"No he sustraído nada, a mí la política me ha costado dinero"

El exalcalde de Linares (Jaén) Juan Fernández ha negado ante el tribunal con jurado que le juzga como presunto autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, que él en su vida política no ha sustraído fondos públicos y ha incidido en que los 1.700 euros mensuales que recibió de 2011 a 2017 como portavoz municipal del PSOE respondían a un acuerdo con el partido como forma de compensar los gastos que tenía al margen de su labor como alcalde.

"No he sustraído nada, a mí la política me costado mucho dinero", ha dicho el exalcade ante las cinco mujeres y cuatro hombres que conforman el jurado encargado de juzgar la causa en la Audiencia de Jaén. Ha señalado que su retribución neta como alcalde era de "unos 2.300, 2.400 euros al mes" y por eso se acordó esa cantidad mensual para completar los gastos que tenía en su labor como representante del PSOE porque los afrontaba "de mi bolsillo".

Ha apuntado a Pilar Parra, entonces concejal del Ayuntamiento de Linares, como la persona que planteó que ejerciera la portavocía para así "compensar" los gastos que tenía, máxime cuando él se bajó su sueldo como alcalde en 2009 por la crisis económica que se vivía en aquel momento.

Fernández, que ha declarado durante una hora y media, ha insistido en que el delito que se le atribuye como presunto autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, es por lo percibido como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Jaén, pero no por su labor al frente del Consistorio donde ejerció como alcalde durante 19 años consecutivos.

El exalcalde de Linares ha insistido en que él se ha sentado en el banquillo por enfrentarse al que era su partido (PSOE) y al que criticó por incumplir los compromisos con la ciudad de Linares. Ha dicho entender que su partido le expedientara por clamar contra la Junta y contra dirigentes destacados del PSOE andaluz y provincial, pero también ha reconocido que no se esperaba una querella como la que le interpuso el PSOE en 2018 y que lo ha llevado al banquillo.

Ha declarado entender que haya testigos que "se han vendido" "por un empleo o por un sueldo", pero ha afirmado que "para eso no hay que machacar a alguien que se ha dejado la piel 32 años para defender a sus vecinos".

Fernández ha dicho que se le ha sometido a un "juicio político", al tiempo que ha defendido su honorabilidad ya que "todo lo que me pagaron fue con su conocimiento, aunque ahora digan lo contrario".

Ha señalado que precisamente fue él como alcalde el que en 2015 planteó un reglamento para que los grupos municipales dieran cuenta de la asignación anual que recibían del Ayuntamiento para su funcionamiento, partida de la que a él su grupo le abonaba los 1.700 euros.

Fernández ha insistido en que él no se llevó "ni un duro" y que lo que cobró era del dinero que el Ayuntamiento aportaba al grupo, de ahí que el Consistorio "ni siquiera esté personado" como acusación.

Durante su declaración, Fernández ha arremetido contra los entonces concejales del Ayuntamiento de Linares, Pilar Parra y Luis Moya, como las personas que "con mentiras" han mantenido que él se había llevado el dinero sin el conocimiento del grupo y del PSOE.

"Hay que ser necios para firmar 70 talones en blanco y decir que yo me he puesto los 1.700 euros", ha afirmado Fernández en alusión directa a Pilar Parra, actualmente vicepresidenta de la Diputación de Jaén.

Pilar Parra

Por su parte, la que fuera concejal socialista en el Ayuntamiento de Linares Pilar Parra ha atribuido a "un exceso de confianza" el haber dejado cheques en blanco firmados en el seno del grupo municipal que luego fueron cobrados por el entonces portavoz socialista y alcalde de Linares, Juan Fernández, y por los que ahora está siendo juzgado por un jurado en la Audiencia de Jaén.

"Nunca pensé que el dinero se estuviera utilizando para otras finalidades que no fueran las convenientes", ha indicado Parra en su declaración como testigo en una causa en la que inicialmente estuvo como investigada hasta que la jueza instructora decretó dejarla fuera.

Ha declarado que aunque tenía firma mancomunada de la cuenta con Juan Fernández, se enteró de lo que estaba ocurriendo a raíz del informe de auditoría que encargó la nueva Ejecutiva Local del PSOE cuando se hizo cargo del partido a finales de 2017.

"Si lo hubiera sabido, no hubiera firmado los cheques", ha dicho Parra, que ha reconocido que dejaba firmados en blanco entre cuatro o cinco cheques al mes para atender las necesidades de funcionamiento del grupo municipal. "Actuábamos de buena fe", ha dicho Parra a la hora de explicar la práctica habitual de la firma de cheques en blanco.

Ha mantenido que Juan Fernández no podía cobrar por ejercer la portavocía del grupo municipal puesto que por ley, la asignación que se recibía del Consistorio era para funcionamiento, pero no para pagar retribuciones.

Ha rechazado que existiera un acuerdo o que fuera ella la que propusiera que Juan Fernández cobrara 1.700 euros al mes al margen de su sueldo como alcalde. Asimismo, ha indicado que era a Juan Fernández como portavoz del grupo al que le correspondía llevar la contabilidad de la cuenta del grupo, algo que ella hizo de 2007 a 2011 cuando fue la portavoz.

También ha señalado que "nadie" en el grupo ha cobrado por ejercer la portavocía y que fue el propio Fernández el que decidió retirársela a ella y ejercerla él mismo aunque los estatutos del PSOE rechazan que fuera compatible con el cargo de alcalde.

Por su parte, Daniel Campos, la persona que sustituyó a Juan Fernández en la Secretaría General del PSOE de Linares ha manifestado ante el jurado que se encargó el informe de auditoría después de "hacer un arqueo visual" y darse cuenta de que "faltaba una cantidad de dinero muy importante".

Al igual que Parra, Campos ha sostenido que no existió acuerdo alguno que autorizara a Fernández a percibir del grupo municipal socialista 1.700 euros al margen de su sueldo como alcalde. Ha rechazado haberse sentido "influenciado" a la hora de interponer la querella contra Juan Fernández y ha mantenido que ha actuado "siempre en base a mi ética y mi moral".

Fiscalía

El Ministerio Fiscal pide para Fernández una pena de prisión de cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación absoluta. Fiscalía mantiene que como portavoz del grupo municipal del PSOE y al margen de su sueldo como alcalde, entre junio de 2011 a noviembre de 2017, "abusando de la confianza depositada por el resto de miembros" llego a sustraer "sin que tenga conocimiento ni consentimiento del resto de los concejales socialistas; y para su propio beneficio, una cantidad mensual de 1.700 euros de las cuentas pertenecientes al grupo municipal socialista".

El Ministerio Público apunta que por ley esta dotación económica "no se podía destinar al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación" y añade que Juan Fernández "se apropió de dichas cantidades sin estar legalmente autorizado, ni tampoco autorizado por el grupo municipal socialista, quien desconocía las prácticas del acusado".

Fernández ha admitido que recibió este dinero mensualmente, pero ha negado que lo hiciera sin el consentimiento del PSOE. "Lo decidieron ellos y lo propusieron ellos. Me lo firmaban y me lo pagaban", ha dicho el exalcalde.