Gaspar Zarrías y Cristóbal Montoro.
Pese al insólito episodio de agosteño mayo, renglón seguido de unas elecciones andaluzas que apenas nos entretuvieron en votos y odios atrasados un par de semanas, el sinvivir patrio sigue igual, instalado en el pestilente agravio. Y tú, más. Jaén importa la bilis madrileña manteando goyescamente a sus peleles. Gaspar Zarrías y Cristóbal Montoro, que tanto montaron, montaron tanto, de Despeñaperros para abajo, reaparecen en pintorescos casos de auxilio al trapicheo en las altas esferas. Las comparaciones son odiosas cuando en la categoría de conseguidor, quiera reconocerse o no, siempre hubo clases. Tras el shock por los hipotéticos manejos de intercesión de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra, los cursillos PPO de fontanería de Ferraz, a lo Pepe Gotera y Otilio, a lo Santos Cerdán y Leire Díez, chapuzas a domicilio, para escudriñar en los resortes del supuesto lawfare contra el psoísmo danzante. Pero, visto desde el terruño bajo el prisma del forofismo partidario, ¿las supuestas imputaciones que atañerían e involucrarían a Zarrías son más o menos graves que las que señalarían e incriminarían a Montoro? En dimensión crematística, la noche y el día. En el plano ético, no obstante, anteponiendo la presunción de inocencia, dos despachos de consultoría dirigidos por ex políticos relevantes se antojan concomitantes en su razón de ser, en su génesis. Es el tiovivo del tráfico de influencias al que se suben, sin salvoconducto moral, asimismo, los ex presidentes Felipe, Aznar, Zapatero y Rajoy, por más que unos puedan hacerlo sin riesgo y otros, no, dependiendo del signo de intereses a los que sirvan. Caso Montoro. Muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando “una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico”. Así, “a cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes”. Caso Leire. Causa abierta por el juez Santiago Pedraz, magistrado instructor de la Audiencia Nacional. Pedraz investiga una “supuesta trama de corrupción urdida para desestabilizar cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno”, es decir, para buscar trapos sucios de jueces, fiscales y policías. El uno, en el vértice o cúspide de la pirámide. El otro, solo en la tramoya, presuntamente, cambiando decorados y realizando efectos especiales. Recuérdese que, en ambas recreaciones parapoliciales, instruidas judicialmente con celo desusado, puestos a buscar conexiones con actores secundarios jiennenses, José Enrique Fernández de Moya, quien fuera secretario de Estado de Hacienda con el paisano Cristóbal, por mucho que sus detractores comprovincianos anhelasen implicarlo, no aparece en el sumario del affaire de ‘Equipo Económico’, mientras Juan Francisco Serrano, en la trama ‘Leire’, sin que el juez le impute ningún delito, sí es mencionado como colaborador. ¿Qué quedará de todo esto dentro de unos meses? La moción de censura de Feijóo no se descarta del todo. Cuestión de valentía y empeño, obligación moral, sostienen los garantes del pa’lante, aunque no se tenga abrochada su viabilidad. Alberto, émulo de Mariano en el cumplimiento estricto de la ley del mínimo esfuerzo, duda. Por su parte, en el entorno de Pedro Sánchez se elucubra sobre el escenario del súper domingo electoral 23 de mayo. ¿Imaginan el componente plebiscitario de una consulta con legislativas, autonómicas y municipales en el mismo bombo/combo?
Conformación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Vox amenaza con retirar su apoyo al PP en el Ayuntamiento de Sevilla al votar en contra de su moción sobre la prioridad nacional. “La prioridad nacional -espetaban los populares hispalenses- es la Constitución española”. ¡Habrase visto! En 2019, el grupo parlamentario de Juanma Moreno Bonilla apenas contaba con 26 escaños, 2 menos del pírrico resultado obtenido este 17M por María Jesús Montero. Una negociación de investidura basada, como en Extremadura, en las rebajas fiscales: bajada progresiva del IRPF autonómico, 1 punto en los 2 primeros tramos en el transcurso de los 4 años de legislatura, mejorando la bonificación de Sucesiones y Donaciones para sobrinos y recuperando bonificaciones del 50% y del 100% en tasas y precios públicos. Segundo frente, el campo: proteger cultivos tradicionales como el olivar frente al avance masivo de las plantas fotovoltaicas, impulso de la actividad cinegética y la idea de compatibilizar la protección del medio natural con el desarrollo económico fomentando los regadíos en espacios como Doñana, digan lo que digan la Comisión Europea, la Unesco y el Ministerio de Transición Ecológica. Políticas sociales coincidentes respecto al incremento del presupuesto sanitario y la mejora del acceso habitacional. Principal punto de fricción, ni que decir tiene, el trato a los migrantes: ni un euro más para acoger a nuevos menas -menores extranjeros no acompañados-, creando una ‘unidad de vigilancia’ para auditar empadronamientos de migrantes, bajo el argumento de que dan acceso indebido a ayudas del sistema. Un paquete estricto de acuerdos programáticos para quedarse fuera del Ejecutivo o, en su defecto, reclamar, siquiera sea simbólicamente, alguna cartera de consejería como la de Agricultura para seguir agitando su recurrente proclama rural del ‘No a Mercosur’. Los primeros contactos, a priori, entre Antonio Sanz y Antonio Repullo, por el PP, y Manuel Gavira y Rodrigo Alonso, por Vox.
Dimes y diretes, por lo demás, acerca de cambios inevitables en los ejecutivos del Ayuntamiento de Jaén y la Diputación. La salida de Nines Díaz hacia Sevilla, flamante diputada autonómica, obliga a sustituirla al frente del área de Asuntos Sociales. Casualmente el número 13 de la candidatura socialista de 2023 es Javier Matías Varea, gerente del Patronato Municipal de Asuntos Sociales. Esto es, sea política o técnicamente, sin necesidad de cambiar de despacho, Matías Varea continuará controlando un departamento dotado de magnetismo estratégico de cara a la reválida electoral. El martes, 9 de junio, entretanto, en el salón de plenos del Palacio de san Francisco se formaliza la renuncia de Paco Reyes y su relevo por el vicepresidente primero, Juan Latorre. Blanco y en botella, leche fresquita. El arjonero se mantendrá en la alcaldía de su pueblo, la dirección del gabinete de Presidencia pasará a ocuparla su fiel escudero Carlos Hinojosa y la plaza de diputado provincial a la que más pronto que tarde renunciará Reyes la ostentará durante el corto espacio de un año, Julio mediante, el alcalde de Noalejo, Antonio Morales. Y aquí paz y, luego, la madre de todas las batallas. Sol abrasador, luna llena, junio de estreno, peleles al viento, llegada del intercesor -otro intercesor que trafica con influencias- de Dios en la Tierra, el Papa entre Nos. ¡Hala Jaén, nipollas!