UGT apela a Junta y Gobierno central por el caso del calendario franquista

UGT Servicios Públicos Jaén ha registrado tres escritos, uno destinado a la Secretaría de Estado de la Memoria Histórica del Gobierno central, otro a la Junta de Andalucía y el tercero al Ayuntamiento de Puente de Génave.

En los documentos, a los que ha tenido acceso EXTRA JAÉN, UGT Servicios Públicos en Jaén recoge “su más profunda preocupación y rechazo ante los hechos conocidos sobre el alcalde de Puente de Génave, quien ha difundido públicamente un calendario con simbología y referencias franquistas”.

“Como organización sindical con una trayectoria histórica de defensa de la democracia, la libertad y los derechos de las personas trabajadoras en el ámbito de la Administración Local en toda la provincia de Jaén, consideramos que la actitud del citado alcalde resulta incompatible con los valores constitucionales que todo cargo público jura o promete al asumir sus funciones”, añaden en la denuncia.

En este sentido, recuerdan “el juramento o promesa de lealtad a la Constitución Española implica el respeto y promoción de los principios de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político (art. 1 CE). En consecuencia, la exaltación o apología de la dictadura franquista, incluso de manera simbólica o cultural, viola los principios democráticos que sustentan nuestro ordenamiento jurídico y las instituciones públicas”.

Asimismo, apelan a que dicha conducta contraviene la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, “que prohíbe expresamente la exaltación del franquismo y de sus protagonistas en el espacio público, al constituir una forma de humillación a las víctimas de la dictadura y de apología de un régimen totalitario”.

“Desde UGT Servicios Públicos Jaén denunciamos que este tipo de comportamientos generan un espacio público irrespirable e incompatible con la convivencia democrática, ofendiendo a quienes, como nuestra organización, han luchado y siguen luchando por la libertad, la justicia social y la defensa de la democracia”.

Por todo ello Reclaman “una reacción institucional inmediata que garantice el cumplimiento de la legalidad y el respeto a los valores constitucionales por parte de quienes ostentan cargos públicos, ya sea desde un espacio privado o público”.