¿Cómo no sentirse desolado al ver como nuestro país ha olvidado las razones y las prácticas que le permitieron comenzar a ser un país normal? Hablo del olvido de algo elemental y, al mismo tiempo, muy difícil de conquistar: la voluntad de convivir, de aceptar que la mitad de España no tiene por qué vencer a la otra mitad para que podamos vivir razonablemente bien.
Los españoles de 1978 quisieron que España se dedicara, simplemente, a resolver sus problemas. Después de siglo y medio de desastres colectivos en los que el odio fue el único hogar de los españoles, nuestros padres apostaron por un país normal, sin líricas ni épicas: un país de prosa gris y laboriosa en el que las instituciones y los servicios públicos funcionaran, en el que los hijos pudieran vivir mejor que sus padres y en el que nadie tuviera que pedir permiso para sentirse parte de la nación. Los años ochenta materializaron esa esperanza colectiva: España se abrió a Europa, modernizó sus infraestructuras, extendió la educación y la sanidad públicas, ensanchó sus libertades y empezó a construir una sociedad en la que el lugar de nacimiento o la cuenta corriente de los padres no debían determinar por completo el destino de los hijos. No era un país perfecto, ni mucho menos, pero había una convicción compartida de que, pese a nuestras diferencias, merecía la pena construir juntos. Con una mezcla de desconcierto y desconsuelo, podemos preguntarnos en qué momento decidimos que todo aquello fue un error histórico y que había que volver a las trincheras.
¿Fue el 11 de marzo de 2004, cuando la tragedia quedó atrapada en el cálculo partidista, mientras unos deseaban que el atentado fuera obra de ETA y otros que lo hubieran cometido los islamistas, cuando la conmoción y el duelo se convirtieron en munición electoral, cuando se volvió aceptable que el dolor de los muertos pudiera administrarse según la conveniencia política? ¿Fue con los cordones sanitarios, con el Pacto del Tinell, con la tentación de expulsar al adversario del espacio de lo legítimo, como si la democracia consistiera en repartirse el país entre quienes tienen derecho a gobernarlo y quienes deben conformarse con contemplarlo desde fuera? ¿Sucedió cuando llegó el 15M con sus razones, sus indignaciones y sus esperanzas, pero también con una cultura política que confundió la protesta con la autorización para humillar, el escrache con la justicia y la fuerza con la razón? ¿Fue cuando se rodeó el domicilio de Soraya Sáenz de Santamaría mientras su bebé estaba dentro? ¿Fue cuando Pablo Iglesias habló de azotar a Mariló Montero hasta hacerla sangrar o cuando llegó a sostener que el enemigo solo entiende el lenguaje de la fuerza? ¿Fue cuando en las universidades se boicoteaba a los contrarios que iban a exponer sus ideas, cuando la discrepancia dejó de ser una condición de la libertad y se convirtió en una sospecha moral, y la moderación —que había sido una virtud cívica— empezó a parecer una forma de cobardía?
La responsabilidad del desastre colectivo no pertenece exclusivamente a una de las orillas, porque el odio también encontró acomodo en la extrema derecha que hizo de la provocación una identidad política. Ahí están los dirigentes de Vox que describieron las relaciones homosexuales como una expresión de vicio y no de amor, ahí está Abascal pidiendo hundir los barcos que rescataban inmigrantes en el Mediterráneo, ahí están los que han convertido a los pobres en culpables universales de nuestros problemas y han despreciado el sufrimiento de las mujeres maltratadas, ahí están quienes rodearon el domicilio del matrimonio Iglesias Montero con sus hijos pequeños dentro.
No hay una violencia verbal buena y otra mala, ni una deshumanización justificable según las siglas de quien la practica: cuando, para apretar las filas propias, se convierte al otro en una amenaza, no se fortalece una comunidad política sino que se la debilita desde dentro. Y Pedro Sánchez llevó esa lógica a una de sus expresiones más inquietantes cuando anunció el levantamiento de un muro que dividía al país en buenos y malos, olvidándose de que también es presidente de quienes no le votan. ¿Creció el odio entonces o cuando hizo de la rectificación de sus promesas una práctica política difícil de justificar? ¿Creció cuando en la gestión de la dana dejó a tantas víctimas con la sensación de haber sido abandonadas en medio de la catástrofe? ¿Creció el odio con el “que se jodan” de una diputada del PP —hija de un reputado delincuente— dirigido a los parados mientras se recortaban sus prestaciones? ¿O cuando Feijoo extiende el manto de la sospecha sobre los trabajadores de baja por enfermedad? ¿O fue con la frivolidad del Consejero de Educación de Ayuso sobre las temperaturas que soportan los niños en las escuelas públicas? ¿O cuando Mazón golfeaba mientras se ahogaban cientos de valencianos? Cada capítulo del serial del odio tiene su contexto y su gravedad particular, pero todos dejan un sedimento común: la impresión de que los políticos han dejado de considerar a los ciudadanos merecedores de respeto.
Los partidos compiten en el agravio y en el insulto mientras la España real continúa esperando. Esperan los usuarios de unas carreteras deterioradas, los viajeros que ya no se fían de los trenes, los pacientes atrapados en listas de espera de años, los niños víctimas de un sistema educativo fracasado, las familias que comprueban cómo los precios crecen más deprisa que sus salarios y los trabajadores que —pese a tener empleo— no consiguen escapar de la pobreza. Esperan los que no pueden encender la calefacción en sus casas y los niños que viven en la pobreza, las mujeres maltratadas y los ancianos abandonados. Hay demasiadas cosas que no funcionan y demasiados motivos legítimos para la rabia y el descontento. Pero en lugar de discutir sobre cómo resolver tantas esperas nos peleamos sobre quién tiene derecho a denunciarlas y a quién beneficia su denuncia. Por eso resulta tan desolador que, ante el 29N, el debate carezca de propuestas y se haya reducido a una colección infame de sospechas, descalificaciones y advertencias apocalípticas.
El accidente ferroviario de Urda ha ofrecido una nueva ocasión —la enésima ocasión— para el espectáculo más indecente: con los muertos todavía sin identificar, Rojito Rojitez y Fachita Fachitez (expresiones certeras que alguien acuñó en Twitter) se han arrojado los cadáveres a la cara, unos para salvar a Sánchez y otros para hundirlo, pero los papeles serían los contrarios si el gobierno hubiera sido del PP y no del PSOE: no hay valores, solo miseria moral. Porque ni siquiera la muerte consigue imponer un instante de silencio y de respeto, a ese nivel de degradación colectiva hemos llegado: la tragedia se incorpora inmediatamente al argumentario, los fallecidos se convierten en armas y el duelo queda subordinado a la estrategia. Lo único verdaderamente importante es que no gobierne el otro, haga lo que haga, aunque entretanto se desmorone todo aquello que debería justificar la existencia misma de la política. Y es aquí donde la preocupación se convierte en algo más hondo que el temor a una determinada victoria electoral. Porque al peor gobierno de la democracia —según la convicción de sus adversarios— puede sucederle mañana el nuevo peor gobierno de la democracia —según la convicción de quienes entonces ocupen la oposición— y así sucesivamente, en una interminable ceremonia de sustitución de incompetencias, agravios y promesas incumplidas. Si cada relevo consiste en declarar ilegítimo al anterior, si cada derrota se interpreta como una catástrofe nacional y cada victoria como una autorización para arrasar con lo construido por el otro, será tarde cuando descubramos que conservamos las urnas, pero hemos arrasado la cultura democrática que les dan sentido.
Es urgente rellenar el foso, colmatar el abismo abierto por la extrema izquierda y por la extrema derecha. Urge apartar de la vida pública a quienes han hecho de la polarización una profesión y de la negación de cualquier punto de encuentro una estrategia de supervivencia. Urge que los partidos —los partidos responsables, si es que alguno lo es a estas alturas— comprendan que no están obligados a quererse, ni a renunciar a sus diferencias, ni a ocultar sus errores, pero sí a reconocer que existe algo anterior y superior a sus intereses electorales: la comunidad de ciudadanos a la que todos deben servir. Y urge un gran pacto nacional: no para fingir que los problemas han desaparecido, sino para abordarlos sin convertir cada solución en una derrota del adversario; un pacto que recupere el espíritu de 1978, aquella voluntad de construir un país normal, gris, monótono, rutinario, con sus miserias cotidianas, sus conflictos y sus desacuerdos, pero también con la decisión firme de buscar el bien común.
No hay nada de eso en el horizonte —tan oscuro— y sería ingenuo ocultarlo bajo una última apelación al optimismo. Pero tampoco podemos aceptar que la desesperanza se convierta en otra forma de rendición, porque los países no se pudren de repente: se deterioran cuando sus ciudadanos empiezan a considerar inevitable lo que todavía es evitable, cuando se acostumbran a la mentira, cuando toleran el desprecio y cuando dejan de exigir a sus representantes que estén a la altura de la responsabilidad que han recibido. El momento es preocupante y sólo los ciudadanos que renunciemos al odio podremos salvar a nuestros hijos de que repitan lo peor de nuestra historia.