Rebajan penas a acusados de explotar a trabajadores agrícolas

Las 12 personas acusadas en Jaén de formar parte o de beneficiarse de una organización delictiva dedicada a la captación de personas en el Este de Europa para su explotación laboral en trabajos agrícolas han reconocido los hechos, se han declarado culpables y se han conformado con las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, y que suponían una considerable rebaja sobre las que se habían pedido inicialmente.

El reconocimiento por parte de Fiscalía de dilaciones indebidas en la tramitación de esta causa, ha llevado al Ministerio Público a rebajar en dos grados las penas inicialmente solicitadas y que iban desde los tres a los diez años de prisión.

Con la rebaja aplicada, los 12 acusados, entre ellos seis empresarios agrícolas, se han conformado con penas que van desde los dos años de cárcel para el cabecilla, al año y medio de prisión para cinco integrantes de la red; y seis meses de cárcel para los seis acusados que se beneficiaron del trabajo de los personas explotadas.

Uno por uno los 12 acusados han comparecido ante el tribunal que les ha juzgado este martes en la Audiencia de Jaén para declararse culpables y mostrar su conformidad con la condena.

Además, de las penas de prisión, todos los acusados deberán hacer frente al pago de una multa de 900 euros y en concepto de responsabilidad civil, indemnizarán conjuntamente a los 21 trabajadores explotados con 1.000 euros para cada uno de ellos.

En el caso del cabecilla de la red y de los otros cinco integrantes juzgados se le condena por favorecer la inmigración ilegal y por un delito contra los derechos de los trabajadores, mientras que a los seis empresarios agrícolas solo se les condena por un delito contra los derechos de los trabajadores.

El fiscal encargado del caso, Cristóbal Fábrega, ha indicado en declaraciones a los periodistas, que se ha bajado "notablemente" las peticiones iniciales, "dado el tiempo transcurrido desde los hechos y la paralización que ha habido a lo largo de todo este proceso, que no había manera de celebrarlo" y "al final o se celebraba de esta forma o no se celebraba".

Fábrega ha puesto el acento en que "la justicia que es lenta, no es justicia" y si el procedimiento se hubiera desarrollado en el momento, no hubiera salido "barato" la explotación laboral de las víctimas de este proceso. No obstante, ha señalado que, pese a la rebaja de penas, se ha logrado que los doce procesados reconozcan los hechos y hayan salido con una condena.

El escrito del Ministerio Fiscal recogido por Europa Press indica que los ya condenados junto con otros que no han podido ser localizados, se pusieron de acuerdo para constituir una organización ilegal con el fin de ofrecer trabajadores de nacionalidad moldava a empresarios agrícolas y lo hicieron "desconociendo sus derechos laborales, sin autorización para trabajar a pesar de ser extracomunitarios y sin darles de alta en la Seguridad Social".

La finalidad última era la de "aprovecharse económicamente de tales trabajos agrícolas" y para ello se quedaban "con una parte importante de lo pagado por los empleadores que contrataban a estos trabajadores". De esta forma, obtenían fraudulentamente una parte del beneficio que conllevaba el trabajo de estas personas, que tenían "unas condiciones salariales precarias" y que percibían "una remuneración bastante inferior a la estipulada por convenio colectivo del sector".

Fiscalía hace constar que las condiciones de transporte a los tajos "eran pésimas, tratando a estas personas como animales a pesar de cobrarles cinco euros por traslado; y facilitándoles unas condiciones de alojamiento indignas", llegando en algunos casos a dormir en el suelo o en un pasillo.

Ahonda más el Ministerio Público al señalar que les retenían los documentos y los salarios, les racionaban la comida, y les instaban, llegado el caso, a dar una identidad falsa a autoridades o agentes de españoles, "amenazando con no darles trabajo o alojamiento y provocando una situación similar a la esclavitud".

Entre los procesados hay empresarios agrícolas que permitieron que los trabajadores extranjeros "explotados" realizaran actividades laborales en fincas de olivar de su propiedad o de terceros, "siendo ellos en todo caso, quienes se lucraban del trabajo sin contrato y sin estar de alta en la seguridad social de tales trabajadores, y con salario inferior al estipulado en el convenio del campo".

LA TRAMA

La causa juzgada en la Audiencia de Jaén es una de las patas de la denominada Operación Urofort, iniciada en septiembre de 2019 en Fuerte del Rey (Jaén) y que se saldó con 16 personas detenidas en diversas provincias. Entonces la Guardia Civil detectó a 145 víctimas y barajaba que hasta 600 podrían haber pasado por esta red, que conseguía unos beneficios de "en torno a un millón de euros al mes" al mantenerlas en situación de "semiesclavitud", tal y como se indicó en su día por la Guardia Civil.

Vivían en condiciones "inhumanas" y con jornadas de trabajo "durísimas" y "sin descanso" por las que apenas cobraban de media "entre 150 y 200 euros mensuales", a pesar de que la mayoría de las empresarios españoles sí que pagaban lo legalmente establecido a la organización criminal, que actuaba como intermediaria para proporcionarle esta mano de obra.

La red utilizaba la fórmula del engaño, de forma que familias enteras visualizaran un futuro con importantes beneficios económicos en España. Todo con el único objetivo de proceder a la explotación laboral de las mismas en las campañas de recolección de diferentes cultivos agrarios, como de aceituna, fresa, uva, etcétera.

Posteriormente, las víctimas eran trasladadas en diferentes medios de transporte a distintas zonas de explotación laboral, donde eran obligadas a realizar estas actividades en condiciones de precariedad, residiendo en lugares en los que las víctimas se encontraban totalmente hacinadas y sin que le fueran respetados sus derechos fundamentales.

La operación se saldó con la detención de 16 personas, once de origen rumano, en las provincias de Jaén, Huelva, Córdoba, Badajoz y Albacete, todos ellos presuntos integrantes de la organización criminal. Entre ellas, también se incluyen empresarios españoles que actuaban en connivencia con esta organización.

La organización desarticulada, además de utilizar el método del engaño, también utilizaba el sistema de realizar ofertas de trabajo en Internet, por medio de las cuales captaba a sus víctimas y las engañaban con falsas promesas de empleo en adecuadas condiciones de trabajo.

El ámbito geográfico de actuación, en el que operaba el grupo investigado, abarcaba a distintas provincias españolas y a Portugal, dependiendo de los distintos tipos de cultivo de temporada.

De esta manera, la investigación se centró en las provincias de Jaén, Córdoba, Badajoz y Huelva, aunque derivaron otras vinculaciones a nivel nacional e internacional, por lo que se contó con la colaboración en la investigación de miembros de Europol especializados en este tipo de ilícitos penales. A las víctimas de nacionalidad moldava les retiraban su documentación original y les proporcionaban pasaportes y documentación de ciudadanos de Rumanía, con el fin de simular una situación de estancia regular en el país.