A raíz de las declaraciones ante el juez del hermano del presidente del gobierno David Sánchez, más conocido como David Azagra, en las que reconoce que no sabe cual es la función de la oficina a la que pertenece, ni donde está ubicada, ni cuales son sus colaboradores, ni cuales han sido sus últimas actuaciones, se me ocurre pensar que, el hecho de que haya personas trabajando en diputaciones provinciales, sin saber a qué se dedican y cobrando sueldos importantes, en este caso cercanos a los 60.000€ anuales, a pesar de no ser ni ético ni estético, está dentro de la legalidad.
Las diputaciones provinciales son, junto al senado, una de esas instituciones públicas que todo partido en la oposición promete disolver o modificar pero que luego, cuando estos partidos llegan al poder, nunca modifican.
El caso de las diputaciones, resulta especialmente significativo, porque quizás sea la institución más desconocida para el ciudadano de a pie. Es un órgano democrático pero su elección es indirecta. Para ser diputado provincial, necesitas ser concejal de algún ayuntamiento y son los partidos los que designan por comarcas quienes se convierten en diputados, por lo
que se puede dar la paradoja de que personas que aspiraban a la alcaldía de su municipio y los ciudadanos le han negado su confianza, pueden verse como diputados provinciales manejando partidas presupuestarias mayores a las que manejarían en sus localidades.
La diputación de Jaén tiene 27 diputados, de los cuales 18 declaran tener dedicación exclusiva cobrando un sueldo medio de 60.000€ al año, dietas aparte. Además de estos cargos electos, la diputación tiene la potestad de contratar a los trabajadores que estime oportunos. Se convierte, por tanto, a menudo, en el destino profesional de muchos de esos políticos, a los que no se sabe muy bien donde acomodar.
Desde la llegada de la democracia a España, Jaén ha ido perdiendo puestos en el ranking económico español año tras año, ocupando actualmente, junto a Huelva las últimas posiciones en Andalucía. Los grandes partidos (PSOE y PP) van alternando la responsabilidad de este hecho a los gobiernos centrales o autonómicos según sean o no de su propia cuerda, pero hay una
institución que desde el principio siempre ha sido controlada por el mismo partido y desde el 2011 con el mismo presidente y a la que nunca se le han exigido responsabilidades, la diputación.
Desde mi punto de vista, en una democracia, los ciudadanos debemos ser exigentes con las instituciones que nos gobiernan y administran nuestro dinero. Entiendo que las diputaciones provinciales son, hoy en día, útiles y necesarias, pero me parece conveniente que se realicen cambios para convertirlas en entidades mucho más limpias y eficientes.
