Hay una paradoja: servicios públicos y derechos que la propia derecha contribuyó a construir son hoy objetivos de sus ataques. La sanidad, la educación públicas, los derechos de las mujeres, las pensiones y hasta la vivienda. ¿Cuándo defender todo eso pasó a ser patrimonio exclusivo de la izquierda? ¿Cuándo se convirtió su defensa en extremismo?
En Galicia, Castilla y León o Murcia, gobiernos del PP participaron en la construcción de la estructura sanitaria autonómica que hoy la derecha neoliberal, ellos mismos, acosa y deteriora, debilitando la sanidad pública y empujando a ciudadanos a contratar seguros privados para recibir a tiempo la atención que el sistema público no garantiza. Lo mismo ocurre con la educación pública. Cuando la ciudadanía protesta por las listas de espera o la falta de profesionales, se la acusa de radicalismo. ¡Qué curioso! Reclamar que nuestros impuestos garanticen derechos es extremismo, pero abrir espacios al negocio privado se presenta como libertad.
Con los derechos de las mujeres sucede algo parecido. Conquistas logradas tras décadas de lucha vuelven a ser cuestionadas por una derecha complaciente con discursos reaccionarios. La igualdad y la lucha contra la violencia machista no son imposiciones ideológicas, sino obligaciones democráticas.
La vivienda ofrece otro ejemplo. En Madrid, el Ayuntamiento de Ana Botella vendió en 2013 un total de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre. Pisos destinados al alquiler social dejaron de formar parte del patrimonio municipal. Todo apunta a que lo importante no era garantizar el derecho a una vivienda digna, sino hacer negocio primero con la construcción y después con la venta. Viviendas levantadas con recursos de todos acabaron en manos privadas mientras familias buscaban un alquiler que pudieran pagar. Cuando el negocio se impone al derecho, la política de vivienda pierde su razón de ser.
En las pensiones, la continuidad es evidente. Llevamos décadas oyendo pronósticos sobre el colapso del sistema público y recomendaciones para confiar el futuro a planes privados gestionados por la banca. El mensaje es siempre el mismo: no habrá pensiones suficientes, sálvese quien pueda y ponga sus ahorros en manos de las entidades financieras. Mientras tanto, durante la crisis se movilizaron decenas de miles de millones de euros públicos para rescatar a la banca, mientras millones de familias soportaban las consecuencias. Las prioridades quedaron claras.
El PP siempre ha mantenido una orientación neoliberal en lo económico y conservadora en lo moral. Ahora pretende presentar como extremismo la defensa de lo común y normalizar el retroceso de derechos.
Defender la sanidad, la educación, las pensiones, la vivienda pública y la igualdad no es extremismo. Es defender una sociedad en la que los derechos no dependan de la cuenta corriente. Porque cuando un derecho se convierte en mercancía, siempre hay alguien que hace negocio y mucha gente que pierde protección.
Salud.