Desde cumplí 18 años he votado siempre. Al principio con cierta ilusión, luego con creciente cansancio; algunas veces por convencimiento, otras nulo o en blanco, muchas con pinzas en la nariz. Pero algo, en el fondo de mi conciencia cívica, me ha dicho que hasta aquí hemos llegado: el domingo no voy a votar. Primero, porque estoy ya cansado de que las diferentes castas políticas me tomen por tarado mental y moral, con esos mensajes estúpidos suyos que ofenden a cualquier inteligencia que se tenga algo de aprecio. Segundo, porque cada vez me produce más asco ético ver como los más capullos de nuestras clases —aquellos tontos que no sabían ni hacer la o con un canuto— han colonizado todos los espacios de la política, expulsando de ella a cualquier persona con un mínimo de sensatez y de decencia. Y tercero, pero no menos importante, porque la orfandad política que me lleva rondando muchos años ha logrado imponer sus razones en mi conciencia. Y no, ya no me valen los argumentos que me hacían sentirme mal si no votaba: he agotado las pinzas de mi la reserva moral, y ya no me siento responsable de lo que hagan los que ganen, porque si hemos llegado a este punto de deterioro de la vida colectiva, la responsabilidad no es de los ciudadanos de a pie. Mi decisión de no acudir a las urnas no es un signo de indolencia ciudadana sino el último refugio de una conciencia que se niega s seguir validando la degradación de sus propios principios, de sus ideas más caras.
Creo que no podemos seguir entendiendo la democracia como un ejercicio borreguil de depositar la papeleta en la urna, de cuatro en cuatro años. La democracia es algo más y todo ese “algo más” es lo que está siendo demolido con nuestro consentimiento: la democracia es un andamiaje complejo de instituciones sólidas, es el respeto escrupuloso a la división de poderes, es una cultura de pesos y contrapesos capaz de proteger a las minorías contra la arbitrariedad de las mayorías, es la concepción del otro como adversario y nunca como enemigo, es una red vasta y potente de servicios públicos que garanticen la inclusión social y la igualdad material. Y todo eso está hoy huérfano de una opción que represente la herencia de la Ilustración, de la socialdemocracia clásica y del pensamiento progresista español.
Llevo demasiados años viendo con perplejidad y desasosiego como la izquierda se ha extraviado en un laberinto de políticas de la identidad y de dogmas de género, más cercanos al individualismo atomizador del anarcoliberalismo que a la fraternidad universalista. Hace poco más de un lustro, Alberto Schapire le puso voz a todos los que se sentían traicionados por la izquierda y señaló acertadamente que lo último que podía esperar era que la izquierda acabara siendo “reaccionaria, dogmática e identitaria”, y que despreciara y señalara a todas esas personas “que no viven su identidad de forma esencialista” olvidándose de aquel viejo universalismo donde el determinismo sexual, racial o religioso no podía ser lo que definiera a las personas. La izquierda ha hecho bandera de una fragmentación que atomiza el cuerpo social en compartimentos estancos y, en el camino, se ha olvidado de las condiciones materiales de la mayoría, de la igualdad de oportunidades, de los derechos laborales y de la defensa de unos servicios públicos —sanidad, educación y dependencia— robustos, que son el único suelo firme sobre el que puede erigirse la libertad real de todos los ciudadanos. ¿Olvido de los servicios públicos?, nos dirán algunos, alegando que las izquierdas andaluzas han hablado de servicios públicos en la campaña recién terminada. ¿Y? Palabras, al fin y al cabo. ¿No lleva la izquierda ocho años gobernando en España? ¿No han tenido tiempo suficiente para dedicarse a lo importante y lo importante era blindar la sanidad y la educación pública de los ataques que sufre en las comunidades gobernadas por la derecha? ¿Ocho años no han sido suficientes para modificar la Ley General de Sanidad prohibiendo el trasvase de fondos hacia la sanidad privada, por ejemplo? ¿Ocho años no han sido suficientes para que una ley orgánica de educación en vez de destrozar las aulas con la ocurrencia de las competencias prohibiera, o limitara, los conciertos educativos y pusiese fin a la proliferación de universidades privadas, por ejemplo? La izquierda habla como si no llevase ocho años gobernando en Madrid y como si no tuviese resortes legales poderosísimos para poner coto a la devastación que están sufriendo los servicios públicos en nuestro país.
También me resulta doloroso constatar la deriva de una izquierda que sigue cautiva de Franco y que reniega de la idea de España como plataforma de solidaridad compartida, como espacio moral creado por los liberales del XIX, por Galdós y Azaña, por Giner de los Ríos y Blas de Otero. Como siguen pensando que España es un invento del franquismo, defienden un modelo de taifas étnicas y particularismos territoriales que resultan esencial, radicalmente reaccionarios: ¿qué modelo de progreso puede haber allí donde se quiebra la igualdad ante la ley en favor de privilegios de etnia, de linaje o de geografía? ¿Se puede ser progresista, en este mundo feroz del siglo XXI, debilitando cada día al Estado nación y dejando en una creciente indefensión a las clases trabajadoras ante los envites de un sistema sin alma? Lo que Antonio Machado pensaba de los andaluces andalucistas, mejor lo comentamos en otra ocasión.
Me duele, me desasosiega esa capitulación ideológica de la izquierda. Sobre todo, porque ha dejado expedito el campo para una derecha que, bajo el pretexto de una supuesta eficiencia administrativa y económica, ejecuta con frialdad quirúrgica el desmantelamiento progresivo de los que nos pertenece a todos, de lo que a todos nos hace sentirnos partícipes de la comunidad política, de lo que impide que haya ciudadanos de primera clase y ciudadanos de tercera división. Aunque la derecha lo niegue, no hay libertad real si no hay solidaridad e igualdad material.
La forma de gobernar de la derecha no es una diferencia de matiz en la gestión: es una ofensiva brutal contra la res publica que se manifiesta, valga el ejemplo, en la asfixia de la sanidad pública, en la que las listas de espera han dejado de ser una anomalía para convertirse en un mecanismo estructural de transferencia de rentas al sector privado. Cuando un paciente se ve obligado a pagar una clínica privada o cuando, desesperado, acepta que en lugar de operarlo en su hospital público lo operen en una empresa médica, estamos delante de un fracaso clamoroso del contrato social y de una victoria de esa cosmovisión que está absolutamente convencida de que la salud no es un pilar de la ciudadanía sino un nicho de mercado.
Pero los agravios cometidos por la derecha no se agotan sólo en el tema sanitario. Ahí tenemos la educación concebida como mecanismo de segregación: mientras se cierran aulas en la escuela pública bajo la excusa del declive demográfico, se blindan y expanden —al Bachillerato, a la Formación Profesional— los conciertos educativos. Lo que se quiere es que sea el origen socioeconómico lo que determine el destino individual: que sólo el hijo del ingeniero pueda ser ingeniero, que el hijo del camarero se conforme con ser camarero. La promesa ilustrada de movilidad social basada en el mérito está duramente quebrantada. Y ahí tenemos también la fiscalidad del como privilegio, en la que las rebajas impositivas indiscriminadas, que benefician desproporcionadamente a las rentas cuanto más altas son, no son nada más que una descapitalización deliberada del Estado, dejando en los huesos la capacidad de redistribución efectiva. Y no podemos olvidar el urbanismo de la exclusión, que entrega el suelo y la vivienda a la lógica destructora del rentismo y del turismo de masas, ignorando la función social de la propiedad y el derecho fundamental de las personas a tener un hogar en el que conformar su vida. Miles de ciudadanos están siendo expulsados de sus barrios de siempre, colonizados por hordas de turistas, y así se rompen los vínculos comunitarios, aislando a las personas y dejándolas cada vez más a merced de la lógica productivista.
Y lo trágico de esta coyuntura es que, frente a esa derecha que erosiona los cimientos del bienestar común y de la ciudadanía robusta, la izquierda está desarmada, carcomida por años de preocupación por la semántica de la identidad y por el olvido de la precariedad material: el aumento del salario mínimo es una conquista innegable, pero es la única gran conquista en ocho años de un gobierno que ha visto como aumentan la pobreza, la precariedad, la exclusión o el paro juvenil mientras sus miembros se dedicaban a pelear con Ayuso para ver si Hernán Cortés, muerto en 1547, es bueno o es malo. Pongamos también en el haber de la izquierda el haber permitido —tal vez de manera irremediable— que la derecha se apropie de los símbolos de la convivencia nacional, mientras ella anda perdida en la defensa de particularismos que balcanizan la solidaridad de las clases trabajadoras.
Esta es la tesitura. Y yo me niego a elegir entre quienes desguazan el Estado por interés mercantil y quienes destrozan la solidaridad por extravíos ideológicos y oídos estúpidos. La abstención es una forma de firmeza moral, pero también de compromiso político: el compromiso de quien exige la vuelta de la política de las cosas, del rigor en la gestión y de la dignidad de un Estado fuerte en sus instituciones democráticas y que se reconozca a sí mismo en la defensa de lo común, de lo público, de lo compartido.