólo 21 años, no se había producido una ejecución que esté documentada en la provincia. El villariego fue arrojado a la fosa 702 del cementerio viejo de Jaén el 22 de enero del 49 y allí siguen sus restos.



Estos fueron las tres últimas víctimas mortales documentadas, según informa el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Miguel Ángel Valdivia, pero las condenas y la prisión se sucedieron hasta la misma muerte del dictador Francisco Franco, de la que hoy se cumplen 50 años.

En España, las últimas ejecuciones del franquismo tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975 en las poblaciones de Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos. En total fueron fusilados cinco condenados: tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA. Un año antes, la ejecución con garrote vil del anarquista Salvador Puig Antich en Barcelona desencadenó manifestaciones en toda Europa.

El 20 de noviembre de 1975 el Diario Provincial del Movimiento “Jaén” recogía en su portada a cinco columnas el siguiente titular: “Máxima tensión, evolución desfavorable. Retirados todos los aparatos médicos al caudillo”. Todos los diarios del país abrían sus ediciones matinales con el mal estado del dictador. Pero Franco ya había muerto.

Oficialmente Francisco Franco murió a las 5’25 horas del 20 de noviembre de 1975 en la Residencia Sanitaria de La Paz de la Seguridad Social. El parte lo firmó el doctor Vicente Pazuelo Escudero y recogió como causa de la muerte un fallo multiorgánico, después de haber sufrido, en un mes, tres infartos, hemorragias internas y varias operaciones. Sin embargo, muchos investigadores han defendido con posterioridad que la muerte se produjo antes, ya que el régimen preparó cómo y cuándo dar la noticia. Se tenía que poner en marcha la que se denominó Operación Lucero, que no fue otra que preparar el momento y la forma más oportuna para trasladar a la opinión pública la muerte de Franco. Curiosamente, el 20 de noviembre fue también la fecha de la muerte de José Antonio Primo de Rivera (fundador de Falange). El operativo elaboró un protocolo desde el entierro de Franco hasta la jura del príncipe Juan Carlos como sucesor.

Represión durante el tardofranquismo en Jaén

En los últimos años de la dictadura, aunque no hubo condenas a muerte en la provincia de Jaén, sí se sucedieron las detenciones y las penas de prisión. Por ejemplo, en 1969 varios miembros del Partido Comunista de España en Jaén fueron detenidos y encarcelados en la prisión provincial, entre ellos, algunos de los que nueve años después formarían la listas del PCE a las elecciones democráticas municipales, encabezadas por Manuel Anguita Peragón, José Luis Vázquez, Rosario Ramírez Mora, María del Carmen Pozo y Manuel Molinos Molinos. Entonces consiguieron tres concejales.

Según explica también Miguel Ángel Valdivia, hubo miembros de Comisiones Obreras que fueron desterrados a Jaén y a su prisión desde distintos puntos del país, entre ellos, el fundador y primer secretario general de CCOO, Marcelino Camacho.

Sin embargo, la represión y la prisión no acabaron con la muerte de Franco. En 1976, el que fuera durante 22 años secretario general de UGT en España, Cándido Méndez, fue detenido en Los Jardinillos y llevado a prisión  por pegar carteles de una protesta.

Hay que recordar que la provincia de Jaén tuvo un peso notable en el movimiento obrero tardofranquista, especialmente por su carácter industrial y minero.

Linares fue uno de los focos más activos debido a la industria metalúrgica (Metalúrgica Santa Ana, La Cruz, Perkins Hispania) y al cierre progresivo de explotaciones mineras. Desde  1969 a 1975 militantes vinculados a CCOO o al PCE participaron en protestas laborales, a menudo reprimidas mediante detenciones temporales, multas gubernativas y vigilancia continua.

En Andújar también se produjeron movilizaciones en torno al sector agrícola y al trabajo estacional del olivar que dieron lugar a continuos controles de reuniones, identificación sistemática de representantes obreros y sanciones administrativas.

En la capital, en el Polígono Industrial de Los Olivares se produjeron conflictos laborales a comienzos de los 70, con presencia de activistas del PCE y de movimientos cristianos de base. Además, aunque Jaén no tenía todavía universidad propia, muchos estudiantes de la provincia participaban en movimientos universitarios en Granada, Sevilla o Madrid, generando vigilancia a su regreso.

Tras el atentado contra Carrero Blanco en 1973, el endurecimiento de la represión se notó también en Jaén, con mayor vigilancia sobre sindicatos y núcleos comunistas.

En 1975, durante los últimos meses de la dictadura, continuaban las restricciones a manifestaciones públicas, reuniones y actividades políticas, hasta que en 1977 llegó la legalización del PSOE y el PCE y la normalización de la actividad de los sindicatos.

Hoy, 50 años después de la muerte de Franco, pocos recuerdan a Antonio Quiñones Perez, Manuel Calderón Jiménez y Pablo Parras Montero, las últimas víctimas documentadas de la dictadura en Jaén, y a quienes desde la clandestinidad lucharon por la democracia en Jaén. Hoy, 50 años después, alrededor de 1.250 fusilados durante la posguerra siguen en tres fosas comunes esperando que sean exhumados e identificados y que sus familiares puedan disponer de sus restos.