Probablemente todos tengamos en nuestro entorno a alguien que tiene a su cargo a una persona con alta dependencia, fundamentalmente un anciano. Por eso, resulta extraño saber que, entre las preocupaciones principales de los andaluces, la aplicación de la ley de dependencia no figure en las primeras posiciones.
En Andalucía, casi 340.000 personas reciben algún tipo de prestación por la ley de dependencia, lo que supone un récord absoluto, de ellas, unas 90.000 están clasificadas de Grado III, es decir, altamente dependientes. A pesar de esas cifras, la realidad a la que se enfrentan las familias con personas altamente dependientes dista mucho de ser buena.
La ley de dependencia de 2006 marca un tiempo máximo desde la solicitud hasta la concesión y acceso a las ayudas de 6 meses. Actualmente, la media en Andalucía supera el año y medio, es decir, tres veces más. Durante todo ese tiempo, las familias deben asumir en exclusiva, no solo el coste económico que puede rondar los 50.000 euros anuales, si no que además trunca la vida personal y profesional de los familiares más cercanos.
Esta circunstancia, se acentúa aún más en nuestra provincia. Debido a su ruralidad, son muchos los familiares de personas dependientes que viven en ciudades lejanas por lo que los que suelen asumir la mayoría del sacrificio personal son aquellos que decidieron quedarse aquí. Esta demora en la concesión de las ayudas consigue que cada año, unos 5000 andaluces fallezcan antes de conseguir la prestación solicitada.
A todo esto, hay que añadir el importante déficit que nuestra comunidad arrastra en plazas de residencias de mayores tanto públicas como concertadas. Se estima que en Andalucía faltan unas 36.000 plazas en residencias, lo que hace que los tiempos de espera desde la concesión hasta
