CSIF denuncia maltrato laboral al profesorado y falta de respaldo

La responsable del Sector de Educación de CSIF Jaén, Julia Carcelén, ha presentado este lunes el balance del ámbito educativo de 2025 en la provincia, una radiografía que, según el sindicato, revela una situación de “maltrato laboral” al profesorado derivada de la conflictividad en las aulas, la pérdida de autoridad docente y la falta de apoyo institucional. La comparecencia, celebrada en la sede de Formación de CSIF Jaén, se ha desarrollado de forma simultánea en las ocho provincias andaluzas.

Carcelén ha subrayado que CSIF, como primera fuerza sindical en Jaén y Andalucía, tiene la “doble responsabilidad” de trasladar datos reales y objetivos, reconociendo avances, pero también denunciando carencias estructurales que siguen lastrando a la enseñanza pública. “No se trata de criticar por criticar, sino de decir dónde se ha mejorado y dónde queda mucho por hacer”, ha señalado.

Entre los aspectos positivos, la dirigente sindical ha destacado la firma de dos acuerdos recientes: uno estatal, que pone fin a la congelación salarial de los empleados públicos y contempla una subida del 11,4% hasta 2028, y otro autonómico con la Consejería de Educación, que proyecta mejoras en ratios, plantillas y organización de los centros. En el caso de Andalucía, más de 108.000 docentes —unos 9.000 en la provincia de Jaén— comenzarán a recuperar parte del poder adquisitivo perdido, que alcanza el 20% desde 2010.

Sin embargo, el grueso de la comparecencia se ha centrado en lo que CSIF califica como “la cara oscura” del sistema educativo. Los datos de una encuesta reciente entre el profesorado jiennense reflejan un clima de conflictividad generalizado: el 44% afirma enfrentarse a problemas de convivencia a diario, el 49% vive episodios conflictivos de forma ocasional y un 15% imparte clase en un contexto de conflicto continuo. En cifras absolutas, casi 6.000 docentes de la provincia trabajan, según el sindicato, en malas condiciones que dificultan su labor educativa.

A esta situación se suma la sensación de desamparo. El 35,5% del profesorado asegura no sentirse respaldado por la administración cuando surgen conflictos, mientras que el 83,7% considera que la autoridad docente ha empeorado claramente en los últimos años. Más del 60% denuncia faltas de respeto continuadas por parte del alumnado, el 29% ha sufrido agresiones verbales y uno de cada cuatro señala conflictos con las familias. Además, el 84% se siente poco o nada reconocido socialmente.

CSIF ha reclamado medidas “contundentes” para proteger al profesorado y ha criticado la falta de desarrollo normativo que refuerce su autoridad. En este sentido, Carcelén ha recordado que existe desde hace más de un año un borrador de decreto sobre autoridad pública docente que aún no se ha hecho efectivo. “No queremos campañas bonitas, queremos normas vigentes y mensajes claros a la sociedad”, ha insistido.

El sindicato también ha puesto el foco en otros problemas estructurales como las ratios, las plantillas y, especialmente, la burocracia. El 82,3% del profesorado considera que la carga administrativa es alta y desproporcionada, lo que genera estrés, frustración y una prolongación real de la jornada laboral más allá del horario lectivo. “Un docente tiene que enseñar, no rellenar papeles”, ha recalcado Carcelén.

En materia retributiva, CSIF ha exigido la equiparación salarial con otras comunidades autónomas. Según los datos aportados, un profesor de Secundaria con 15 años de experiencia en Andalucía cobra hasta 657 euros menos al mes que uno en Baleares, una brecha que también se repite en el caso de los maestros. El sindicato reclama que los presupuestos andaluces de 2026 incluyan medidas reales de dignificación salarial y una carrera profesional que sigue “vetada” en la comunidad.

La formación profesional ha sido otro de los puntos críticos. CSIF alerta de un crecimiento del 76% de las unidades de FP privada frente al 29% de la pública entre los cursos 2018-19 y 2024-25, así como de un aumento del 66% del alumnado de grado superior en la red privada. Para el sindicato, la falta de oferta pública suficiente y adaptada a la demanda juvenil está empujando a muchos estudiantes a la FP privada, generando desigualdad y exclusión.

Por último, CSIF ha denunciado deficiencias en el sistema de sustituciones SIPRI, la pérdida de convocatorias, problemas de climatización en los centros y el lento desarrollo de los planes de infraestructuras. Como conclusión, el sindicato ha advertido de que, aunque ha habido avances, estos son insuficientes, y ha anunciado que seguirá exigiendo más inversión, menos burocracia, ratios asumibles, sustituciones ágiles y una autoridad docente protegida. “Si hay que salir a la calle, lo haremos”, ha zanjado Carcelén.