Hay decisiones que se presentan como si fueran meramente técnicas, pero que en realidad son auténticos movimientos de ajedrez político. La cesión del servicio de recaudación del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación Provincial es una de ellas: un paso que se vende como gestión eficiente, pero que suena más a “tú cobras por mí, te pago por ello, yo me quito el problema y todos tan contentos”.
Detrás de los números, los informes y los “beneficios estimados”, lo que se esconde es algo mucho más básico: una pérdida de poder político disfrazada de buena administración.
El relato oficial suena impecable. La Diputación, nos dicen, tiene un servicio de recaudación modélico, moderno, digital y eficaz. El Ayuntamiento, en cambio, va justo de medios y necesita ayuda. ¿Por qué no sumar fuerzas, entonces? Qué bonito suena lo de la “colaboración institucional”.
Pero cuando uno lee los papeles —no los discursos— descubre que esa colaboración consiste en pagarle a la Diputación más de 1,2 millones de euros al año para que cobre los impuestos municipales. Sí, exactamente eso: pagar a otra administración para que te cobre tus propios tributos, para que haga tu trabajo. ¿Por qué? Porque lo hacen “mejor”. ¿Y tú qué haces mientras? Pagar y mirar.
La Tesorería municipal lo resume con una lógica aplastante en un informe que hay que leer por lo que dice, y por lo que deja entrever: “Si el Ayuntamiento invirtiera ese dinero en reforzar su propio servicio, no necesitaría cederlo”. Pero claro, eso implicaría creer que el Ayuntamiento puede valerse por sí mismo. Y parece que ya ni eso.
El argumento estrella es que el servicio municipal funciona mal. Que se recauda poco, que falta personal, que los programas informáticos son obsoletos. En resumen: que no hay otra salida porque no hay dinero ni nunca lo ha habido, por lo visto. Pero sí hay 1,2 millones para pagarle a Diputación.
Porque, a pesar de lo “desastroso” del servicio, la Diputación está deseando quedarse con él, desde hace años. Curioso, ¿no? Si el servicio es tan ruinoso, ¿por qué tanto interés en asumirlo? Quizá porque, como casi todo en política, lo que parece un problema para unos es una oportunidad para otros.
La Diputación cobrará su canon, manejará millones ajenos y, de
paso, tendrá una llave nueva en el tablero del poder provincial. No está mal
para un servicio “deficitario”.
Y todo con el visto bueno del propio Ayuntamiento, que además pagará por el
privilegio.
La memoria justificativa —esa que firman técnicos municipales bajo supervisión política; dos en este caso pero ninguno del área de Recaudación, Tesorería o Intervención— promete un “beneficio neto” de 3,6 millones anuales gracias a la mayor eficacia recaudatoria del SPGR (el servicio provincial). No se especifica cómo se llega a esa cifra, pero el optimismo es contagioso: un 10 % más de ingresos, menos morosidad, más felicidad.
Los informes de Tesorería, Intervención y Estudios Económicos, sin embargo, pinchan el globo con elegancia:
· No hay base verificable para esas estimaciones.
· El convenio aumenta el gasto corriente y pone en riesgo la estabilidad presupuestaria.
· Y el canon no tiene ni partida presupuestaria ni cobertura real.
En otras palabras: el Ayuntamiento promete ganar dinero gastando más y sin saber muy bien por qué. Una ecuación mágica que haría palidecer a cualquier contable.
Pero claro, como los números los ha puesto quien quiere el
acuerdo, no hay problema.
El CES provincial —órgano consultivo y prudente donde los haya— se limita a
decir que todo está “formalmente correcto”. Lo económico, lo político, lo
conveniente... eso ya no es asunto suyo.
A nadie le gusta gestionar problemas, y recaudar es uno de los
menos populares.
Por eso se invoca el mantra de la eficiencia: que otro lo haga, pero mejor.
Y así el Ayuntamiento podrá presumir de liquidez mensual mientras otro decide a
quién, cuándo y cómo se cobra. Es una jugada brillante: renunciar al control y
llamarlo modernización.
Como si uno vendiera el coche para poder ir más lejos.
El problema es que la “eficiencia” no siempre significa eficacia. En este caso significa dependencia: el Ayuntamiento se convierte en cliente de la Diputación, y la política local pasa a estar subordinada a una comisión donde el voto de calidad —detalle no menor— lo tiene el gerente del servicio provincial. Traducido: Jaén podrá opinar, pero quien decide será otro.
Lo cierto es que esta idea no es nueva. Desde hace años, el PSOE provincial ha querido incorporar la recaudación de la capital al sistema de la Diputación. Y ahora que gobierna tanto en la ciudad como en la institución provincial, el momento es perfecto.
El argumento suena noble: colaboración, sinergias, coordinación. Pero la realidad es más cruda: el poder llama al poder. Controlar la recaudación de la capital es controlar el principal flujo de ingresos de toda la provincia.
Y no hace falta ser cínico para imaginar qué ocurriría si la situación fuera la contraria. Si el PP gobernara la Diputación y el PSOE el Ayuntamiento, los discursos se invertirían como un calcetín. El PSOE denunciaría una “injerencia intolerable” y una “entrega de soberanía local”. El PP, por su parte, hablaría de “eficiencia y buena gestión”. Nada nuevo bajo el sol: en política no hay principios, hay posiciones.
Con el convenio, la Diputación gana ingresos fijos, influencia y presencia institucional. El Ayuntamiento gana algo de oxígeno financiero... y pierde casi todo lo demás. Pierde la capacidad de decidir su política fiscal, de inspeccionar, de sancionar, de negociar, de adaptar la gestión a su realidad. Y los ingresos son los que determinan la política del Ayuntamiento; son el timón del barco.
Y los ciudadanos pierden algo más sutil pero esencial: la cercanía
del responsable.
Cuando haya un problema con el IBI o una duda sobre un recibo, ya no podrán
acudir a su Ayuntamiento; tendrán que llamar a un servicio provincial que no
les conoce y que no les debe explicaciones políticas. La administración se
aleja, la rendición de cuentas se diluye y la autonomía local se evapora. Pero
al menos habrá un titular bonito: “Jaén garantiza su liquidez mensual”.
El argumento del corto plazo es el más tentador: “mejor ingresos seguros cada mes que incertidumbre”. Pero en política —como en economía— lo urgente suele ser enemigo de lo importante. El Ayuntamiento resuelve hoy su problema de tesorería a costa de hipotecar su independencia para los próximos ocho años, prorrogables. Una especie de hipoteca institucional disfrazada de convenio.
Porque una vez que se entrega la recaudación, ya no se recupera fácilmente. La estructura técnica, el software, los procesos, todo quedará bajo control provincial. Y revertirlo, cuando cambien las tornas políticas, será casi imposible. La historia enseña que el poder cedido raramente vuelve al mismo sitio.
El CES ha aprobado el dictamen “por unanimidad”. Y ese detalle, que se repite en todas las notas de prensa, parece un aval incuestionable. Pero en realidad es otra ironía: la unanimidad no es siempre señal de consenso, a veces lo es de prudencia política. Nadie quiere enemistarse con la institución que financia buena parte de los organismos donde trabaja.
Por eso, más que unanimidad, lo que hay es silencio educado. Un “sí, pero sin mirar mucho los números”.
Lo más preocupante no es la operación en sí, sino lo que simboliza: un Ayuntamiento que asume que no puede gestionar sus propios ingresos, que prefiere delegar antes que reformar, que elige la dependencia antes que el esfuerzo.
La Tesorería lo decía con claridad: con el dinero del canon se
podría modernizar el servicio propio. Pero claro, eso implicaría confiar en la
capacidad del propio Ayuntamiento.
Y parece que, en Jaén, últimamente, se confía más en la Diputación que en uno
mismo.
Cuando una institución renuncia a su autonomía por comodidad, lo que pierde no son solo competencias: pierde carácter, pierde orgullo, pierde voz. Y eso, para una capital de provincia, es mucho perder.
Quizá dentro de unos años alguien se pregunte cómo empezó todo. Y la respuesta será tan simple como triste: con un convenio. Con la firma de un acuerdo que parecía inofensivo y que acabó convirtiendo al Ayuntamiento en cliente de la Diputación.
El PSOE lo defiende porque controla Diputación; el PP lo critica porque no. Si mañana cambian los papeles, cambiarán también los argumentos. Mientras tanto, los jiennenses seguirán pagando los mismos impuestos, pero con menos voz sobre cómo se gestionan.
Y así, en nombre de la eficiencia, Jaén habrá vendido su timón para mantener el barco a flote. El problema es que, cuando quiera volver a gobernarlo, el barco ya no será suyo.