Hay tragedias que no se pueden evitar. Y hay otras que, sin ser inevitables, se repiten con una regularidad que quizás debería avergonzarnos como país. El accidente ferroviario de Adamuz no es solo un suceso dramático más en la crónica nacional; es un nuevo espejo en el que España vuelve a mirarse y a no gustarse demasiado.
Lo primero —y lo más importante— es el respeto. Respeto a las víctimas, a sus familias, a quienes han perdido la vida o la han visto truncada en segundos. No hay análisis político ni debate público que pueda ni deba pasar por encima de eso. Y junto a ese respeto, un reconocimiento sincero a quienes, una vez más, estuvieron a la altura cuando todo fallaba: sanitarios, bomberos, Guardia Civil y Policía, personal ferroviario, voluntarios y ciudadanos anónimos que no preguntan de quién es la competencia antes de ayudar. Ellos sí cumplen siempre.
Dicho esto, lo que viene después no es “politizar la tragedia”. Es exactamente lo contrario: negarse a banalizarla.
Porque Adamuz no es un rayo en cielo despejado. Como antes lo fueron Angrois, el metro de Valencia, el Prestige, el Yak-42, las grandes inundaciones o la DANA y la gestión de emergencias durante la pandemia, vuelve a aparecer un patrón incómodo y persistente, en el que nos encontramos representantes de PSOE y PP, PP y PSOE, y quienes hayan gobernado con ellos puntualmente, cumpliendo el mismo papel y actuando de la misma manera, como siempre, dando la misma vergüenza. Da igual quien sea. Cambian los gobiernos, los colores políticos y los discursos, pero el fondo se repite con una precisión casi mecánica.
La primera constante es la falta de prevención. El riesgo casi nunca es desconocido. Se sabe dónde están las infraestructuras envejecidas, qué sistemas necesitan inversión, qué protocolos se han quedado obsoletos. Pero prevenir no luce, no corta cintas y no gana titulares. Se pospone, se parchea o se confía en que “no pase nada”. Hasta que pasa.
La segunda es el caos competencial. Demasiadas administraciones, demasiadas fronteras administrativas y una tentación permanente de esconderse detrás de ellas cuando algo va mal. Local, autonómico, estatal. Todos tienen algo que decir cuando toca anunciar inversiones, y todos miran hacia otro lado cuando toca asumir responsabilidades. La descoordinación no es un accidente: es una consecuencia directa de un sistema que penaliza al que decide y protege al que se diluye.
La tercera es la reacción tardía. Alertas que llegan mal o llegan tarde, decisiones que se retrasan por miedo al coste político, mensajes tranquilizadores cuando lo que hacía falta era actuar con contundencia. En la gestión del riesgo, el tiempo es un factor crítico. Y perder tiempo, a veces, cuesta vidas.
Luego llega la fase más conocida: la gestión del relato. Llamamientos a no “sacar rédito político”, apelaciones a la excepcionalidad del suceso, promesas de investigaciones futuras. Todo muy solemne, todo muy previsible. Y casi siempre, una ausencia clamorosa: la responsabilidad política entendida no como delito, sino como deber ético de asumir errores y consecuencias.
Aquí conviene decir algo incómodo pero necesario. La responsabilidad política no exige culpables penales ni sentencias judiciales. Exige reconocer que el deber de cuidado hacia la ciudadanía no se ha cumplido. Que cuando una administración no previene, no invierte, no coordina o no alerta adecuadamente, el daño deja de ser mala suerte para convertirse en un fracaso de la política pública.
Y en el fondo de todo hay una cuestión que rara vez se aborda con honestidad: las prioridades.
España es un país con recursos. No infinitos, pero sí suficientes como para tomar decisiones claras. Cada presupuesto es una declaración de intenciones. Priorizar unas partidas sobre otras no es neutral: tiene consecuencias. Infraestructuras, sanidad, educación, vivienda, mantenimiento, prevención de riesgos… todo eso se nota. No de inmediato, pero sí cuando el sistema se tensa y aparecen las grietas. Resulta muy sencillo anunciar presupuestos más austeros, equilibrios en las cuentas públicas, eficiencia en la gestión y recortes de gastos superfluos. Todos aplaudimos esas promesas, se votan mayoritariamente y se llevan las loas mediáticas cuando se concretan sobre el papel. Pero no podemos obviar que, en muchas ocasiones, conllevan falta de inversión, recortes en personal, peores servicios a la ciudadanía y ausencia de prevención. Detrás de los tijeretazos, se esconden tragedias, individuales en nuestro día a día y colectivas en estas catástrofes. No se eliminan los sobrecostes, las comisiones o los gastos innecesarios; se reduce nuestro bienestar, el de todos nosotros.
Durante años hemos aceptado que invertir menos en lo que no se ve era asumible. Que ya reaccionaríamos cuando hiciera falta. El problema es que reaccionar siempre llega tarde. Y el coste de esa demora no lo pagan quienes deciden, sino ciudadanos concretos, en momentos concretos, de la forma más injusta posible.
Frente a ese panorama, lo único que funciona con regularidad es lo que no depende del cálculo político: la profesionalidad y la humanidad de quienes están sobre el terreno. Personas que cumplen protocolos, que improvisan cuando hace falta, que se juegan la vida para salvar la de otros. Ellos sostienen un sistema que, demasiadas veces, se apoya en su vocación para compensar carencias estructurales.
Quizá ha llegado el momento de dejar de tratar estas tragedias como episodios aislados y empezar a verlas como lo que son: síntomas de un modelo que necesita corregirse. No con grandes palabras, sino con planificación, inversión sostenida, coordinación real y una cultura de responsabilidad que no huya cuando las cosas salen mal.
No para señalar con el dedo. No para ajustar cuentas partidistas. Sino para honrar de verdad a las víctimas y a quienes siempre están cuando más se les necesita. Porque la verdadera falta de respeto no es analizar lo ocurrido. La verdadera falta de respeto es no aprender nada y volver a repetirlo.
Y quizá aquí convenga mirar un poco más allá de nuestras fronteras. En otros países europeos, ante tragedias de esta naturaleza, no se espera a que se pronuncie un juez para que hable la política. Se dice la verdad, incluso cuando es incómoda. Se reconocen errores de gestión, fallos de previsión o decisiones equivocadas. Los responsables comparecen, dan explicaciones completas y asumen consecuencias. Y sí, en muchos casos dimiten.
No como gesto teatral ni como sacrificio simbólico, sino como parte de un principio básico: quien ostenta responsabilidad pública responde por lo que hace y por lo que deja de hacer. Esa asunción no debilita a las instituciones; al contrario, las fortalece. Genera confianza, permite aprender de los errores y, sobre todo, reduce la probabilidad de que vuelvan a repetirse.
Aquí solemos confundir dimitir con admitir culpa penal, cuando en realidad es un acto de responsabilidad política y de ejemplaridad democrática. Dar la cara, explicar qué falló y apartarse para que el sistema se corrija no es una derrota: es una forma madura de gobernar.
Si de verdad queremos honrar a las víctimas y respetar a quienes se juegan la vida en cada emergencia, quizá el primer paso no sea prometer que “esto no volverá a pasar”, sino demostrar que hemos entendido por qué pasó. Y eso empieza por algo tan sencillo —y tan revolucionario en nuestro país— como decir la verdad, asumir errores y actuar en consecuencia.
Porque solo así la tragedia deja de ser inútil. Y solo así la política vuelve a estar, de verdad, al servicio de quienes más la necesitan.