No se atisba la esperanza en el horizonte francés: salvo milagro inesperado, en las elecciones presidenciales del año que viene se enfrentarán dos proyectos antagónicos, fundamentado cada uno de ellos en el odio visceral al contrario. Marie Le Pen (o su delfín Jordan Bardella) por el bando de la extrema derecha y Jean-Luc Mélenchon por el bando de la extrema izquierda. Dos abismos frente a frente y, en medio, un campo político arrasado: ese enfrentamiento nos habla del drama que supone la desaparición del espacio republicano (por favor, entiendan “republicano” en el alto concepto de la idea política, no la bastarda y pueril lectura que de lo “republicano” hace la izquierda oficial española). Las tradiciones políticas de Le Pen y Mélenchon son opuestas y responden a preocupaciones diferentes y ciertamente ambos proyectos no son idénticos: no es justo ignorar las diferencias que los separan. Pero sí es necesario recordar, y hacerlo con urgencia, que la democracia no puede reducirse a la mera conquista del poder a través de las urnas. Eso es imprescindible, pero no es suficiente: el ideal republicano se sostiene sólo cuando el que gobierna acepta límites, cuando el que pierde conserva intactos sus derechos políticos y cuando el adversario sigue siendo legítimo y no degenera en enemigo, incluso cuando sus ideas nos resultan absolutamente ajenas y repelen lo más profundo de nuestro sentido moral. Y para el ideal republicano tan peligroso es el populismo nacionalista de Le Pen como el populismo socialista de Mélenchon: a los dos, los límites éticos del republicanismo se le quedan estrechos y a los dos les sobra la mitad de la nación. Pero ni la invocación de la nación ni la apelación al pueblo pueden justificar cualquier política, cualquier redención, porque ninguna causa —por muy noble que se proclame— puede situarse por encima de las normas que protegen y amparan la libertad de todos.
En Francia la democracia está en riesgo, porque el peligro aparece cuando las fuerzas políticas entienden las elecciones no como un elemento del sistema sino como un enfrentamiento mesiánico, y cuando cada una de ellas se considera depositaria de la voluntad auténtica o de la nación o del pueblo. Entonces, convierte al adversario en una amenaza existencial que debe ser apartada de la vida pública. Si cada elección es una batalla decisiva, cada derrota va a alimentar la sospecha de que las reglas son ilegítimas —porque dan amparo y oportunidades al enemigo— y cada victoria parece que autoriza una transformación sin límites. Y las instituciones terminan convertidas en el escenario para la confrontación, quedando desbordadas y, por tanto, deslegitimadas y prostituidas. En ese momento, la República (la res-publica, el Estado democrático y de Derecho) puede conservar su bandera, sus ceremonias y sus normas, pero se ha vaciado inevitablemente del fundamento último que le da sentido: la voluntad de la comunidad política de (con) vivir juntos.
Y el gran drama de Francia (como el gran drama de España, no se crean que aquí el mal es menor) es que entre Mélenchon y Le Pen no hay un espacio común lo suficientemente sólido para preservar los valores republicanos. Y ese espacio no es tanto el de un partido como el de un terreno de reglas compartidas, de respeto a los derechos (también a los imprescindibles derechos sociales, cuya destrucción sistemática desde los años 80 está en el origen de todos los males que padecemos), de la independencia institucional y de la convicción de que todos los ciudadanos (CIUDADANOS) continúan siendo compatriotas incluso cuando votan opciones radicalmente distintas.
Pero la Europa de hoy está recorrida por un ejército de fantasmas: el fantasma del odio, el fantasma de la sospecha, el fantasma del populismo, el fantasma del nacionalismo. Son viejos fantasmas que ya estuvieron presentes en nuestra historia. Sabemos lo que anuncian, conocemos lo que traen bajo los andrajos que los visten. El horror que se avecina de su mano ha sido iluminado por el Ayuntamiento de Limoges, símbolo de todo cuando aborrecen las enfermas sociedades occidentales del siglo XXI.
El Ayuntamiento de Limoges fue construido en tiempos de la III República y tenía la solidez arquitectónica de un lugar concebido para expresar la serena dignidad de la institución, de una institución que personaliza los valores republicanos y que ocupa el espacio público para proclamar la independencia de los ciudadanos, que ya no están sometidos a una dinastía ni a la Iglesia. Los bellos edificios republicanos de Francia tienen la virtud artística y política de expresar el sentimiento cívico de una comunidad política orgullosa de su libertad, de su igualdad y de su fraternidad, y de su compromiso para dar forma y vida a la ciudad con sus trabajos, sus impuestos, sus discrepancias y sus esperanzas. El Ayuntamiento de Limoges —con la proporción de sus formas, con sus esculturas simbólicas, con su reloj y su campana marcando la vida colectiva, con sus amplios ventanales, con sus sólidos salones burgueses—representaba una idea del mundo, una forma de entender la convivencia que había sobrevivido a quienes lo construyeron y al invasor nazi, y que había sido asumida con normalidad y orgullo íntimo por quienes pasaron por sus puertas sin reparar, quizás, en que ellos también formaban parte de una historia de libertad y amejoramiento del mundo que no comenzó con su nacimiento y no terminará con su muerte. El Ayuntamiento de Limoges hablaba de un mundo que aspiraba a ser gobernado desde la razón, la paz civil y la confianza mutua.
Su poder no era una amenaza: no era una fortaleza señorial, no era una catedral desde cuyos púlpitos se condena al infierno. Su solidez hablaba de otra cosa, su discurso era el de un poder civil que descansa en la convicción de que la comunidad necesita reglas estables, instituciones reconocibles y lugares donde los asuntos de todos pueden tratarse con la seriedad y el rigor que merecen, sin la apelación al milagro o al drama. Porque la República, en su sentido más exigente, es una manera de concebir el espacio compartido y por eso los ayuntamientos republicanos se concibieron para proclamar que los asuntos civiles tiene la misma dignidad, si no superior, que las ceremonias de la corte o los ritos religiosos. El Ayuntamiento de Limoges expresaba un ideal de ciudadana, una convicción política, un credo republicano. Por eso resulta tan dolorosa la imagen de su destrucción: porque puede que nos esté diciendo que no sólo ha ardido un edificio decimonónico, sino que tal vez estamos asistiendo a la desaparición de una cultura política basada en la trilogía revolucionaria, una cultura política en la que los ciudadanos han dejado de creer. El incendio de Limoges es una metáfora del derribo de nuestro mundo: desaparecen los valores republicanos, los valores de la democracia, no porque hayan desaparecido las leyes ni se hayan derrumbado las instituciones, sino porque nos hemos olvidado de que la libertad necesita normas, los derechos exigen deberes, la soberanía popular requiere límites y ninguna causa puede situarse por encima de los principios que hacen posible la convivencia. No hay República ni puede haber democracia cuando ha desaparecido la convicción de que nadie puede apropiarse ni de la nación ni del pueblo, de que el adversario conserva sus derechos y de que la ley debe protegernos especialmente cuando nuestras pasiones nos empujan a negárselos a los demás. Cuando se apagan las luces de la casa común —o, más trágicamente, cuando la casa común perece en el incendio del odio— no queda una República enfrentada a sus enemigos sino una sociedad dispuesta a pelear consigo misma. Entre los dos extremos hay espacio solamente para el conflicto civil.
El Ayuntamiento de Limoges podrá reconstruirse, y quizá algún día sus ventanales vuelvan a reflejar la luz de la plaza, las agujas del reloj retomen su movimiento y la campana recuperen su voz cívica sobre los tejados. Pero la salvación de la República y la reconstrucción de la democracia —en Francia, y en España— exige una tarea menos visible y mucho más difícil, porque depende de la voluntad de los ciudadanos de defender unas normas incluso cuando favorecen al adversario, de la capacidad de los partidos para aceptar que no son propietarios del país y de la disposición de las instituciones a permanecer al servicio de todos.
Los incendios iluminan tiempos oscuros: ojalá no hubiésemos matado a Dios, para que pudiera apiadarse de nosotros.