7.291 motivos

Los destellos trumpistas que recorren el territorio patrio tienen una expresión genuina e inimitable en Madrid. La capital, que todo lo engulle, baila al son de la batuta de Miguel Ángel Rodríguez, alias ‘MAR’, jefe de gabinete de la presidenta de la comunidad autónoma madrileña. Personaje deplorable donde los haya, porta en sus espaldas una pesada mochila colmada de bulos, amenazas y provocaciones de las que sale indemne. Su estrategia es simple: desinformar, manipular y proteger, por encima de todo, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Este domingo MAR lo volvió a demostrar en X. Engrasó su estupenda maquina de bulos para intimidar a las familias de los 7.291 ancianos que murieron sin ser trasladados a ningún hospital por los criterios discriminatorios plasmados en el “protocolo de la vergüenza”. “Bien: ya tengo comprobado que la primera señora que sale en #lodesimon no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver el resto”. Con este post, el asesor de Ayuso cuestionaba el testimonio de una mujer que aseguró en La Sexta que su madre había muerto en un centro de mayores de Madrid durante la pandemia. Es su forma desviar la atención pública para evitar que se hable de Ayuso y de su gestión durante la pandemia y, a ser posible, que no se hable del escándalo de la pareja de la presidenta, de sus problemas con Hacienda, de su vivienda.... Nada nuevo en su modus operandi. Si ha sido capaz de amenazar al Fiscal General del Estado, cómo no va a cuestionar a las familias de las 7.291 personas, que fallecieron de la peor manera posible, "horrible" y "horrorosa", según llegaron a contar los trabajadores de las residencias. Murieron asfixiados, ahogados, deshidratados, sin sedación y solos, muy solos, sin poder despedirse de su gente, de la manera más indigna. Han pasado ya cinco años y las familias siguen a la espera de que un juez se digne a investigar lo ocurrido en las residencias madrileñas, un capítulo de nuestra historia que debería espantarnos e indignarnos a todos. “Iban a morir”, declaró toda digna la lideresa madrileña. Eso sí, permitió que las personas residentes con seguro privado fueran trasladadas al hospital, mientras que negó la asistencia a los que carecían del mismo. Este episodio perseguirá a la presidenta madrileña por más que su asesor se empeñe en pasar página e intente humillar a las víctimas. Según el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias, presidida por el ex magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, las decisiones que se tomaron fueron "perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo". Conociendo todo lo ocurrido, avergüenza el papel de la Justicia: meses investigando un whatsApp, meses investigando la licencia de un software, pero el derecho a saber de 7.291 familias no hay que investigarlo, ¿verdad? Sabina cantaba que “nos sobran los motivos”. Bien, en Madrid, como mínimo, existen 7.291 motivos para se aplique la ley y se depuren responsabilidades. Más impunidad imposible.